Por Luciano Rubio
El Bloque Radical del Concejo Deliberante de Tupungato denunció que el Municipio estaría infringiendo las normativas al contratar como proveedor al esposo de una funcionaria municipal. La denuncia se suma a la tensa situación después del conflicto por los terrenos de viviendas sociales y las acusaciones y dichos oficialistas y opositores.
El Bloque Radical a través de la Comisión de Peticiones, elevó un proyecto de resolución al Concejo Deliberante para solicitar a la Fiscalía de Estado iniciar un sumario administrativo para investigar la relación existente entre el municipio, la directora del área de Acción Social de la comuna y el dueño del autoservicio “EBEN-EZER”, Antonio Nava.
Este local fue adjudicatario en las licitaciones privadas relacionadas con la compra de indumentaria municipal (exp. N° 2.118) y por la adquisición del refrigerio del día del niño (exp. 3.677); los dos correspondientes al año 2011.
En este marco, los concejales Soto y García presentaron el pedido argumentando que Nava, al tener una relación de tipo marital con la directora de Acción Social, Flavia Torfe, estaría infringiendo las normativas que prohíben que un funcionario público pueda desarrollar actividades particulares de tipo económico por fuera del Estado y en relación con éste.
En este pedido afirmaron que al contraer matrimonio, Torfe y Nava, conformaron ante la ley una “Sociedad Conyugal” de contenido patrimonial. En este sentido sus ingresos formarían parte de este fondo común.
En el escrito los ediles argumentaron que no se está cumpliendo con los estatutos del Empleado Público en sus artículos 13 y 14 y su aplicación de carácter Municipal bajo la ley 5892. Los solicitantes también citaron la ley 25.118 en su artículo 13 inc. B donde se establece que un funcionario público no puede ser proveedor de aquel organismo de Estado donde desempeñe funciones.
Los concejales también alegaron que la ley 25.163 en su artículo 24 inc. C, obliga a que cualquier funcionario no pueda recibir beneficios directa o indirectamente mediante franquicias, contratos o concesiones que se otorgue desde las administraciones nacionales, provinciales o municipales.
A pesar de que el Bloque Justicialista no apoyó este proyecto de resolución, los representantes del radicalismo denunciaron las presuntas negociaciones porque según consideraron, son incompatibles con el desempeño de un “funcionario público”. En este marco las declaraciones generaron sospechas de negociaciones ilegales por parte de la directora de Acción Social, su esposo proveedor de la comuna y de la Municipalidad de Tupungato.
La denuncia de los ediles se suma al conflicto desatado por los terrenos “TIZA”, con las denuncias sobre presuntas irregularidades por parte de los concejales radicales y, el intendente Rodríguez que, días atrás, aseguró que una vez elevado el informe que los ediles solicitaron éstos deberían retractarse de lo dicho.