Por Raúl Dorra *
Cosas veredes. Mariano Rajoy, hombre tan representativo de la obstinación franquista, no ahorró insolencias ni amenazantes baladronadas dirigidas, más que al gobierno argentino, a aquellos que se sientan inclinados a reproducir su gesto de soberanía. De acuerdo con su modo de percibir los valores, se es tan denodado patriota cuando se defiende el interés de una empresa transnacional como cuando se decreta una draconiana medida de ajuste. En esta misma lógica, el hecho de que su rey distraiga momentáneamente la aflicción que le causa el empobrecimiento de los españoles en una cacería de elefantes, de ningún modo mancilla su grandeza, ni disminuye su calidad de máximo embajador y primer defensor de las causas hispanoamericanas ante el mundo. Con una filosofía aun más depurada, Felipe Calderón entiende que recuperar para un país la soberanía de sus recursos energéticos es un acto irracional y anacrónico. Lo que está en consonancia con el mundo actual, según su leal entender, es entregar la economía del país a la voracidad de las megaempresas, y lo racional es ponerse al frente de una guerra que no ha hecho sino fortalecer al enemigo en una siembra de muerte y desolación sin término durante el transcurso de la cual, como lo ha declarado él mismo, el crimen organizado fue duplicando, y a veces reemplazando, las funciones del Estado. Esto, por añadidura, en un país que celebra como una gran fiesta cívica cada aniversario de la nacionalización del petróleo decretada por el general Lázaro Cárdenas en 1938, impulsando una medida más radical que la hoy tomada por Cristina Fernández de Kirchner. Sin duda por esa afinidad intelectual, el gobierno español ha hecho pública la iniciativa de pedirle a Felipe Calderón que sea mediador en el conflicto creado entre España y la Argentina, habida cuenta de las buenas relaciones que el presidente de México mantendría con las autoridades de ambos países. En esta increíble lógica, nada obsta para que alguien actúe como si se hubiera mantenido en una posición equidistante de aquel a quien ha otorgado toda la razón y de aquella de la que ha dicho que no está “en sus cinco sentidos”. Cosas veredes.
Tristemente, el gobierno de México, que históricamente ha exigido respeto para su autodeterminación soberana, ha invadido irrespetuosa e ilegalmente la soberanía de otro país, invadiendo en el mismo acto la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Se ha sumado a la campaña de descalificaciones mediáticas emprendida por los campeones del neoliberalismo y por los organismos defensores de un sistema que, en casos como éste, defiende la expoliación –a la que parece tener derecho por naturaleza– con el agravio destemplado y con el recurso a la ceguera. Pero esta desmesura verbal, que pretende invisibilizar lo evidente, no es sino el síntoma de un desequilibrio que avanza sobre una Europa que, con los hechos, insiste en afirmar que el mejor, quizás el único, modo de salvarse de una enfermedad –entiéndase economía de mercado– es persistir y aun ahondar en aquello que la provoca. De más en más, Europa es una zona de riesgo. Tristemente, el gobierno de México parece no estar en condiciones de entender, con menos aspavientos, que la decisión tomada por el gobierno argentino está en el camino que economistas de justo renombre recomiendan: para enfrentar las actuales crisis y sobre todo para prever las que puedan sobrevenir, lo adecuado es asegurar la suficiencia alimentaria y los recursos energéticos, fomentar el gasto interno y la distribución social del ingreso, lo cual supone alejarse de la economía sin patria (y sin madre) del mercado. A los que no somos economistas y no estamos, por lo tanto, en condiciones de exponer los fundamentos de esta recomendación, nos basta con observar la desesperación de ciudadanos de Italia o de Grecia que, hundidos en la humillación y la miseria, han llegado hasta el suicidio porque sus respectivos gobiernos optaron, o se vieron obligados a optar, por esta vía tan recomendada por organismos como el Fondo Monetario Internacional.
