En el marco de un paro nacional de 24 horas, estudiantes y trabajadores expusieron sus demandas de cara a la última Rendición de Cuentas del actual período de gobierno.
Cuando la movilización llegó a las puertas de la Torre Ejecutiva, la esperaba un cordón policial que separaba a los manifestantes del edificio y dejaba libre media calle para que no se cortara el tránsito. Al comenzar la oratoria seguía llegando gente a la Plaza Independencia, que durante algo más de una hora había recorrido la avenida 18 de Julio desde la explanada de la Universidad de la República con cánticos y pancartas que reclamaban por más presupuesto para la educación pública. La movilización realizó el tradicional desvío por Paraguay y Colonia para pasar por una de las sedes del Ministerio de Economía y Finanzas y por el edificio principal de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
El año pasado habían sido huevazos por avenida del Libertador y ahora lo que cayó desde un edificio de la principal avenida montevideana fue un baldazo de agua que mojó a manifestantes y también a personas que no tenían nada que ver con la marcha. Del otro lado se respondió con pirotecnia de varios estruendos y se siguió adelante.
En las puertas de la sede de Presidencia de la República, la secretaria general del PIT-CNT y de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), Elbia Pereira, apuntó directamente contra dichos del ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira. Días atrás, el ministro afirmó que los trabajadores de la educación son un grupo “privilegiado” por haber recibido incrementos salariales en los últimos años.
Pereira aseguró que después de haber enfrentado dos años de pandemia “no son merecedores” de esa apreciación, sobre todo cuando desde 2020 llevan perdido cerca de 8% de salario real, y el gobierno sólo otorgó incrementos para que recuperen 6%. “Yo me pregunto por qué si la economía crece no hay derrame para trabajadores y trabajadoras. ¿No será que los privilegiados son otros que no somos los que estamos acá?”, cuestionó.
En la misma línea, Sergio Sommaruga, dirigente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de la Educación Privada (Sintep) arrojó datos de la situación económica que vive el país y negó que se esté transitando una crisis económica. Según planteó, en 2021 la economía uruguaya creció 4,5% y el año pasado lo hizo nuevamente 5%. Al respecto, puntualizó a algunos sectores como los beneficiados de esta situación, entre los que nombró a la banca privada, que registró 270 millones de dólares de ganancia el año pasado, según planteó. También se refirió al sector agroexportador, que en 2021 registró 11.000 millones de dólares de ganancia y en 2022 otros 13.500 millones de dólares. “¿Dónde está el derrame?”, se preguntó sobre el impacto de ese crecimiento en la educación y en los salarios de los trabajadores.
Sommaruga planteó que “Uruguay no está en crisis económica”, sino que, por el contrario, en el país hay “una profunda crisis de desigualdad” y “de derechos”. Por lo tanto, en ese contexto económico se preguntó “cómo justificar el recorte” a diversas áreas e instituciones que se dedican a la educación y la investigación, como la Udelar o la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.
Con la transformación no alcanza
La secretaria general de la FUM-TEP también apuntó contra la transformación educativa que impulsa la ANEP y aseguró que para cambiar las oportunidades educativas de niños y jóvenes “no alcanza con eslóganes ni con publicidad satinada o audiovisuales de alta calidad”. “En las últimas semanas nos hemos cansado de enumerar situaciones de todo tipo a la que están expuestas las trabajadoras y trabajadores [de la educación], las familias y los estudiantes. Hemos visto una ola de violencia en algunos barrios, hemos presenciado cómo las instituciones educativas están dejando de ser lugares seguros para pasar a ser lugares de incertidumbre y de inseguridad”, dijo Pereira, con relación a distintos episodios de violencia que se han vivido recientemente. “Nuestro compromiso ético es denunciarlo, porque el cuerpo lo ponemos todos los días en cada uno de esos centros educativos”, planteó al respecto.
La dirigente sindical aseguró que “esa realidad no se soluciona solamente con cámaras o más represión en los barrios”, sino que “la solución pasa por políticas públicas que acompañen las trayectorias de los estudiantes”. “Necesitamos políticas de vivienda sin clientelismo, necesitamos políticas de empleo y de trabajo de calidad, porque, según en el estudio realizado por el Instituto Cuesta Duarte, se registraron unos 549 mil ocupados con ingresos inferiores a 25.000 pesos líquidos por 40 horas semanales de trabajo al mes, casi 100.000 más que en 2019”, reclamó. Respecto de este dato, Sommaruga apuntó que, en 2019, esos 25.000 pesos equivalían a 41 garrafas de supergas de 13 kilos, pero hoy equivalen solo a 26 garrafas.
El dirigente de Sintep también cuestionó la reacción de las autoridades de la educación ante los paros que realizan los sindicatos. “Cada vez que se anuncia un paro, en vez de decir qué hicimos mal, hablemos con los trabajadores, escuchemos su verdad, tratemos de ponernos de acuerdo; no, salen a hablar mal de los trabajadores y trabajadoras. Quieren convencer a la población de que es por culpa de los miles y miles que hoy pararon que niños y niñas no tengan garantizado su derecho a la comida. Esto es un pretexto y es un pretexto vil, porque la preocupación por el hambre no es un día sí y otro no”, planteó.
Al respecto, se refirió a estudios de la Udelar que muestran que en la periferia montevideana la inseguridad alimentaria alcanza a 40% de los niños y adolescentes. “Los sábados y los domingos hay inseguridad alimentaria, el 19 de junio, feriado por el natalicio de Artigas, también hubo inseguridad alimentaria, y no escuchamos a ningún político preocuparse por el hambre de los niños y niñas. Basta de usar a los chiquilines como excusa para estigmatizar a los docentes”, reclamó.
Preocupación por negociación colectiva
El paro de los sindicatos de la educación se realizó el mismo día que se espera que el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP resuelva cuánto dinero pedirá al Poder Ejecutivo en la próxima Rendición de Cuentas, que será la última del actual período de gobierno. Los sindicatos de la educación manejan la información de que el Codicen pedirá cerca de 40 millones de dólares incrementales, pero, al mismo tiempo, están preocupados por el escaso tiempo para negociar su destino.
Mientras el Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta el 30 de junio para enviar el proyecto de Rendición de Cuentas al Parlamento, el viernes de esta semana se reabre la ronda del Consejo de Salarios del sector público. No obstante, Pereira lamentó que “lo hará con una modificación en la ley que tira por tierra convenios y derechos para ser rediscutidos”, lo que consideró “un retroceso en materia de derecho laboral y una contradicción con respecto a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo”.
La sindicalista se mostró dispuesta a dialogar con las autoridades de la educación, pero advirtió que intentar llegar a acuerdos no implica “yo propongo y ustedes aceptan calladitos”, en alusión a la actitud que entienden toma el actual gobierno. Si bien planteó que las reivindicaciones de los sindicatos no pasan exclusivamente por lo salarial, planteó que “sigue habiendo inequidades”, como las que viven los trabajadores de servicios, que en toda la ANEP trabajan más horas que para las que son contratados. Pereira recordó que esta Rendición de Cuentas es la última en la que se podrán recibir montos incrementales hasta que asuma un nuevo gobierno y, por lo tanto, los sindicatos tienen derecho a reclamar por “lo que consideran justo”.
Fuente: NODAL, La Diaria
