El Gobierno busca en el Congreso poder político para negociar la deuda privada

Enviaron ayer al Congreso el proyecto de ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública, que autoriza al Ejecutivo a realizar operaciones de canje de pasivos soberanos emitidos bajo jurisdicción extranjera.

Sin detalles de la propuesta que se les presentará a los
acreedores, lo que se busca es el aval legislativo para que los nuevos bonos a
emitir como parte de la reestructuración sean colocados también bajo ley Nueva
York.

Con la aprobación del proyecto, que ingresó a las 19 a
Diputados, el Gobierno intenta conseguir respaldo político de cara al
inicio de las negociaciones formales con los tenedores, que Alberto Fernández espera
encaminar antes del 31 de marzo. Además, busca obtener amplias facultades para
ese proceso. Fuentes parlamentarias le adelantaron a este diario que el próximo
martes se tratará en la comisión de presupuesto y al día siguiente en la de
labor parlamentaria. El oficialismo, que confía en conseguir el apoyo de un
sector importante de la oposición, procurará obtener media sanción el jueves 30
de enero.

El texto declara prioritaria “la restauración de la
sostenibilidad de la deuda pública externa” en los términos de la Ley
de Administración Financiera, que establece como criterios obligatorios
para toda reestructuración “un mejoramiento de los montos, plazos y/o
intereses de las operaciones originales”. El ministro de Economía, Martín Guzmán,
había dicho más temprano, en conferencia de prensa, que deben cumplirse al
menos dos de esos tres requisitos.

Si bien aún no hay precisiones sobre la propuesta oficial
para los bonistas, algo que generó malestar en el mercado y hundió la
cotización de los bonos, el propio Guzmán ya anunció que una de las claves del
plan es conseguir un período de gracia de al menos dos años, lo que
implicaría una suspensión de los pagos de capital y probablemente también de
los intereses, bajo la premisa de que para pagar hay que crecer. El funcionario
solicitó “buena fe” de parte de los acreedores y les pidió “el
tiempo necesario para resolver un problema de descalabro macroeconómico”.

Respecto de los montos, el premio Nobel de economía, Joseph
Stiglitz, quien trabajó con Guzmán hasta hace semanas en la Universidad de
Columbia, aseguró ayer que la reestructuración argentina implicará
una fuerte quita.

El ministro aclaró ayer que no difundirá detalles de la
oferta durante las conversaciones pero afirmó que, antes de sellarse, pasará
por el Congreso.

El proyecto de sostenibilidad habilita a la Jefatura de
Gabinete a hacer modificaciones presupuestarias para cumplir con los
compromisos del proceso de renegociación y exime del pago de impuestos a las
operaciones que emerjan de él. También faculta al Ministerio de Economía a
dictar documentos complementarios para prorrogar la jurisdicción extranjera de
los títulos en cuestión, a emitir nuevos bonos con el fin de modificar el
perfil de vencimientos y a designar entidades y asesores para coordinar la
reestructuración.

Aunque establece ciertos límites: por un lado, los contratos
con asesores pagarán comisiones a valor de mercado aunque no podrán
superar el 0,1% del monto canjeado; por otro, fija una serie de bienes
inembargables pese a la delegación de la jurisdicción.

Fuente: Bae Negocios