En estas circunstancias, la prensa española, aun la que se dice de inspiración socialista como el diario El País, y la prensa de la derecha en general, ha recurrido a la diatriba fácil, a la siembra del miedo, ha preferido no pensar o no dejar pensar. Con otra disposición mental y moral, ciudadanos españoles que ven las cosas sin intereses creados y en consecuencia apuestan por el pensamiento han explicado que Repsol es una empresa privada en la que los capitales españoles son en realidad menos cuantiosos que los extranjeros, una empresa que cuenta con filiales en los llamados paraísos fiscales y que paga impuestos en España por una cantidad menor a la cuarta parte de los beneficios económicos que obtiene por sus negocios en todo el mundo. Esto último lo he leído en una nota que expone con detalle qué es lo que hay en el debe y en el haber de Repsol, una nota que firma David Posada Menéndez. Desde luego, yo no estoy en condiciones de corroborar la veracidad de estas cifras. Sin embargo, conociendo los privilegios fiscales que exigen y que obtienen las empresas transnacionales –sin contar las innumerables triquiñuelas a las que recurren sus contadores avezados en la evasión de impuestos–, nada me cuesta pensar que estoy ante un dato del todo verosímil.
Especialistas en el saqueo, las grandes empresas nunca pierden, puesto que aseguran sus ganancias en la primera movida. Entre quienes garantizan este saqueo se cuentan sus ejércitos de abogados y la prensa comprada o interesada en mantener este estado de cosas. Como si se tratara de una ley universal que vale para individuos tanto como para corporaciones, el que más tiene es el que con más furia se queja cuando alguien intenta disminuir, así sea mínimamente, sus poderosos ingresos. Un tímido suponer: si a los bancos españoles asentados en México –enriquecidos escandalosamente con tasas usurarias– el gobierno de este país quisiera expropiarles un 10 por ciento de sus ganancias, sus gritos atravesarían el océano para que la voz de Rajoy venga a socorrerlos. Y sin embargo, con un 10 por ciento menos, los bancos seguirían ganando en exceso. Un suponer más audaz: si el gobierno les expropiara el 50 por ciento de sus ganancias, todavía invertir en México sería para ellos un buen negocio. Y, en la más increíble de las suposiciones, si el gobierno les expropiara todas sus ganancias, y ellos conservaran la calma, podrían reconocer que ya han ganado tanto que sus inversores no sólo se retirarían de este país con las arcas llenas y que las ganancias obtenidas en estos años alegres alcanzaría para una holgura tan dilatada que se extendería a sus hijos y aun a los hijos de sus hijos. El mío es un razonamiento doméstico, claro está, el razonamiento de alguien que no entiende que la acumulación sin sentido de riquezas (digo bien: sin sentido, sin otra orientación que no sea la de su propia gravedad) es una pasión irrenunciable como es la pasión, igualmente voraz y sin sentido, del jugador. Una pasión que se aviva con la miseria de los otros, que más crece mientras más hace crecer la pobreza. Ser pobre, ya se sabe, cuesta caro.
Pero a este razonamiento casero yo le agregaría otro, de la misma modesta calidad. O, más que un razonamiento, una pregunta. Según estos terroristas de las finanzas, si la Argentina se sale con la suya, quedan en peligro todas las economías emergentes, puesto que las grandes empresas, espantadas por la falta de “seguridad jurídica”, se irían con sus euros a otra parte. La pregunta es ésta: ¿a dónde invertirían esas empresas acostumbradas a obtener ganancias que sólo pueden ofrecerles países de economías emergentes? ¿Pondrían sus capitales en Suiza o en Finlandia, donde la –todo hace suponer– probada “seguridad jurídica” les aseguraría que lo que ganan aquí en un año allá lo ganarían en cinco o acaso en diez? Pero no, esos gobiernos tampoco dan la “seguridad jurídica” tras la cual ellas van: ellas van tras un cómodo contrato que comprometa a los gobiernos, pero que ellas puedan violar sin mayores consecuencias o molestias.
* Escritor, radicado en México.
Yacimientos
Por María Pía López *
Desde el año pasado, un justo movimiento de resistencia en España fue nombrado por las industrias del espectáculo como los indignados. El nombre menoscaba el movimiento, porque “indignación” tiene la forma de un escándalo moral, de un gesto airado, antes que la fuerza creativa de la experimentación política. Es más adecuado ese nombre para los gobernantes españoles y los medios de comunicación que amplifican sus palabras –y las reordenan, organizan y sistematizan como arietes polémicos–. Ellos hablan más en el terreno de la indignación que los miles que desconfían de toda representación.
Hablaron con indignación ante una decisión fundamental del gobierno argentino: la de expropiar las acciones de Repsol en YPF. Recordaron, allí, ayudas preexistentes, pactos verbales y, con tono de amenaza, blandieron la denuncia contra un supuesto populismo expropiador. El gobierno español se presentó como agente y vocero de una empresa. No de cualquiera sino de aquella que cumplió una tarea de larga expoliación de los recursos energéticos nacionales, girando utilidades sin invertir en la exploración necesaria. El gobierno de la ex metrópoli colonial añora el pasado, pero ahora bajo los argumentos de la seguridad jurídica que haría de concesiones y privatizaciones, que muchos discutimos desde su efectiva realización, una condición ineluctable de la vida del país.
