Tras 11 meses de un juicio histórico contra policías y militares, el Tribunal Oral Federal Nº1 le dio perpetua a Eduardo Smaha, Juan Agustín Oyarzábal, Celustiano Lucero y Alberto Rodríquez Vázquez. Paulino Furió fue el único absuelto. Y a Dardo Migno le dieron 12 años de prisión. La sentencia fue celebrada por los familiares de las víctimas. Irán a cárcel común. (Fuente: Diario Uno).
Luego de 11 meses de proceso, este jueves a media mañana el Tribunal Oral Federal Nº1 dictó su fallo en el primer juicio que se realizó en Ciudad por crímenes de de lesa humanidad en la última dictadura en Mendoza (el primero fue en San Rafael).
Condenaron a cadena perpetua a cuatro de los seis acusados, mientras que otro fue sentenciado a 12 años de prisión y hubo una absolución.
Dictaron cadena perpetua e inhabilitación de por vida para Juan Agustín Oyarzábal, Eduardo Smaha, Celustiano Lucero y Alberto Rodríquez Vázquez.
Por su parte, Dardo Migno fue condenado a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua.
Mientras que Paulino Furió fue absuelto.
La sentencia -que fue leída a las 11.35- fue celebrada con vitores y aplausos por las víctimas y por personas que los acompañaron en la vigilia a la espera de la condena, en el exterior del edificio de Tribunales Federales (en España y Pedro Molina, de Ciudad), donde se había dispuesto una pantalla para seguir las instancias de lo que sucedía dentro.
Los ex policías Oyarzábal, Smaha (ex integrante del D2), Rodríguez Vázquez y Lucero (médico de la Policía) fueron penados por las muertes de Francisco Paco Urondo, Rosario Torres, Alicia Raboy, Sánchez Coronel y Alberto Moyano.
Por su parte, Migno fue condenado privación abusiva de la libertad y tormentos contra Angel Bustelo,
Smaha, Lucero y Rodriguez serán llevados a la U32. En tanto, Migno y Oyarzábal seguirán detenidos en sus domicilios.
Este martes, luego de que la semana pasada terminara la fase de alegatos, los organismos de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Fiscalía Federal habían pedido prisión perpetua y cárcel común para cinco de los seis enjuiciados por crímenes de lesa humanidad.
Para Smaha, Lucero -ambos estaban presos en San Felipe-, Furió, Rodríquez Vázquez, Oyarzábal –con prisión domiciliaria por razones de salud-, pidieron prisión perpetua por el delito de homicidio triplemente agravado por alevosía, concurso de dos o más personas y criminis causa, en concurso real con asociación ilícita, además de privación ilegítima de la libertad y tormentos.
Además, solicitaron que estos cinco imputados cumplieran su condena en una cárcel común como cualquier otro preso, sin privilegios. Ante esto la Fiscalía Federal sostuvo que se deberá tener en cuenta la situación de prisión de Juan Agustín Oyarzábal debido a su estado de salud, por lo que en caso de quedar condenado debería recibir prisión domiciliaria.
Para Migno, imputado por privación ilegítima de la libertad y tormentos a Ángel Bustelo, quien está bajo arresto domiciliario, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió 15 años de cárcel, mientras que la Fiscalía Federal pidió 12 años de condena además de cumplirla en su domicilio.
Inicialmente fueron 10 los acusados que iniciaron el proceso, el 17 de noviembre de 2010. Pero en el transcurso de los 11 meses que duró el juicio, falleció el general Juan Pablo Saá y fueron separados del debate, que se suspendió contra ellos por razones de salud, el general Mario Lépori, el coronel Tamer Yapur y el suboficial de la Policía Agustín Fernández.
Quedaron en el banquillo Smaha, Lucero, Furió, Alberto Rodríquez Vázquez, Oyarzábal y Migno.
La semana pasada había concluido la más larga de las tres etapas de alegatos, que fue la segunda y se concentró en los argumentos de los abogados –causa por causa– para fundamentar finalmente esta semana el veredicto que pedirán al tribunal. La última causa que cerró esos alegatos, el jueves pasado, fue la del homicidio del famoso poeta y jefe montonero Francisco Paco Urondo y la desaparición de su mujer, la periodista Ana Raboy.
A lo largo del proceso, hubo un centenar de testimonios, que dejaron al descubierto el sufrimiento de las víctimas que lograron sobrevivir. Uno de los más terribles fue el del actor -fallecido en febreri de 2011- David Blanco, quien en diciembre de 2010 relató ante el Tribunal que en el D2 -donde estuvo detenido- las violaciones eran cosa común.
Otro de los testimonios más sentidos fue el de Isabel De Marinis (92), madre de Lila De Marinis, secuestrada en 1976. “Antes de llevarse a mi hija le gritaban ‘hablá, mierda’ y le pegaban cachetadas», relató la mujer que es un paradigma en la lucha por saber qué se hizo con los desaparecidos.