Juan Manuel Ojeda pidió una excepción de la ley para ese departamento. Tras ello, asambleas ambientalistas de la provincia y algunos legisladores, entre ellos el sancarlino Jorge Difonso, salieron al cruce en defensa de la norma.

Durante los últimos días, la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias químicas en la actividad minera en Mendoza, volvió a entrar en polémica luego de que el intendente Malargüe, Juan Manuel Ojeda, informara que trabaja en un proyecto para que ese departamento quede exceptuado de los alcances de la normativa que rige en la provincia.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado se aprobó la ley 9.202, que modificaba la 7.722, y permitía el uso de cianuro -entre otros compuestos- en la minería. Este hecho generó un gran malestar en la comunidad, traducido en multitudinarias movilizaciones que finalmente obligaron al gobernador Rodolfo Suarez a derogarla.

En aquel momento, Malargüe tuvo algunas contramarchas a favor de las flexibilizaciones en la actividad. Allí, un sector creyó que el aborto a la 9.209 por no contar con licencia social, era un golpe directo a ese municipio que se fundó alrededor de la minería y que cuenta también con la mayor parte de los desarrollos petroleros de la provincia.

Ojeda, en entrevista con el medio nacional Ámbito Financiero, confirmó la estrategia legislativa. “Malargüe es el 30% del territorio de Mendoza, si aprobara la ley se podría hacer minería basado en lo que piden los sectores ambientalsista: licencia social y vocación territorial”, dijo el jefe municipal. Y agregó que el departamento “es propicio para la minería”. Ojeda sostuvo que el proyecto tendrá una firma legislativa pero lo presentará como intendente. Es decir, despega al gobernador del tema. En la iniciativa se definiría una zona del Atuel hacia el sur donde no se podría hacer minería. Y, en plan de seducción, planteará que el 50% de los ingresos de regalías se destinen a obras hídricas en el resto de los departamentos.

La gota que hizo reaccionar a Ojeda está relacionada con no haber recibido coparticipación. El distrito vio caer las regalías por la baja del precio del petróleo y “porque no nos respetaron el precio del barril criollo, especialmente YPF”, dijo. “Fuimos a cobrar y cuando nos descontaron los aportes y contribuciones, en vez de plata a favor debíamos $3,5 millones” añadió.

El intendente agregó que hay 70 proyectos de exploración con buenas posibilidades de concretarse sólo en el 2% del territorio, con foco en minerales de primera cateogria: oro, plata, cobre. “No tenemos otras posibilidades de desarrollo real que no sea con la minería. Tenemos ordenanzas en favor y estamos terminando un plan de ordenamiento territorial. Nosotros los malargüinos debemos definir nuestro camino, siempre en el ámbito de ley nacional.No es una actividad ilegal”, concluyó Ojeda.

Difonso salió al cruce en defensa de la 7.722

Tras conocerse la iniciativa del mandatario malargüino, asambleas ambientalistas de toda la provincia como así también algunos legisladores, entre esos el sancarlino Jorge Difonso, expresaron, una vez más, su defensa a la 7.722.

“En su historia, la ley 7.722 ha tenido que resistir diversos embates, empezando desde su sanción en 2007, hubo un lobby minero fuerte para que no se aprobara; después de que fue aprobada, hubo planteos en la Suprema Corte para que la ley fuera declarada inconstitucional, cuestión que la Corte resolvió en forma unánime dando la plena vigencia y constitucionalidad a la 7.722. Después tuvimos la reforma legislativa que se hizo en diciembre pasado con una mayoría, pero que con la presión de la gente se volvió a instaurar la ley”.
Para Difonso, “ahora el nuevo intento es una especie de desguace de la ley, primero un municipio, después será otro. El factor común es el lobby minero sobre los gobiernos, es el problema que aqueja a una ley que no prohíbe la minería, la controla y regula y por eso es motivo de sucesivos embates”, manifestó Difonso en dialogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.

Para el ex intendente sancarlino y actual diputado provincial, “ahora el nuevo intento es una especie de desguace de la ley, primero un municipio, después será otro. El factor común es el lobby minero sobre los gobiernos, es el problema que aqueja a una ley que no prohíbe la minería, la controla y regula y por eso es motivo de sucesivos embates”. “No quisiera creer que se aprovecha la pandemia para volver a la carga y tratar de eliminar la ley, un proyecto minero requiere 5 o 10 años para entrar en explotación, es decir, que los argumentos de que se necesita la minería para resolver la urgencia desnudan una doble intencionalidad, una estrategia para ir con otra metodología por el mismo objetivo que han intentado durante 12 años, que es eliminar la 7.722”, sostuvo.

Las asambleas ambientalistas, ya están en guardia