La medida le reportará al Estado un beneficio cercano a los 800 millones de pesos por año y si se suman los recortes que ya se aplicaron a empresas, el ahorro llega a casi 5000 millones de pesos. Comienzan a enviar las declaraciones juradas.
Comenzó a regir a partir de ayer la quita de los subsidios de luz, gas y agua para casi 280 mil familias que se concentran fundamentalmente en los barrios más exclusivos de Capital y Gran Buenos Aires. La medida le reportará al Estado nacional un beneficio cercano a los 800 millones de pesos por año y si se suman los recortes que ya se aplicaron a empresas y dependencias de la Ciudad de Buenos Aires el ahorro llega a casi 5000 millones de pesos. Además, a partir de este mes el Gobierno comenzará a enviar a otras nueve zonas de alto poder adquisitivo las declaraciones juradas que los usuarios deben completar si es que quieren seguir percibiendo el beneficio.
El primer capítulo en la eliminación de subsidios se anunció el 2 de noviembre. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el entonces titular de Economía, Amado Boudou, comunicaron ese día la quita de subvenciones a bancos, aeropuertos, financieras, compañías de seguros, casinos, empresas de telefonía móvil y actividades extractivas, como los hidrocarburos y la minería. Entonces, se informó que el ahorro fiscal llegaba a los 600 millones de pesos, pero se dejó abierta la puerta para seguir con los recortes al crear un Grupo de Trabajo encargado de hacer una evaluación integral de la política de subsidios.
Apenas dos semanas después, el 16 de noviembre, se produjo un segundo anuncio que involucró a otras grandes empresas y usuarios residenciales. El Gobierno informó que a partir del 1º de enero recortaría la totalidad de los subsidios para los usuarios de Barrio Parque y Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, y para todos los countries del país. En ese caso, se aclaró que la medida alcanzaba a 232 mil usuarios y que el ahorro para el Estado sería de 568 millones de pesos anuales: 255 millones correspondientes a energía eléctrica, 218 millones al gas y 95 millones al agua. También se habilitó entonces una opción para los usuarios que estuviesen dispuestos a renunciar voluntariamente al beneficio.
Fuente: Página 12