El debate se abrió en el Valle de Uco cuando un grupo de jóvenes de Tupungato se manifestó frente a la Comisaría 20 contra la violencia policial. Al respecto, como parte del Comité para la Prevención de la Tortura, Tratos Crueles y Degradantes, Fernando Rule aseguró que son diversos los casos que se suceden en la provincia y que “no debe naturalizarse la forma de proceder de la fuerza, que se presenta para atentar contra los derechos humanos”.
Una marcha realizada en octubre por jóvenes en Tupungato, en la que denunciaron haber sido golpeados en reiteradas ocasiones por efectivos policiales y ser perseguidos por portación de rostro, instaló en la agenda pública el debate sobre la violencia institucional, y las formas de proceder de la fuerza de seguridad.
“Estuvimos en el campamento de jóvenes previo a la manifestación. Pudimos saber que hay un lugar en el Cordón del Plata donde los pibes dejaron de ir a jugar, porque cada tanto la Policía pasa y se lleva a alguno”, dijo Rule sobre la situación denunciada en Tupungato.
El integrante de la Comisión aseguró que los testimonios recabados en el Valle de Uco se corresponden a los surgidos en Lavalle y San Rafael, entre otros: “Existe una aberración jurídica que no coincide para nada con una política democrática que es la ley policial (6722)”.
La ley 6722 dice que el policía puede detener a cualquier persona, en cualquier lugar y requisarlo. Avala la aprehensión hasta 12 horas por averiguación y establece una extensión de 12 horas más en el caso de que algún juez o fiscal lo crea necesario.
Sin embargo, según Rula existe una diferencia entre la normativa legal y la práctica: “Muchas veces se dicta la incomunicación de la persona, esto equivale a que nadie sepa dónde está, queda aislado […] En ese tiempo suelen meterlos a una celda y dejarlos ahí, a veces hasta sin comida. Y es habitual que se los torture de diversas formas y para colmo les hacen firmar un papel donde dice que la Policía los trató bien”.
El Comité para la Prevención de la Tortura, Tratos Crueles y Degradantes fue credo en marzo de este año, y trabaja junto a la Procuraduría de Personas Privadas de la Libertad de Mendoza a cargo de Fabricio Imparado. Ambos organismos buscan contralar los casos de violencia policial. “No podemos dar solución a estos actos pero si podemos monitorearlos y dar aviso”, sostuvo Rule.
Actualmente este tipo de hechos pueden ser denunciados en la Dirección de Protocolo de Derechos Humanos- dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos-, la Procuraduría de Personas Privadas de la Libertad y en organismos dedicados a la violencia institucional. Además, las provincias de Chaco, Salta y Rio Negro trabajan con organizaciones que monitorean casos relacionados con la violencia institucional, en el marco de la ley 8.284 que surge como una recomendación de las Naciones Unidas a los Estados, de controlar que no se someta a la ciudadanía a ningún tipo de tortura o trato degradantes.
Un comentario
Poooobre los chicos… inocentes criaturas que se portan como santitos y seguro la policia de malos que son salieron a molestarlos… Pero che… No se porque no dejan a los pibes hacer lo que quieran, o no es lindo verlos drogarse, emborracharse o andar en el auto de papa a altas velocidades?
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