Es importante, y mucho, que la decisión soberana sobre el petróleo se asuma en el plano de la conmemoración del reclamo por Malvinas. Porque sitúa esa demanda en su más profunda materialidad –no se trata de sumar territorios para concederlos, graciosamente, a un tipo de explotación que los deje exangües y produzca escasos derrames a las economías regionales, como está en discusión, actualmente, en relación con las minerías–, y esa materialidad en la que queda situada la idea de soberanía implica pensar, también, cuál es el cuerpo social y político que la asume, que la ejecuta, que llevaría a cabo una efectiva apropiación de las riquezas de un país.
El petróleo es metáfora última de la riqueza en las sociedades industriales –no es el oro, fetiche por excelencia y dispendioso adorno– y, a la vez, corazón de la idea de una nación autónoma. En México, luego de la revolución que hizo el más avanzado de los textos constitucionales en 1917, hubo que esperar casi veinte años para que el gobierno de Lázaro Cárdenas llevara adelante las dos medidas más profundas que la Constitución habilitaba: la nacionalización del petróleo y la reforma agraria. Una plaza –el Zócalo– llena de trabajadores festejó la primera medida y comenzó una conmovedora colecta para sumar los pagos que una indemnización a las empresas norteamericanas requería.
Quizás la relación de México con Estados Unidos esté tan revestida por símbolos e historias pasadas como la de nuestro país con España, pese a que son bien diferentes. Entre estos países hubo un hecho colonial en el origen y existieron y existen múltiples modos de la cooperación, el encuentro cultural y la comunidad lingüística. ¿Pueden todos esos lazos ponerse en juego porque el Estado español se convierte en vocero y lobista de su mayor multinacional? Más bien, nos obliga a pensar que un nuevo vínculo ata las formas contemporáneas de los Estados a las lógicas de acumulación de capital, en la que los primeros, muchas veces, no omiten servidumbres. Y, en ese sentido, se podrían revisar a la luz de esa conexión otras políticas españolas.
Incluso aquellas que hacen al patrimonio común de la lengua y que, en la estrategia del Estado español, aparecen como instrumentos de apropiación de un mercado que constituye alrededor del 16 por ciento del PBI del país europeo en crisis. Si su gobierno se presenta como agente de Repsol, la Real Academia de la Lengua cumple un rol adecuado a las necesidades de Telefónica y las trasnacionales editoriales. Lo hace al disponer del conjunto de los instrumentos regulatorios del idioma –gramáticas, diccionarios, ortografías– y por ende la capacidad de sancionar los usos “adecuados” –en muchos casos regionalismos europeos– y las formas “desviadas” –que pueden ser los usos más extendidos en América–.
Decir Argentina hoy es afirmar la inscripción latinoamericana de cualquier conflicto y también la revisión creativa del ejercicio de la soberanía popular. El reclamo argentino por Malvinas es latinoamericano, como tiene ese alcance la discusión de los países de la región sobre el derecho a la explotación de sus recursos naturales, y como están en este continente la mayoría de hablantes de castellano mientras las herramientas de estandarización se siguen diseñando en España. Cualquier nacionalismo que intentemos enunciar en relación con estas cuestiones debe ser, como efectivamente está ocurriendo, no nacional, capaz de reconocer sus fuentes en el acuerdo con otros países y de llamar nación a un conjunto poblacional hecho de partes heterogéneas.
Ese camino es el de una singular fuerza creativa, del tipo de las que refundan una vida política en común. Muchas exploraciones son necesarias y no sólo las muy fundamentales de petróleo, para que esas fuentes que requiere una sociedad dañada por distintas formas de la infamia no se extingan.
* Socióloga, docente de la UBA.
Argumentos contra las mentiras interesadas
Por Alejandro Grimson, Jorge Gaggero, Federico Schuster, Roberto Pianelli *
Los argumentos para que la República Argentina recupere el pleno control sobre sus hidrocarburos son elocuentes. Primero, porque su resignación ha sido una de las medidas más graves y destructivas de la política neoliberal impulsada con vigor desde principios de los años ’90. Segundo, porque el desarrollo de un país no puede quedar librado a la voluntad de reinversión de las grandes empresas transnacionales o nacionales, en un marco de regulaciones o controles laxos o (directamente) inexistentes. Tercero, porque tanto la producción energética como la apropiación de la renta resultante de la explotación de los recursos naturales son de interés de todo el pueblo argentino (su propietario).
