La deforestación registrada en Brasil en 2022, último año de gobierno de Jair Bolsonaro, aumentó 22,3% en comparación con 2021, una devastación de un territorio de 20.576 kilómetros cuadrados, similar a la provincia de Tucumán, según un estudio divulgado este lunes por la plataforma científica MapBiomas, que agrupa a universidades, ONGs y empresas de tecnología.
La actividad agropecuaria es la principal responsable por esta deforestación en 2022, año electoral en el cual el gobierno de extrema derecha de Bolsonaro redujo la fiscalización ambiental en defensa de la ampliación de la frontera agrícola del país, ya que uno de sus sostenes electorales es el agronegocio.
Según la estadística de MapBiomas detectada por satélite, la actividad agropecuaria representó el 96% de la destrucción, sobre la actividad específicamente maderera y la minería.
Las reservas indígenas fueron los lugares donde más se preservó el medio ambiente, ya que ocurrió allí el 1,4% de toda la deforestación de 2022.
MapBiomas indicó que el 91% de toda la tala se registró en las regiones de los biomas Amazonía y Cerrado (la sabana brasileña).
Estos dos biomas ubicados en el centro, oeste y norte del país son el principal escenario del conflicto por la tierra y también por el avance del poder económico ruralista sobre las áreas preservadas y reservas indígenas.
De acuerdo con MapBiomas, en los últimos cuatro años, desde que comenzó a divulgar informes anuales de deforestación, Brasil perdió unos 66.000 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal, lo que sería equivalente a la mitad de la provincia de Santa Fe.
La Amazonía brasileña perdió 21 árboles por segundo durante 2022, año en el que, en junio, fueron asesinados por mafias de la pesca ilegal el indigenista Bruno Pereira y el corresponsal británico Dom Phillips, en el estado de Amazonas.
El bioma Mata Atlántica (bosque atlántico) es el más devastado del país, ya que está ubicado en toda la franja costera. Desde la conquista portuguesa iniciada el 22 de abril de 1500 este bioma perdió el 71% pero, al contrario del resto, se redujo el año pasado.
La disputa entre agronegocio y medioambiente le provocó un revés en la Cámara de Diputados, con mayoría derechista y conservadora, al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ya que el Congreso le redujo el poder a los ministerios de Medio Ambiente y Asuntos Indígenas.
Incluso, la cámara baja aprobó por mayoría -dio media sanción- al proyecto de Marco Temporal, que obliga a los indígenas a no reclamar tierras que no estaban siendo ocupadas antes de 1988, año de la Constitución, y permite además la actividad económica privada en las reservas indígenas.
Lula prometió ampliar las áreas de preservación en el marco de un perfil ambiental de su gobierno, que busca convertir a Brasil en una potencia internacional climática.
Al interior de un gobierno de coalición con la centroderecha, el ala desarrollista sufrió un duro revés después de que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) -alineado con la ministra de Ambiente, Marina Silva- bloqueara un proyecto de la petrolera estatal Petrobras de exploración en aguas profundas en el Océano Atlántico, a 300 kilómetros de la desembocadura del Rio Amazonas, para extraer crudo submarino.
En ese marco, el bloque ruralista en el Congreso acusó de “chiita” a la ministra Silva por “impedir el desarrollo del país”.
Así lo dijo hoy en las redes sociales el diputado Arthur Maia, el relator o miembro informante del proyecto de Marco Temporal que fue elevado al Senado.
El diputado sostuvo que “el orden en el campo de Brasil” se generará a partir del Marco Temporal, un tema que el bloque ruralista desempolvó antes de que legisle sobre el mismo el Supremo Tribunal Federal (STF).
“¿Harán Gretha Thunberg, Mark Ruffalo, Leonardo DiCaprio textos en internet? ¿Dirá algo la ministra de Medio Ambiente? El gobierno tiene solamente 130 diputados ideológicamente alineados con la izquierda. Necesitamos del agronegocio para seguir sosteniendo la balanza comercial; tener un ministro de medio ambiente chiita significa que el IBAMA es un arma enemiga del crecimiento económico”.
En Brasil, la derecha llama despectivamente “chiíta” a los ambientalistas como sinónimo de “extremista”
La situación de fragilidad política del gobierno ante el Congreso es delicada al punto que este diputado, Maia, pertenece a Unión Brasil, el partido de derechas que tiene tres ministerios en el gabinete de Lula pero en el Congreso no le ha garantizado apoyo a los proyecto oficialistas.
Según el documento de MapBiomas, el 79% de las alertas de deforestación emitidas en 2022 son sobre predios rurales registrados en el CAR (Registro de Propiedades Rurales), lo que podría facilitar la fiscalización y actuación ante ilegalidades, como embargo de tierras y limitaciones de crédito.
Pero el 1 de junio el Congreso retiró el CAR de la cartera de Medio Ambiente y asignó el órgano al Ministerio de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos, lo que se consideró un retroceso burocrático en la agenda ambiental del gobierno.
El presidente Lula da Silva prometió que Brasil busca la deforestación cero hasta 2030 y lanzó una convocatoria a los países ricos a financiar la preservación de la selva amazónica, de la cual el 60% está en territorio brasileño.
Lula convocó a Belém, estado de Pará, a una reunión de los países de la organización del tratado amazónico (OTCA) y anticipó que participará en Kinshasha de una cumbre de un grupo que se llamará BIC de los países con más selvas originarias del mundo, como Brasil, Indonesia y Congo.
Los estados brasileños que más deforestaron están en la Amazonía: son Pará, Amazonas y Mato Grosso, este último el mayor productor mundial de soja.
Fuente: NODAL, Agencia Brasil
