El 31 de diciembre finaliza la prórroga que dispuso el ex presidente Alberto Fernández. Será el Gobierno de Mendoza el que defina cuál es su voluntad política a partir de entonces.
Según informaron, los presos de la provincia de Mendoza no podrán usar más celulares dentro de las cárceles a partir del 1 de enero del siguiente año y será ilegal su tenencia debido a que el 31 de diciembre se termina la prórroga de la emergencia que comenzó en pandemia, cuando los internos no podían tener contacto con sus familiares por el aislamiento.
El gobierno argentino se ha expresado en contra del uso de los dispositivos móviles en los penales pero aún no se ha definido cómo se sacarán.
En total son más de 3.500 celulares los que fueron autorizados a ser utilizados por presos en Mendoza desde marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia. El entonces presidente Alberto Fernández emitió una excepción por la emergencia sanitaria para que los detenidos pudiesen ingresar legalmente teléfonos para estar en contacto con sus familiares.
Era una medida temporal hasta diciembre del 2022, pero en aquel momento Fernández decidió prorrogarlo por un año más, ya que los internos tenían visitas cada 15 días. Este 31 de diciembre de 2023 es el último día, por lo que desde el 1 de enero será ilegal para todos los presos la tenencia y uso de celulares.
Actualmente alrededor del 60% de la población carcelaria de Mendoza tiene celular registrado y permitido. Pero esto también facilitó que haya un comercio negro de tarjetas SIM, las cuales son utilizadas en diferentes teléfonos muchas veces para cometer delitos. Ese es el principal problema que fue planteado por el propio gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, y también fue uno de los ejes de campaña de Luis Petri cuando iba como candidato a vicepresidente con Patricia Bullrich. Ahora es ministro de Defensa de la Nación.
Faltan solo 13 días para que termine la prórroga, y son muchos los que ya se preguntan cómo se aplicará nuevamente la ley que prohíbe el uso de celulares dentro de las cárceles. Hace meses que se habla de la colocación de inhibidores de señal en los penales, pero esta opción no parece tan viable. Tampoco, por el momento, se reinstalaron las líneas de teléfonos fijos, y surge el temor de revueltas, incremento de violencia, sanciones, intensas requisas para sacar los aparatos de circulación, entre otros problemas.
Dura postura sobre el uso de celulares en las cárceles de Mendoza
“Cuando termine esa restricción, el celular debería salir de la cárcel y a partir de ahí se podría trabajar si sigue, si se inhibe o no se inhibe, pero es una excepción que se está haciendo en estos momentos. La ley prohíbe el uso de teléfono“, explicó tiempo atrás el director del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana.
Agregó: “Con escribir o decir que no pueden estar, no alcanza. A la tecnología hay que combatirla con tecnología, no sólo con un deseo o con escribir una ley, que no es dato menor, claro. Pero ese mecanismo es evidente que no alcanza“.
Orellana y el procurador Alejandro Gullé, hicieron una propuesta para colocar inhibidores de señal en los penales de la provincia, pero indicaron que para concretarlo es necesario una ley, un juez que lo autorice y un Servicio Penitenciario que lo haga cumplir. Además dijo que las personas que usen los celulares para cometer delitos deben ser aisladas.
Sostuvo que la tenencia de teléfonos dentro de los penales debe ser controlada como lo hacen en Chile, “allí la ley establece que las mismas compañías de telefonía tienen que inhibir los celulares en las cárceles” y enfatizó en la cantidad de tarjetas SIM que intentan ingresar a las cárceles a diario. Algunas veces las detectan y otras no.
“¿Cómo se hace para inhibir el teléfono de un preso sin afectar al de un trabajador?“, expresó al referirse que allí trabajan médicos, psicólogos, docentes, entre otros.
Hacinamiento y sobrepoblación en las cárceles de Mendoza
Hasta este lunes hay 6.015 personas privadas de su libertad en los diferentes penales de la provincia, de los cuales 1.400 internos duermen en el piso. La ocupación de los penales de Mendoza es del 123%, según explicó el juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento.
Según el magistrado, esto genera en la provincia que existan dos situaciones a la vez: “Sobrepoblación debido a que hay más personas que camas disponibles, y hacinamiento por la falta de espacio que debería haber para cada preso“.
Existen situaciones en las que sobran camas. Un claro ejemplo que dio Sarmiento es lo que ocurre en la Unidad 3 de mujeres la cual cuenta con 188 camas y 119 presas, por lo que allí quedan disponibles 69 camas. En el caso del penal Boulogne Sur Mer hay 1.205 camas, pero 1.549 presos, lo que significa que 344 personas duermen en el piso.
A pesar de haber disponibilidad de plazas, el juez Sarmiento señaló que no son transferibles, es decir que los hombres que duermen en el suelo en Boulogne Sur Mer no pueden ser trasladados y alojados en la cárcel de mujeres.
En el caso de Almafuerte tiene 1.300 plazas, pero 1.703 internos, de los cuales 403 no tienen cama para dormir. Una situación similar tiene en penal de San Rafael, con 287 plazas, pero 427 detenidos, es decir que sobren 140 personas.
Además, este año hubo un aumento de cantidad de personas privadas de la libertad, la cual alcanzó a 471 personas, lo que equivale a la capacidad que esperan habilitar en Almafuerte II durante el 2024.
Sarmiento detalló que este 2023 hubo 30% menos de audiencias de libertad que en el 2022 y 42% menos que en el 2021, y aumentaron las audiencias de prisión preventiva. “Vamos cerrando un año donde se confirma una tendencia sostenida del aumento de las medidas punitivas frente al descenso de decisiones vinculadas a procesos de reintegro social. Esto solo genera un mayor nivel prisionización desmedida“, concluyó el juez de Ejecución penal.
Fuente: Diario Uno
