Desde el Gobierno de la Ciudad indicaron que “se trata de un reclamo político”.
Cerca de 21 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires han sido tomadas por alumnos, que reclaman viandas de alimentos dignas y se oponen a las prácticas laborales obligatorias no remuneradas, entre otras cosas.
La ministra de educación porteña, Soledad Acuña, responsabilizó al kirchnerismo y a la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) por “fogonear” a los jóvenes a tomar “medidas violentas”, sin embargo los centros de estudiantes de distintas instituciones decidieron continuar con la toma de sus respectivos colegios.
La decisión, que en algunas instituciones se inició el viernes, tiene como objetivo visibilizar diversos reclamos. Desde los centros de estudiantes comentaron que en primer lugar es necesario que “se comiencen a otorgar viandas dignas para todo nuestro alumnado”, y exigen que se apruebe el proyecto de “Ley Integral del Derecho a la Alimentación Adecuada en las Instituciones Educativas”.
Por otra parte, sostienen la consigna “No a las Acap (Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores)”, que consisten en prácticas laborales obligatorias no remuneradas para los alumnos del último año del colegio secundario.
“Creemos inadmisible que se nos niegue el derecho a la educación al perder horas irrecuperables de clase y que se nos haya puesto en riesgo al no ser acompañados por profesores responsables a las prácticas”, señalaron mediante un comunicado los estudiantes de la escuela “Lengüitas”.
Los alumnos también piden por mejoras en las condiciones edilicias. Desde el centro de estudiantes del Acosta indicaron que “no hay las suficientes aulas ni bancos. Hay un millón de cosas que están rotas, nuestro edificio es bastante viejo y necesita un montón de arreglos y nadie viene a resolverlo. No podemos seguir estudiando en las condiciones que estudiamos; la educación pública en CABA está fracasando”.
En tanto, en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 “Roque Sáenz Peña” y en la escuela Normal 1, estudiantes, docentes y familias realizaron esta mañana un abrazo simbólico a los establecimientos para pedir por seguridad educativa, ante los “reiterados robos”. Solo en el Normal 1, la semana pasada, se llevaron 122 netbooks, más de 80 tablets, computadoras, proyectores, micrófonos, cámaras, mercadería de la cantina, entre otras cosas.
“No nos sentimos seguros nosotros ni los chicos. La inseguridad que nos da que entre cualquiera, que en el horario escolar desaparezcan cosas de la sala de maestros, de las aulas, habiendo menores circulando nos da miedo” puntualizaron desde la institución.
De acuerdo al Ministerio Público de la Defensa (MPD), llegaban a 21 los colegios tomados, mientras que las familias comenzaron a organizarse a través de diferentes organismos y abogados para responder a las advertencias de denuncias penales y contravencionales que les llegan a sus domicilios a través de la Policía de la Ciudad.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
En dialogo con TN, la ministra de Educación porteña Soledad Acuña aseguró que “esto claramente está relacionado con lo que el sindicato UTE y el kirchnerismo viene haciendo. Los alumnos y alumnas están siendo fogoneados a tomar a estas medidas violentas”.Respecto de la situación, la titular de la cartera afirmó que “es inentendible.
No hubo reclamos que se hayan discutido antes. Pasaron de 0 a 100 de una. No hubo pedidos de diálogo o reuniones”.
En cuanto al reclamo por el estado edilicio, la ministra sostuvo que los edificios “tienen obras de mantenimiento permanente. No sabemos en particular a qué se refieren porque no es algo que hubiese sido planteado anteriormente”.
Sobre las viandas, Acuña aseguró que “tampoco conocemos la demanda, porque reciben y recibieron en este nivel todas las viandas que fueron solicitando”.En cuanto a las consecuencias de la toma, la titular advirtió que se notificó a los familiares de los estudiantes para que los retiren y si, en cambio, los padres y madres avalan que los chicos se queden deben firmar la notificación.
Ese documento se envía a la Procuración, al Consejo de los Derechos de los Niños y Niñas y a la fiscalía “ante la posible comisión de un delito”. Según la funcionaria, en 2018, 40 padres y madres fueron procesados por situaciones similares.
Fuente: Crónica
