Así quedó establecido en la sesión que se mantuvo ayer en la cámara de senadores, al aprobar la resolución elaborada por el presidente del bloque del FPV-PJ en ese ámbito, Gustavo Arenas, que adhiere al decreto N°1.789/15 del Poder Ejecutivo de la Provincia –en acuerdo de ministros–, el cual establece que los funcionarios y los empleados públicos deben difundir públicamente esa documentación.
La iniciativa, que había sido presentada el viernes pasado, abarca a los senadores, los secretarios legislativos y administrativos, y demás funcionarios que intervengan en el manejo de fondos del Senado, en cumplimiento del decreto del gobernador publicado el 28 de octubre en el Boletín Oficial. De esta manera, la Cámara Alta avanzó en su intención de lograr la máxima transparencia de gestión.
Al respecto, el legislador justicialista sostuvo que “el Senado dio un salto cualitativo, ya que con esta disposición los mendocinos podrán acceder a la declaración jurada de los funcionarios legislativos”. También aseguró que, “a nivel nacional, las declaraciones juradas son públicas e incluso obligatorias para los candidatos, por lo cual ya no se puede obviar esta discusión”, y aseveró que “Mendoza se merece que sus funcionarios estén a la altura de las circunstancias y declaren el origen de su patrimonio”.
Libre acceso a la información
En este sentido, Gustavo Arenas ya se ha expresado públicamente en varias oportunidades al asegurar que “la obligación de que todos los funcionarios estatales hagan públicas sus situaciones patrimoniales debe regir desde el momento en cada uno asuma y no solamente cuando finalice su gestión”. Y en el caso de ahora resaltó además que esta acción “permitirá que los ciudadanos accedan libremente a esa documentación legal para poder controlar la evolución del patrimonio de la totalidad de las autoridades oficiales”.
El titular de la bancada de senadores locales del FPV-PJ incluso ha avalado su postura desde que era diputado, cuando colocó en su página de internet la documentación respaldatoria de su patrimonio como una manera de brindarle un gesto político a la sociedad, mientras ya se discutía la necesidad de contar con una ley de ética pública.
Desde entonces, luego de amplios debates y de que todos los bloques asumieran el compromiso de avanzar en forma inmediata en el tratamiento de la Ley de Ética Pública, aún no se ha conseguido sancionarla, por lo cual Gustavo Arenas entendió que durante el lapso que demore alcanzar la promulgación de esta norma era necesario que la Cámara Alta adhiriera al régimen establecido por el Poder Ejecutivo mediante el decreto Nº1.789/15 dictado por el gobernador. Y esto fue lo que efectivamente ocurrió en la sesión de ayer.