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Tras el asesinato de Rafael Nahuel por Prefectura Nacional, 12 provincias pidieron el cese de la represión a la comunidad mapuche

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Ante los graves hechos de violencia contra la comunidad mapuche, los secretarios de Derechos Humanos de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Chaco, Entre Ríos, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz, Catamarca, Neuquén, San Juan, Chaco y Misiones reclamaron el “cese inmediato de toda medida represiva en la zona de Lago Mascardi”.

La Prefectura Nacional Argentina efectuó el pasado sábado un violento desalojo de la comunidad mapuche en el Lago Mascardi, provincia de Río Negro, en colaboración con otras fuerzas de seguridad. Cuando huía de la persecución, Rafael Nahuel, de 22 años, fue alcanzado en la espalda por un disparo. Asimismo, otros dos miembros de la comunidad, una mujer y un varón, resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Ramón Carrillo de la ciudad de Bariloche.

Según el portal Cosecha Roja, la víctima, en realidad, no pertenecía a la comunidad, sino que se encontraba acompañando a su tía y a su prima. Rafael vivía en el barrio Nahuel Hue, en el Alto de la ciudad de Bariloche, zona habitada por los sectores más humildes.

Allí formaba parte del colectivo Al Margen, organización de base ligada a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), donde se enseñan oficios y se impulsan tareas comunitarias. «Rafita caminaba por las márgenes pero había decidido quedarse del lado de adentro», contó Alejandro Palmas, uno de los referentes de la organización. Es que si tenés apellido Mapuche «y vivís donde él vivía», entonces «en las listas para conseguir laburo [trabajo] siempre te quedás entre los últimos», añade.

Los eventos del Lago Mascardi

El Congreso argentino prorrogó recientemente la ley 26.160, que prohíbe los desalojos a comunidades indígenas. Sin embargo, el pasado jueves el juez federal Gustavo Villanueva ordenó expulsar a quienes habitaban en la zona del Lago Mascardi.

Tras un primer procedimiento, mujeres y niños fueron detenidos durante 24 horas y, al ser liberados, se les prohibió regresar al lugar bajo amenaza de detención, tal como reseñó el diario Río Negro. Sin embargo, un nuevo operativo de las fuerzas de seguridad arremetió el sábado con violencia contra los habitantes de la zona.

Allí se encontraba Rafael Nahuel, que «se había acercado para acompañar un reclamo de un sector del pueblo mapuche que estaba realizando una reivindicación de su derecho al territorio», explica a RT el abogado y referente de la CTEP Juan Grabois. Fue en ese contexto cuando se produjo «una represión absolutamente injustificada y desmedida y lo asesinaron por la espalda», añadió.

Desde el Gobierno nacional, informa el diario Clarín, aseguran que los mapuches iban armados y que se trataba de «grupos radicalizados». Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió este lunes en conferencia de prensa la legitimidad de la acción. «Llevamos adelante una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley frente una acción ilegal, violenta e inaceptable para la democracia», dijo. Asimismo, añadió que no es su responsabilidad «probar lo que hacen las fuerzas de seguridad».

Sin embargo, esa versión resulta para muchos dudosa, ya que la autopsia —según el portal El Destape— confirmó que el joven fue agredido por la espalda mientras escapaba.

Cabe recordar que Villanueva, que ordenó llevar a cabo el operativo, es el mismo magistrado que tiene detenido al ‘lonko’ (jefe) Facundo Jones Huala en el marco de un proceso cuestionado, debido a que —contrariamente a como lo establece la legislación argentina— se está juzgando a una persona dos veces por el mismo delito.

«Una ofensiva del capital»

Luis Pilquiman, responsable zonal de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, declaró al diario Página/12 que detrás de estos sucesos hay «intereses inmobiliarios». «Constantemente se le están cediendo tierras a privados», apuntó, precisando que «después de lo de Santiago Maldonado, el hostigamiento (de las fuerzas de seguridad y la Justicia) contra la comunidad mapuche, aumentó» y «la persecución se hizo más fuerte».

Fuente: actualidad.rt.com

Doce provincias pidieron el cese de la represión a la comunidad mapuche

Ante los graves hechos de violencia contra la comunidad mapuche, los secretarios de Derechos Humanos de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Chaco, Entre Ríos, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz, Catamarca, Neuquén, San Juan, Chaco y Misiones reclamaron el “cese inmediato de toda medida represiva en la zona de Lago Mascardi”.

El texto circuló este domingo entre los funcionarios y fue revelado por el portal LetraP tras la muerte de Rafael Nahuel en medio de la represión de Prefectura. Allí se manifestaron «sorprendidos por hechos gravísimos de represión por parte de fuerzas federales -esta vez en la zona de Lago Mascardi, provincia de Río Negro-, contra una Comunidad Mapuche asentada hace tiempo en ese territorio, con la consecuencia, más grave aún, de la muerte de una persona perteneciente a la comunidad reprimida».

Los secretarios de derechos humanos pidieron a su par de nación, Claudio Avruj, que intervenga “para exigir el esclarecimiento del hecho y la pronta investigación de las responsabilidades de las autoridades, como así también proteger y brindar garantías a la Comunidad Mapuche víctima de la represión, especialmente en lo concerniente a la integridad física y la atención medica de los miembros de la misma».

Reclamaron, además, que le solicite a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, «el cese inmediato de toda medida represiva en la zona de Lago Mascardi».

Los funcionarios advirtieron sobre la posible intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la gravedad de la situación para que realice “una acción particular de evaluación, protección y seguimiento de la sistemática persecución a comunidades mapuche en la región de la Patagonia Argentina».

Pusieron el foco principalmente en el protocolo de intervención de las Fuerzas de Seguridad “que es lesivo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, más cercano a un Estado policial que a un Estado democrático y republicano».

Fuente: Tiempoar