Diferentes sectores sociales y políticos del Valle de Uco expresaron su rechazo, defendiendo la legislación que busca proteger el agua de la contaminación.
Recientemente el senador de Unidad Ciudadana, Alejandro Abraham, presentó un proyecto para modificar la ley 7722. Argumentando que algunos aspectos de dicha ley resultan “obsoletos e inconducentes”, y que en la actualidad existen “herramientas eficaces” para “abordar el desarrollo de la actividad minera”, el legislador provincial y ex intendente de Guaymallén pidió la modificación de la legislación.
Inmediatamente, desde diferentes sectores de Valle de Uco, se escucharon voces de alerta y rechazo. Uno de los primeros en manifestarse fue el senador Marcelo Romano. El legislador oriundo de Chilecito, y uno de los mayores referentes en las luchas del cuidado del agua, posteó en su Facebook una imagen con los considerandos de la presentación realizada por Abraham.
Casi en simultáneo, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, también se expresó en la red social, considerando que el ingreso del proyecto es una amenaza al agua de Mendoza. “Una vez más el agua de Mendoza está en peligro. Quieren abrir la puerta a la minería contaminante. Ingresó hoy un proyecto en ese sentido a la Cámara de Senadores. No a la modificación de la 7722” expresó Difonso, quien fue uno de los impulsores de la ley en cuestión, cuando el actual intendente se desempeñaba como senador provincial.
En otros ámbitos donde se encendió el alerta fue en los colectivos de vecinos y organizaciones que luchan por la defensa del agua y el medioambiente. Rápidamente corrió la noticia de la intención de modificar la ley 7722 y muchos comenzaron a expresar su preocupación y rechazo. A la vez, ya se organizan nuevas asambleas para frenar lo que consideran un ataque a la protección y defensa del agua.
Por su parte, desde Unidad Ciudadana San Carlos, sus referentes también salieron a rechazar cualquier intento de modificación de la ley 7722. El espacio, que en la región tiene como mayor referente a Juan Jofré, expresó su oposición al proyecto presentado en la Legislatura provincial, reafirmando el posicionamiento por “un desarrollo sustentable y que resguarde los recursos naturales”.
También utilizando las redes sociales, el espacio político local expresó: “Desde Unidad Ciudadana San Carlos queremos expresar nuestro rechazo a cualquier tipo de modificación que se pretenda hacer de la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas en la minería.
Desde nuestro espacio político estamos convencidos que esta ley, fue producto de las luchas sostenidas de nuestro pueblo y de toda la provincia de Mendoza, contra la mega minería y en defensa de los bienes comunes de nuestro suelo. Queremos hacer clara nuestra posición colectiva frente a las iniciativas individuales, que sin previa discusión y sin ningún tipo de consenso social pretenden hacer modificaciones a las leyes que han surgido de las entrañas de nuestro pueblo.
No vamos a aceptar ni imposiciones políticas, ni declaraciones mal intencionadas que pretenden corrernos del lugar en el que con nuestras acciones cotidianas hemos elegido y reafirmamos. Nuestro espacio político es amplio y diverso, pero nuestro posicionamiento en función de construir una Provincia en base a un desarrollo sustentable y que resguarde nuestros recursos naturales, es claro y contundente, y es por esta razón que hemos sostenido una posición firme ante los intentos por imponer el fracking, por parte del Gobierno Provincial.
Hemos elegido estar siempre del lado de nuestro pueblo, defendiendo sus intereses y cuidando nuestros recursos naturales, hoy vamos a seguirlo haciendo.
Lo afirmamos y lo reafirmamos, la Ley 7722 NO SE TOCA.”
La ley 7722 fue sancionada en el año 2007 a partir de las manifestaciones sociales que pedían la protección del agua. La legislación prohibió “el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”. Tal legislación dejó sin posibilidad a la minería metalífera a cielo abierto en la provincia, por lo que la ley viene siendo atacada desde su sanción principalmente desde los sectores mineros. En el 2015 se pidió la inconstitucionalidad de la legislación, petición que fue rechazada por la Corte Suprema.