El Gobierno Nacional liberó el precio de la garrafa y las empresas podrán aumentarla sin límites

La medida es tomada en el marco de las ideología liberal, sosteniendo que el mercado regulará sólo el precio de la misma. Por el momento solo habrán precios de referencia.

El Gobierno nacional, por medio de la Secretaría de Energía, eliminó el tope a los precios de las garrafas de gas. A raíz de esta medida serán las empresas las que libremente definan los precios. Según el censo de 2022, casi el 44% de la población de la Argentina calefacciona sus hogares con este artefacto.

La decisión fue anunciada este lunes en el Boletín Oficial, en donde, siguiendo con su naturaleza liberal, el Gobierno destacó que “la presente medida tiene como objetivo dejar de obstruir el ejercicio de las libertades individuales en el ámbito contractual conforme a los principios de la libertad del estado“.

A partir de ayer lunes, la única intervención que tendrá el Estado será la aplicación de “precios de referencia“, es decir, en ningún momento marcarán un límite máximo para el mercado de garrafas.

Estos “precios de referencia” fueron actualizados por el Gobierno, anticipándose al más que posible desmedido encarecimiento de la garrafa de gas. Según lo publicado, los precios que el Gobierno sugiere a las empresas son:

Garrafa de 10 kilogramos: $8.500
Garrafa de 12 kilogramos: $10.200
Garrafa de 15 kilogramos: $12.750

Aunque el Estado marque estos precios, con la nueva normativa la decisión final dependerá del comerciante. Desde la Secretaria de Energía, dirigida por Eduardo Rodríguez, confían que los precios no se disparan y que el mercado se regulará solo.

La resolución establece que “la desregulación del mercado de precios de GLP, producirá una mayor eficiencia en lo económico y estimulará la inversión, produciendo de esta forma una mejora progresiva en cuanto a una amplia competencia, logrando elevar al mercado de GLP local a estándares internacionales“.

La idea de equiparar los precios locales con los estipulados en el extranjero forma parte de una estrategia del Estado argentino: “Los criterios normativos vinculados al sector deben armonizarse con los objetivos de política nacional“.

Fuente: El Sol Diario