La medida afecta a las oficinas descentralizadas que la cartera social tenía en varias provincias, a través de la cuales se implementaban los programas de asistencia a nivel federal. La ministra Pettovello justificó los despidos y acusó a los empleados de “ñoquis”. “Solo demuestra un profundo desconocimiento del trabajo que se venía haciendo”, respondieron desde ATE Capital. El recorte se extendió también al Potenciar Trabajo.

El único ministerio que según prometió Javier Milei iba a contar con “la billetera abierta para contener a los caídos” es paradójicamente el que está encabezando el proceso de desguace, ajuste y despidos en el Estado. La cartera de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello anunció este lunes el cierre de los 59 Centros de Referencia (CDR) con que contaba la Secretaría de Niñez y Familia (ex Desarrollo Social) en todo el país, con el correspondiente cese de los contratos de unos 600 empleados. La medida fue anunciada vía redes sociales: ésa fue la forma –un posteo en Twitter– en que los trabajadores y las trabajadoras, y hasta los propios delegados gremiales, se enteraron que se quedaban en la calle.

La cartera que conduce Pettovello comunicó el cierre y los despidos como una buena noticia. Los CDR “funcionaban como cajas de la política y refugios de ñoquis”, dice el comunicado oficial de Capital Humano, a tono con la forma despectiva en que el Gobierno se refirió a los trabajadores de la Agencia Télam, el INADI y otros organismos. “De esta manera, se ahorrarán 5.000 millones de pesos anuales”, agrega.

La ministra utilizó los mismos argumentos, también este lunes, para justificar la eliminación de las “unidades de gestión” del Potenciar Trabajo, que eran administradas por las cooperativas y emprendimientos productivos de las organizaciones sociales. El ajuste en el principal programa de asistencia social del país, se vanaglorió Pettovello, suma otros “34 millones de dólares al año”.

Abandono de territorio

Lejos de ser un “refugio de ñoquis”, los CDR constituían la pata territorial y federal del ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy degradado a secretaría. Con sedes en el interior de la Provincia de Buenos Aires (Bahía Blanca, Mar del Plata, Mercedes, Tandil, Dolores, etc), y en casi todas las provincias del país (desde Formosa, Chaco y Corrientes hasta Chubut, Río Negro y Santa Cruz), los Centros atendían a diario trámites para acceder a distintas políticas públicas que de otra forma sólo se podrían hacer en la Ciudad de Buenos Aires: desde conseguir un Certificado Único de Discapacidad o el Monotributo Social hasta tramitar los medicamentos biomédicos de alto costo que entregaba la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) –que, por otra parte también fue desfinanciada por el gobierno libertario–.

Sus trabajadores, además, realizaban tareas de acompañamiento a las familias beneficiarias de los distintos programas. “No nos vamos a cansar de decirlo: los laburantes no son ñoquis ni nuestro trabajo es «una caja de la política». Los compañeros de los CDR están formados y capacitados para atender situaciones de emergencia y de complejidad en todo el país, llegan a territorios donde el Estado no llegaría de otra manera, arituclan políticas con los gobiernos locales y ponen la cara todos los días ante las necesidades de la población más vulnerable”, respondió en diálogo con Página/12 Ingrid Manfred, delegada de ATE Capital en el Ministerio de Capital Humano.

Según comunicó Pettovello, personal de su ministerio visitó recientemente un CDR (uno sólo de los 59, sin especificar cuál) con “más de 50 empleados registrados”, y “en plena jornada laboral, sólo estaban cubiertos menos de 20 puestos de trabajo”. El gremio no sólo lo desmiente –en Corrientes hay muchos trabajadores asistiendo a la población afectada por las inundaciones–, sino que además agrega que desde el inicio de la gestión se dejaron fuera de funcionamiento las camionetas que permitían hacer recorridos por las distintas localidades, entre otros “boicots” al trabajo cotidiano. Eso hacía suponer un panorama de despidos por venir, pero la decisión sorprendió a todos: se comunicó antes por los canales públicos del ministerio que a los propios trabajadores.

“Solo demuestran un profundo desconocimiento del trabajo que se venía haciendo. Nunca tuvieron la más mínima intención de evaluar si era conveniente continuar con los CDR”, describió Manfred. “En un contexto de 57 por ciento de pobreza, la desarticulación de pogramas sólo demuestra que la motosierra empezó por los de más abajo”, concluyó.

Las organizaciones como enemigo

El mismo día que anunció los despidos, Capital Humano también terminó de confirmar los últimos cambios en el Potenciar Trabajo, que habían sido comunicados la semana pasada. Además de segmentar el programa entre la población empleable y no empleable (recibirán talleres y capacitación laboral sólo aquellos menores de 49 años y que no sean mujeres con más de cuatro hijos), este lunes se informó sobre el cierre de las “unidades de gestión”, es decir de la “intermediación” de las organizaciones sociales. Todo, bajo una misma idea rectora: que los movimientos son los culpables del “fracaso” –de acuerdo a las palabras del Gobierno– de los planes.

“Lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia”, sostienen en el entorno de Pettovello sobre las organizaciones. El problema que surge es que, tras la eliminación de los “intermediarios”, la gestión del programa queda acéfala. Si antes eran las organizaciones las que tomaban la decisión sobre las altas y las bajas del programa, ahora quedará a la sola discreción de los funcionarios de turno.

A propósito, en paralelo al anuncio de la medida renunció Rodrigo Aybar a su cargo en la subsecretaria de Economía Social, donde no había llegado a ser nombrado oficialmente. Aybar –cercano al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela– se ocupó de rediseñar el Potenciar Trabajo. Luego se fue, para no pagar el costo.

A la par del ajuste en el Potenciar, Capital Humano ya recortó en la asistencia a los comedores y en el programa que entregaba medicamentos de alto costo de forma gratuita. También pasó la licuadora por el Servicio Alimentario Escolar (SAE), que podría moverse a la órbita de Educación.

“El gobierno quiere responsabilizar a los trabajadores y trabajadoras de la puesta en marcha de su objetivo político expreso: la detención absoluta de las herramientas del Estado para asistir a la población”, concluyó Manfred.

Fuente: Página 12