Se instruyó a que un plazo no mayor a treinta días, los jefes de las distintas áreas intimen a las personas en condición de jubilarse a iniciar los trámites correspondientes. Desde los gremios se advirtió que el impacto será mínimo y que solo es una medida efectista, ya que solo es anunciar lo que ya está estipulado.

En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno nacional dispuso que se inicien los trámites jubilatorios de aquellos que formen parte del personal de planta permanente que cumplan con los requisitos para acceder al sistema previsional. Según detallaron fuentes oficiales, hay 10 mil personas que reúnen las condiciones necesarias en la administración pública.

La medida se hizo oficial mediante la publicación de la resolución 3/2024, del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, en el Boletín Oficial.

“Actualmente hay alrededor de 10.000 personas en edad jubilatoria de las cuales más de 6.800 corresponden a planta permanente”, detallaron voceros de Desregulación.

Con esta normativa, el Gobierno instruyó a los titulares de las correspondientes entidades a intimar, en un plazo no mayor a 30 días hábiles desde hoy, al personal que reúna las condiciones establecidas por la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones a iniciar los trámites administrativos a para ingresar al régimen previsional.

La resolución va en línea con lo establecido en la reglamentación de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La normativa hizo oficial la reforma del empleo público y, en ella, se establece que aquellos que se encuentren en situación de jubilarse y hayan sido afectados por el proceso de reorganización del Estado serán reubicados hasta que accedan al sistema previsional.

De hecho, en el considerando de la resolución, el Gobierno menciona que el objetivo de esta reorganización administrativa del Estado es mejorar su funcionamiento “para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.

El Ejecutivo además facultó a las autoridades cuyo rango no sea inferior al de secretario o el equivalente de las jurisdicciones u organismos descentralizados a solicitar una autorización excepcional para prorrogar el plazo a seis meses, “para aquellos agentes de Planta Permanente cuya continuidad se requiera por razones de servicio debidamente fundadas en una necesidad estratégica para el normal funcionamiento del área”.

Esta solicitud deberá contar con el visto bueno de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, del Ministerio, y tendrá que solicitarse mediante un trámite electrónico, en el que se precisen todos los datos del empleado en cuestión. “La solicitud de prórroga deberá estar justificada circunstanciadamente, sin perjuicio de la obligación del organismo de llevar a cabo las medidas tendientes a reemplazar al agente en condiciones de jubilarse”, aclara la normativa.

Con esto, el Gobierno avanza en los cambios dentro de la estructura organizativa del Estado. Entre las principales modificaciones que incorporó el Ejecutivo, se encuentra el examen de idoneidad de los cerca de 40 mil empleados que forman parte de la planta de trabajadores, sea de forma transitoria o permanente.

La evaluación se realizará en el mes de diciembre, cuando vencen las contrataciones. Para ser renovados, se requerirá el examen aprobado.

“El examen lo deberá rendir cada empleado público que ingrese y su resultado lo determinará una computadora. Solo podrá proseguir el proceso de contratación, quien obtenga una nota superior a la de corte”, explicó Sturzzeneger cuando se publicó la reglamentación de ese capítulo de la Ley a principios de agosto.

En esa oportunidad, se estableció que la máxima autoridad de la jurisdicción o del organismo descentralizado correspondiente al cargo concursado será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos, “así como de las previsiones pertinentes de las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública”. En casos pertinentes, la Unidad de Recursos Humanos podrá consultar a la Oficina Anticorrupción, la cual deberá expedirse en un plazo de cinco días.

Además, las personas designadas para ocupar cargos públicos deberán presentar una declaración jurada patrimonial y sus antecedentes laborales cuando la función a desempeñar lo requiera. También se ha estipulado que “no podrá efectuarse ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado de aptitud psicofísica”.

El desempeño del empleado será evaluado constantemente y, para ser promovido, el personal deberá someterse nuevamente a una instancia de evaluación. Esta medida busca garantizar que los empleados estatales mantengan un alto nivel de competencia y rendimiento a lo largo de su carrera.

Fuente: Infobae