Los argumentos dados por el Gobierno se centran en que el sector privado debe generar las inversiones y no el Estado.
El Gobierno de Javier Milei realizó cambios en la Ley Nacional de Turismo que apunta a la fomentación de nuevas inversiones en el sector. A través del decreto 216, el Ejecutivo disolvió una serie de programas y modificaron deberes y facultades de la secretaría a cargo de Daniel Scioli.
Entre los programas disueltos se encuentra el Comité Interministerial de Facilitación Turística, que se encargaba de coordinar las acciones administrativas entre las diferentes entidades públicas relacionadas con el turismo. La respuesta de Casa Rosada fue “que corresponde suprimir las responsabilidades vinculadas al desembolso de recursos para el incentivo al turismo y el Plan de Turismo Social y disolver el Programa Nacional de Inversiones Turísticas”.
El Programa Nacional de Inversiones Turísticas, destinado a financiar proyectos e inversiones de interés turístico en todo el país, también fue eliminado. En este punto, el Ejecutivo precisó que “las características de la actividad turística exigen que el Estado nacional organice los recursos que vincula a su desarrollo con capacidad para atender rápidamente a los cambios del mercado y a los nuevos entornos”.
En ese sentido, el decreto señaló que el mercado debe ser quien genere las condiciones para el desarrollo de las iniciativas e inversiones del sector privado, sin interferencias que alteren las reglas de juego de los actores del sector turístico. Por esto mismo, consideraron necesario “orientar y enfocar la organización pública vinculada a dicha actividad”.
Por otro lado, en el Gobierno plantearon también que es necesario atender con criterio federal las incumbencias locales y regionales en la materia, eliminando cualquier previsión normativa que a través de la asignación de responsabilidades a la autoridad nacional.
A partir de ahora, la Secretaría de Turismo tendrá como nueva facultad la gestión de acuerdos con provincias, municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promover incentivos para la inversión en turismo, y celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, entre otras responsabilidades.
“Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas de fomento, desarrollo, investigación, promoción, difusión, preservación y control en la parte de su competencia, de la actividad turística en todo el territorio de la República Argentina, otorgando beneficios impositivos, tributarios y crediticios similares a los de la actividad industrial”, expresa el decreto.
Fuente: El Sol Diario
