Por 165 votos a favor, 65 en contra y 1 abstención, Diputados aprobó y giró al Senado la denominada “Ley de leyes” con la que el Gobierno de Mauricio Macri administrará los recursos públicos el año próximo, pero que no contempla el impacto de las reformas tributaria, previsional ni laboral.
La iniciativa proyecta un crecimiento anual de 3,5% del PBI, un aumento de 12% para la inversión y una inflación anual promedio de 15,7%, por encima de las metas del BCRA, de 10% con una variación en más o en menos del orden de 2%.
Ni bien se votó el Presupuesto, se inició el debate en particular y luego se daría paso a la discusión por el Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre por Macri y los gobernadores de 23 provincias (faltó San Luis) y los compromisos tributarios, como las prórrogas y modificaciones impositivas.
Mientras sesionaba Diputados, algunos gobernadores negociaban con Cambiemos partidas extra de $10.000 millones para obras en provincias peronistas aliadas como Córdoba, Salta, Chaco, Entre Ríos y Tucumán en 2018 y 2019. Se trata de un acuerdo directo con Nación, mediado por el senador Miguel Pichetto y los diputados Diego Bossio y Pablo Kosiner, jefe del interbloque Argentina Federal.
Cruces y chicanas
Los principales cruces en el debate estuvieron en torno a la cuestión del federalismo, dado que tanto el FpV-PJ, el Frente Renovador, la Izquierda y el Socialismo denunciaron que la iniciativa plasma inequidad en el reparto de fondos. El oficialista Luciano Laspina rechazó esas acusaciones y apeló a la “pesada herencia”: recordó que era el kirchnerismo subestimaba el Presupuesto para luego disponer de recursos extra y administrarlos de manera discrecional.
Fiel a su perfil eufórico, el mendocino oficialista Luis Alfonso Petri dijo que las ampliaciones presupuestarias en 2017 no alcanzaron el 2,8% y las modificaciones de Jefatura de Gabinete no alcanzaron el 0,3%, cuando durante el kirchnerismo llegaron al 34%. “Estamos ante un enorme desafío fiscal. Reducir la deuda social y al mismo tiempo bajar impuestos”, añadió Laspina, quien recibió una dura réplica de Axel Kicillof, Nicolás Del Caño y el socialista santafesino Luis Contigiani.
Esos tres diputados advirtieron que el problema no es el Presupuesto sino programa económico de Cambiemos, dado que no apunta a un desarrollo de la producción nacional mientras tiene alarmantes déficits fiscal y comercial y una “peligrosa” carrera de endeudamiento externo.
En la misma línea se expresó Kosiner, quien señaló que en el Presupuesto 2017 se ejecutó sólo el 40% de las partidas destinadas al fomento de actividades productivas y alertó sobre el “crecimiento exponencial” de la deuda externa. “Así como no es viable atender el déficit con emisión monetaria tampoco lo es emitiendo deuda. Necesitamos buscar un camino en el que el nuevo paradigma de la política económica argentina sea el desarrollo productivo”, dijo Kosiner.
Agustín Rossi, jefe del bloque del FpV-PJ, justificó el rechazo al Presupuesto porque “no representa la realidad de cómo están las variables de la economía argentina y es una fotografía de una política económica que está dañando al conjunto de la sociedad argentina, además de que fue hecho sin tener en cuenta las reformas tributaria y previsional”.
El presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, defendió la iniciativa porque, dijo, tiene “metas cumplibles y contrastables”. Sostuvo que el rojo fiscal “es duro, hay que correr la coneja, porque el gasto fijo es fuerte”. Y ratificó que el Gobierno seguirá con su plan “gradualista” sobre la base de “proyecciones claras”.
Negri admitió que a él le preocupó cuando se enteró que el Gobierno tomará $20.000 millones del Banco Nación: “A mí no me gusta eso”, expresó. Y justificó la baja inversión extranjera actual en que el mundo globalizado está “con problemas”: “Es cierto que falta más inversión extranjera, pero no está yendo a la baja”.
El cordobés Martín Miguel Llaryora pidió al oficialismo que se comprometa a apoyar un proyecto de ley para que las provincias y los municipios puedan impulsar por su cuenta contratos de asociación Público-Privada en las próximas sesiones especiales de febrero.
Los discursos de uno y otro lado dejaron entrever que hay un consenso mayoritario para debatir una nueva Ley de Coparticipación Federal, pero también evidenciaron que esa batalla que el Gobierno quiere plantear a mediados de 2018 será durísima por las urgencias financieras de cada jurisdicción.
Un eje de diferencias fue que si bien el Gobierno asegura un gasto del 7,2% del PBI en Educación, se observan recortes en partidas para sueldos, capacitación, escuelas técnicas, programas socioeducativos y lo que fue el programa Conectar Igualdad.
Claves
Crecimiento: 3,5%.
Inflación promedio: 15,7%.
Ingresos totales: 2,10 billones de pesos.
Gastos primarios: 2,50 billones de pesos.
Gastos de capital: 210.941 millones de pesos.
Déficit primario: 3,2% del PBI.
Participación de servicios sociales en el gasto primario: aumenta un 76%.
Gastos en subsidios: disminuye 16%.
Deuda sobre PBI: 36%.
Intereses de deuda: 1,8% del PBI.
Servicios de deuda pública: aumentan 28,2%.
Fuente: Los Andes