La semana próxima se formalizará la convocatoria para sesionar en enero y tratar el pedido de juicio político al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti. En la Casa Rosada negaron que el presidente Alberto Fernández esté estudiando la posibilidad de modificar el Consejo de la Magistratura a través de un DNU.
El Gobierno nacional confirmó que la semana próxima formalizará el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso para que en la segunda quincena de enero comience a tratarse el juicio político al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, por “violar la Constitución Nacional”. Además, negó que el presidente Alberto Fernández esté estudiando la posibilidad de modificar el Consejo de la Magistratura a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
Tal como adelantó Página/12, el objetivo del oficialismo es que “en los tiempos más breves posibles” el tema se trate en la bicameral de juicio político, a fin de que una vez allí se avance en la investigación y que luego se trate en sesión especial. Junto con el pedido de juicio contra el máximo tribunal se agregarán otros temas de índole económica, según se adelantó.
El juicio político a Rosatti
“En 40 años de democracia, no podemos dejar pasar que la Corte Suprema ha avasallado la división de poderes” de la República, puntualizó la vocera presidencia, Gabriela Cerruti, durante una conferencia en la que anunció los plazos que el oficialismo prevé para impulsar este asunto que, según dijo, “se trata de una decisión histórica que tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando”.
Los temas incluidos en el pedido de juicio político son dos: la cautelar que ordena devolver puntos de coparticipación federal al gobierno de la ciudad y la puesta en vigencia de una ley derogada hace 16 años para que Rosatti asuma al frente del Consejo de la Magistratura.
En ambas cuestiones, el máximo tribunal “está rompiendo la división de poderes” porque “intervino sobre el Poder Legislativo” al poner en vigencia una ley derogada y porque, en el caso de la coparticipación, avanzó contra los atributos del Poder Ejecutivo y el Congreso “para tomar una decisión que involucra al reparto de los fondos, sobre la base de lo que establece la Constitución”, argumentó la portavoz.
“Entendemos que el juicio político tiene ser muy claro y certero en mostrar la responsabilidad de quien hoy tiene detenido al Consejo de la Magistratura y puso en vigencia una ley derogada por el Congreso para autoproclamarse presidente” de ese organismo, dijo Cerruti sobre Rosatti.
“Si el presidente Alberto Fernández decidiera que hay una votación vieja en la Cámara de Senadores que nos sirve para poner un miembro de la Corte Suprema sin votación, sería un escándalo, y algo de eso es lo que hizo la Corte Suprema”, dijo en lo que fue un tiro por elevación a la decisión del ex presidente Mauricio Macri, cuando en 2016 impuso por DNU a dos jueces del máximo tribunal.
Los ejes del juicio político contra Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda fueron transmitidos por el jefe de Estado al titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, y la legisladora Carolina Gaillard, cuando les entregó en mano los fundamentos del juicio político.
La idea de que el caso se trate rápidamente también tiene que ver con que el Gobierno pueda seguir gestionando con los demás temas que tienen que ver son la vida cotidiana. Si bien el caso de la Corte involucra “temas de importancia institucional, lo que la gente debe entender que cuando la Justicia no funciona, no funciona para la vida cotidiana”. Y “cuando no funcionan las instituciones, no funciona la totalidad de la instituciones”.
No al DNU para el Consejo de la Magistratura
A través de su vocera, el Gobierno nacional también relativizó la versión que surgió ayer sobre un posible DNU para modificar el Consejo de la Magistratura y así frenar el fallo de la Corte, que retrotrajo en 16 años la situación de ese organismo.
“El Presidente está pensando en el juicio político”, fue la respuesta de Cerruti a una consulta sobre el tema. Es decir que descartó la posibilidad de un decreto especial.
La posibilidad había surgido a través del ministro de Justicia, Martín Soria, que en una entrevista periodística fue consultado sobre esa alternativa. Lo que dijo Soria fue que “existen los mecanismos constitucionales” como el DNU y otras herramientas que la Carta Magna reserva para el Poder Ejecutivo.
