En la Legislatura hay un proyecto, con media sanción hace casi 3 años, para que los productos se vendan con indicación profesional.
Luego de la muerte de 34 cóndores, un puma y ovejas a raíz de la utilización de agroquímicos por parte de productores de Malargüe, para matar a los depredadores y proteger al ganado, el Gobierno busca agilizar la aprobación de la Ley para regular el uso de estos venenos en terrenos rurales.
La normativa, que tiene media sanción de la Cámara de Senadores desde hace casi 3 años (10 de marzo de 2015), pone freno a la manipulación de éstos productos. Dispone así un límite y mayores controles al momento de fabricar, formular, almacenar, transportar, comercializar, exhibir, publicitar o prescribir productos, sustancias o dispositivos destinados de manera directa o indirecta al uso agrícola.
Incluye tanto a las sustancias “de origen natural o de síntesis, nacionales o importados” y establece la aplicación de nuevas tecnologías menos contaminantes”.
Según detalló el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, ya se iniciaron las gestiones en Diputados para comenzar a ajustar detalles del proyecto, de manera que sea debatido ni bien se retomen las actividades en los recintos legislativos el mes que viene.
“La muerte de los cóndores en el departamento de Malargüe, es un hecho que nos ha golpeado a nivel ambiental en la Provincia y este caso nos debe hacer entrar en conciencia a todos los mendocinos de que debemos proteger la biodiversidad en todas las dimensiones”, dijo Mingorance y advirtió que “es necesaria la aprobación de este proyecto de ley para evitar que vuelva a ocurrir otro caso como este”, explicó Mingorance.
Hasta ahora, todo indica que el actual proyecto, de aprobarse, no generaría costos para el productor, sino más bien que se los capacitará. Estos aspectos, según Mingorance, han sido analizados en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, en conjunto con el Iscamen (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza).
El otro punto a destacar de la iniciativa que se encuentra en la Legislatura, es que el seguimiento y control de los agroquímicos (que sólo se podrán comparar con la indicación de un especialista en la materia) permitirá realizar una trazabilidad desde el origen a la aplicación de los productos.
En la actualidad, en nuestra provincia se encuentra en vigencia la Ley N° 5665 sancionada en 1991. Ahora, la idea es reformular y completar la norma de manera que esté en sintonía con las necesidades medio ambientales actuales.
El proyecto que deberá ser debatido en un corto plazo es autoría del senador con mandato cumplido, Sergio Moralejo. «Un profesional tendrá que hacerle una receta al productor que va a adquirir estos agroquímicos y esa receta queda archivada, por lo cual hay trazabilidad de quién recetó el agroquímico, quién lo compró, en qué fecha y quién lo vendió”, cita en uno de sus párrafos la propuesta que a la vez ha sido confeccionada por el Iscamen en consenso con el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Mendoza y representantes de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Además de optimizar la ley existente el proyecto plantea una correcta y racional utilización de agroquímicos de nuevas tecnologías menos contaminantes, protegiendo la salud de la población y de los recursos naturales.
Fuente: Los Andes