Mientras continúan en el Senado las reuniones de comisiones con diferentes sectores, para tratar la modificación de la Ley 7722, desde diferentes ámbitos se organiza la resistencia para mantener vigente la legislación que prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros.
Durante esta semana y la próxima, tres Comisiones del Senado provincial escucharán las exposiciones de universidades, municipios, ambientalistas y profesionales, en relación a los cambios que se pretenden introducir en la ley 7722. Los legisladores ya se reunieron con referentes del sector minero, empresarial y sindical, quienes expusieron sus argumentaciones. La modificación de la ley 7722 ha sido planteada en dos proyectos presentados por senadores del PJ, aunque viene siendo impulsada por el propio gobernador Cornejo, quien busca desarrollar la minería en la provincia.
Después del tratamiento en Comisiones, los proyectos podrán ser tratados por la Cámara. Aunque nadie garantiza qué sucederá, algunos ya están prediciendo que el plan de modificar la 7722 comenzará a cumplirse, a partir del 20 de noviembre cuando las Comisiones emitan el o los dictámenes. Según publica hoy Diario Uno, en una nota de Paola Ale, “Todo parece indicar que están los votos para que el plan de modificar la 7.722 se cumpla. Para aprobarlo los senadores y senadoras que estén de acuerdo con esta idea, sólo necesitan 19 votos para concretarla. Hasta el momento, la modificación tiene al menos 21 votos a favor”.
Mientras tanto, desde diferentes ámbitos se organiza la resistencia para impedir la modificación. Tanto en Valle de Uco, como en otras regiones de la provincia, grupos de ambientalistas, vecinos autoconvocados, productores, y defensores del agua, entre otros, definen estrategias y convocatorias para los próximos días, en vista del tratamiento de la modificación.
Por su parte, los intendentes del Valle de Uco ratificaron su oposición a la modificación, entendiendo que la normativa protege el agua de la región, además de ir en consonancia con lo que la población en general ha manifestado. En la misma línea, referentes políticos locales, que han trascendido al escenario provincial, como Juan Jofré (kirchnerismo) y Marcelo Romano (Protectora-PI), se han manifestado enérgicamente en contra de la modificación, declarándose en alerta por lo que consideran un peligro inminente para el agua de la provincia.
Otras organizaciones nacionales e internacionales también se han expresado por la inminente modificación. La propia Greenpeace calificó al proyecto de modificación de la Ley como “una medida lamentable”. También la Asociación de Abogados Ambientalistas consideró «lamentable» el intento de modificación, ya que según el colectivo «las zonas más pobres del país y del mundo están relacionadas con el avance de esta actividad”.