Integrantes de la unidad fiscal especializada en casos de apropiación de niños y el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo afirmaron que se abrevió a cuatro meses el lapso para constatar la identidad de nietos, que antes tardaba dos años y medio.
“Abuelas calculó sobre una muestra bastante amplia de casos que, entre que se iniciaba la causa y se ordenaba la prueba de ADN, pasaban dos años y medio, y esto no se justifica en términos procesales porque la cantidad de pruebas que hay que tener previo a esta medida se puede reunir en unos meses”, contó Pablo Parenti, coordinador de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños.
Parenti enfatizó que “en la Unidad estamos demostrando que en tres, cuatro o cinco meses se puede reunir la información necesaria para pedir el ADN, y lo mismo puede hacer un juzgado, así que creemos que el Protocolo es una buena herramienta para poder acortar los tiempos judiciales”.
El experto atribuyó las demoras a “problemas de ineficacia en los tribunales, reticencias que siempre hay, y a los funcionarios judiciales que le escapan a la medida, porque para ellos también es difícil convocar al joven a una audiencia, contarle que quizá es hijo de un desaparecido, decirle que hay que sacarle una muestra biológica”.
Según afirmó el fiscal, en un ciclo público que el Banco Nacional de Datos Genéticos hace en su flamante sede de Córdoba 831, del ministerio de Ciencia y Tecnología, “todo junto da como resultado una gran demora en ordenar la prueba de ADN”, además de una gran disparidad para instrumentar el peritaje que supone la muestra biológica.
Como responsable del funcionamiento del Banco, el Ministerio organiza encuentros temáticos sobre aspectos relacionados con la identificación genética de víctimas de desaparición forzada y supresión de identidad, algunos de cuyos aspectos judiciales fueron divulgados en la jornada.
“Hicimos desde comienzo de año unas 40 investigaciones que ya son denuncias judiciales a partir de información recibida desde Abuelas, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad-Conadi, el Programa de Recompensas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y particulares, con datos que justifiquen la extracción de muestras biológicas para el análisis de ADN, que es la prueba fundamental”, dijo Parenti.
Junto con Martín Niklison, Parenti representa al Ministerio Público Fiscal en la Conadi, presidida por Claudia Carlotto e integrada por diversas agencias del Estado y Abuelas de Plaza de Mayo.
“La existencia de esta unidad responde a necesidades como mejorar los tiempos y la metodología de las investigaciones judiciales, a través de un protocolo de actuación aprobado por la Procuraduría que estandariza las medidas necesarias en cada caso y a quién pedir la información para que no se demore el caso“, definió el experto.
“El protocolo ayuda a superar dificultades de organización judicial, con fiscales que expresamente se opusieron al avance de los juicios de lesa humanidad e incluso terminaron imputados o tuvieron que renunciar, como el caso de Romero Victorica luego del testimonio de Victoria Montenegro”.
En estos años “se venía observando que estas causas tenían algunos problemas adicionales, como una gran demora en llegar a la prueba de ADN, que motivaron la creación de una unidad específica dentro de la Procuración”, relató.
El Protocolo incluye un capítulo sobre la manera en que se tiene que implementar la prueba de ADN para que sea eficaz y se garantice transparencia; fiscales que estén presentes en las audiencias; y un equipo interdisciplinario que reciba a un joven que es citado.
Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, detalló información acerca de los aspectos a tener en cuenta en las causas para asegurar la validez de las pruebas genéticas realizadas y minimizar la posibilidad de impugnaciones espurias.
Hace décadas, Abuelas dio impulso a la creación del Banco y logró que la Justicia reconociera la validez de los estudios genéticos, que fueron reconocidos como pericias para restituir la identidad a más de un centenar de nietos apropiados, hijos de padres secuestrados y desaparecidos.
Parenti concluyó que “el Banco Nacional de Datos Genéticos es la herramienta fundamental para la prueba de ADN, y a nosotros nos interesa tanto como a las víctimas que sea intachable, para que se pueda preservar la legitimidad social del Banco”.-
Fuente: Télam