No se puede designar con la palabra “argumentos” las agresiones y amenazas que llegan desde altos funcionarios españoles y de los ejecutivos de sus empresas más poderosas, las insistentes y a la vez perimidas opiniones del Fondo Monetario Internacional o las de las filiales políticas y mediáticas locales de tales intereses. La Argentina es un país democrático y tiene pleno derecho a ejercer su poder soberano en función de su constitución y sus leyes.
Dicen que la Argentina se ha tornado “imprevisible”. Mienten: si la Argentina hubiese tolerado pasar a ser dependiente crónica de la importación de hidrocarburos, entonces sí se hubiera tornado un país imprevisible. Dicen que empeoró el “clima de inversiones”. Falso: ha retrocedido el “clima de especulaciones” y mejoran, en consecuencia, las perspectivas económico-sociales. Dicen que quieren “negociar” con la Argentina. Mienten: quieren bloquear y, en todo caso, castigar una decisión soberana. Dicen que están “dispuestos a invertir”. ¿Una década después del comienzo del vaciamiento de YPF?: si hubieran invertido, explorado, descubierto yacimientos, una ley como la propuesta por el Poder Ejecutivo hubiese tenido menos apoyo social. Dicen que esto “rompe la amistad” con España y que es desleal frente a la crisis y el sufrimiento por el que atraviesa la “madre patria” de miles de argentinos. Esto es perverso: las relaciones entre los argentinos y los españoles tienen enorme densidad histórica, incluyendo exilios políticos y migraciones económicas en ambas direcciones. Estas relaciones se consolidan ahora en la hermandad de parecidos sufrimientos ante los desastres que acarrean las políticas neoliberales (hoy en España, hasta hace diez años en Argentina). Las amenazas o insultos de ningún empresario o funcionario, así fuera el más alto de todos, podrán destruir estos vínculos. Dicen que la expropiación “afecta los intereses del pueblo español”. Falso: las grandes mayorías populares de España no se benefician de la actividad de la empresa multinacional Repsol. Dicen que se trata de un “falso nacionalismo” de Argentina. Mentira: las mejores tradiciones que han sabido defender, en cualquier parte del mundo, los intereses nacionales lo han hecho en democracia o luchando por la democracia, en función de las necesidades del conjunto del pueblo.
Es necesario defender el derecho argentino frente a las presiones de países, empresas y organismos internacionales. Es necesario que la soberanía sobre los hidrocarburos sea una política de Estado inscripta en las mejores tradiciones políticas. Es necesario el respeto a las decisiones de las instituciones democráticas de la República Argentina. Las grandes mayorías argentinas apoyan las medidas. También tienen hoy una enorme expectativa frente a un desafío que saben que no será sencillo. Por una parte, porque todas esas presiones económicas y políticas son ejercidas por poderes reales. Por otra parte, porque se presenta la oportunidad de mostrar cómo el Estado puede ser legítimo y necesario protagonista en la gestión de una gran empresa estratégica, con justicia, controles sociales y protección del medio ambiente.
Un enfoque estratégico y un plan energético de mediano y largo plazos deberán entonces ser partes vitales de tal esfuerzo, el marco indispensable para que la gestión estatal de YPF pueda dar sus mejores frutos. Una conducción profesionalizada de la nueva YPF y la eficacia de los controles económico-financieros a los que deberá estar sometida, tanto por parte del Ejecutivo Nacional como del Congreso y las provincias asociadas, serán otras de las claves del éxito futuro de esta nueva etapa.
* También firman Paula Abal Medina, Victorio Paulón, Claudio Marín, Aníbal Viguera, Marcelo Rudaeff (Rudy), Sandra Arito, Michael Cohen, Florencia Abbate, Julián Rebón, Luis Alberto Quevedo, Pablo Semán, Alfredo Pucciarelli, Julio Neffa, Sebastián Pereyra, Gabriel Noel, Damián Pierbattisti, Mónica Abramzon, Gerardo Halpern, Ana Mariel Weinstock, Karina Bidaseca, Juan Bautista Ritvo y otros adherentes al texto del espacio de intelectuales Argumentos.
(Fuente: Página 12)