Un repaso de lo que fue la movilización más grande de la historia reciente de Mendoza.
El 22 de diciembre del 2019, partía desde el departamento de San Carlos hacía la Capital de Mendoza la histórica marcha en defensa de la ley 7.722, la cual concluyó un día después y obligó al Gobierno provincial a dar marcha atrás con las modificaciones a la norma. La fecha quedó marcada en el calendario sancarlino como el “Día del Parientazo”.
Resumen
La ley 7.722 se aprobó en el año 2007 para prohibir el uso de sustancias tóxicas en los procesos mineros, lo que limitó la actividad en la provincia, en especial la minería metalífera a cielo abierto.
El 10 de diciembre del 2019, el gobernador Rodolfo Suarez envió un proyecto de modificación de la ley, que buscaba darle reforma a cuatro artículos y luz verde al uso de cianuro y otras sustancias aunque mantenía la prohibición del mercurio “en todas sus formas”. A su vez, la propuesta apartaba a la Legislatura del tratamiento y aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los proyectos mineros en la provincia. En su lugar, los proyectos iban a ser supervisados por municipios, el Departamento General de Irrigación, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), y “otros organismos que considere la autoridad de aplicación como necesarios”. Es decir, el proyecto iba a permitir que se desarrollen las explotaciones mineras metalíferas en la provincia.
El principal partido opositor, el Partido Justicialista, acordó aprobar las modificaciones, con la condición que, entre otras cosas, se extremen los controles, y haya compra y contratación local.
Automáticamente, diferentes grupos vecinales y ambientalistas comenzaron a movilizarse a lo largo y ancho de la provincia por el tratamiento de la norma. En el Valle de Uco, gran parte de la comunidad se manifestó en contra de la modificación de la ley 7722: al día de hoy, en la región consideran que el agua es el recurso más valioso, y que debe protegerse a toda costa.
A pesar del notoria la invisibilización que realizaron los medios de comunicación (sobre todo los provinciales) de las movilizaciones y protestas (sobre todo las previas a la votación de Senadores y Diputados). En contraposición, la mayoría de las radios locales no solo informaron de las convocatorias, sino que se sumaron y participaron activamente.
Finalmente el viernes 20 de diciembre, en un tratamiento exprés, la Legislatura (primero Senadores, y luego Diputados) aprobó la modificación de la 7.722 y nació la ley 9.209. Durante las sesiones hubo cortes de ruta en diferentes puntos de la provincia. Cuando se conoció la aprobación por parte de las dos Cámaras, los vecinos endurecieron las protestas y manifestaciones.
Aunque los bloques de los partidos mayoritarios aprobaron la modificación de la ley, hubo referentes políticos (de todos los partidos) que se manifestaron en contra, entre ellos: Jorge Difonso, Mauricio Torres, Gustavo Majstruk, Juani Jofré, Marcelo Romano, entre otros.
En San Carlos, tras la noticia de la modificación, la comunidad que participaba de un corte sobre la ruta 40, a la altura del triangulo de la Virgen, se aposto sobre una orilla de la vía y comenzó a compartir ideas con motivo de dar revancha a la decisión de los legisladores y que se derogará la nueva ley. Fue en ese momento que un militante ambientalista propuso salir caminando desde el departamento con destino a la Capital en forma de protesta. La idea tuvo el visto bueno de todos los presentes y es así como se acordó que la marcha saldría el domingo 22 de diciembre.
La marcha
Ese domingo por la mañana, alrededor de las 8:30 horas, un grupo de vecinos se concentró frente a la Terminal de Ómnibus de Eugenio Bustos, y salió marchando a pie, en bici, a caballo u en otra movilidad hasta la Capital mendocina.
Cerca del mediodía, en el puente del Río Tunuyán, la caravana se convirtió en multitudinaria. Y unos minutos más tarde, colapsó el centro de Tunuyán, en donde a los peregrinantes se sumaron cientos de vecinos que acompañaron caminando. En Zapata, se sumó otro contingente que venía desde Tupungato. Así, y desde ese punto, la caravana siguió en decenas de vehículos.
Ya de noche, y llegando a Luján de Cuyo, unas 30 mil personas se reunieron en la conclusión de la procesión. Un espacio verde ubicado a la vera de la ruta 40 fue el lugar elegido por las asambleas organizadoras para comer y descansar algunas horas.
Al otro día, lunes 23 de diciembre cerca de las 5 de la madrugada, los miles de manifestantes se dispusieron nuevamente sobre la ruta y volvieron a marchar hasta llegar al Nudo Vial de Ciudad, donde esperaba otro centenar de personas. Tras ello, la masiva concentración se trasladó a Casa de Gobierno.
Allí, personas de todos los departamentos, y particularmente del Valle de Uco, exigieron al gobernador Rodolfo Suárez la derogación de la ley 9.209, que habilitaba la megaminería en Mendoza, y se advirtió que en caso de no obtener respuestas, se iba a suspender la Fiesta de la Vendimia y no se pagaría el agua.
Finalmente, pasado el mediodía y sin el resultado esperado por la comunidad, comenzó una serie de disturbios y enfrentamiento con la Policía que provocó la automática desconcentracion de la manifestación. Cabe destacar que previamente, durante la marcha que recorrió 100 kilómetros y tuvo una duración de 24 horas, no se había registrado ningún tipo de incidente, al contrario de ello, las fuerzas de seguridades cuidaron en todo momento la integridad de las personas.
Cuatro días después, el 27 de diciembre, el gobernador se reunió con los intendentes de Mendoza y legisladores provinciales para tratar la derogación de la ley 9209.
