El CELS se presentó en la causa como amicus curiae.
En diciembre de 2018, la Dirección de Administración de Activos de los ex Bancos Oficiales (DAABO), dependiente del Gobierno de la provincia, puso a la venta cinco inmuebles, tres de ellos ubicados en Tunuyán.
Desde la noticia, familias y la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra se han manifestado para impedir que esa acción se haga efectiva.
En las tierras de esta departamento,residen familias desde 1980 que trabajan y se dedican a la cría de animales y a la agricultura.
Esta semana, el CELS (Centro de Estudios Sociales y Legales) solicitó a la Corte que dicte una orden para suspender la venta del terreno hasta que se resuelva el trámite administrativo sobre la nulidad de esa acción, al presentarse en la causa como amicus curiae. El amicus curiae es una presentación realizada por terceros que ofrecen voluntariamente su opinión para colaborar con el tribunal para la resolución de una casa.
«Entendemos que, de concretarse la venta, se avasallarán por completo los derechos de las familias, se les habrá negado el acceso a la justicia y el escenario que se abriría es de una dificultosa o imposible reparación» emitieron desde el CELS.
«Es importante resaltar que la DAABO intimó a las familias en 2017 a que desalojaran el terreno y las familias se negaron basadas en el derecho que tienen a la posesión. Es decir que la DAABO avanzó en la venta, un año después, teniendo conocimiento de los derechos que asistían a las familias. Debido a que en nuestro país los derechos derivados de la posesión son continuamente vulnerados y someten a las familias poseedoras a situaciones de indefensión y a vulneraciones agregadas de derechos humanos, el Congreso de la Nación, al igual que distintos órganos internacionales, consagró diversas leyes para darles una especial protección. La extensa regulación determina que las familias posesoras tienen derechos que no se pueden desconocer» comunicaron.