Desde 1983 hubo 69 intentos de reformar la Constitución Provincial. Radicales, peronistas y otras fuerzas presentaron proyectos que sistemáticamente fueron obstaculizados por quien hiciera de oposición al gobierno de turno. Aunque la actual Carta Magna es la más antigua del país (1916), su modificación parece depender más de los intríngulis partidarios que de un debate comprometido donde una nueva sociedad plantea sus nuevas necesidades.
A lo largo del último período democrático todas las fuerzas políticas y los sectores representativos de Mendoza han planteado la necesidad de la reforma de la Constitución. De los 69 proyectos que ingresaron a la Cámara de Diputados cinco fueron presentados por el Poder Ejecutivo (en 1985, 2003, 2005, 2006 y 2007); 25 por el Partido Justicialista (en 1985, 1986, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 y 2009); 19 por la Unión Cívica Radical (en 1986, 1988, 1989, 1992, 1999, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009); 6 iniciativas fueron elaboradas por el Partido Demócrata (en 1988, 1991, 2004 y 2008); y las restantes surgieron de la Cámara de Senadores y los bloques de las demás fuerzas políticas.
La necesidad de adaptación a los nuevos tiempos fue percibida en otras provincias que lograron concretar las reformas: 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya han actualizado sus textos constitucionales. Once estados provinciales lo hicieron después de la sanción de la Constitución nacional de 1994: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán. Ocho sanciones fueron realizadas antes de la Carta Magna nacional, pero durante el actual período democrático: Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Río Negro, San Luis y Tierra del Fuego. La Constitución de La Pampa es de 1960 pero se reformó en 1994. Sólo cuatro Constituciones son anteriores a la actual democracia: Entre Ríos (1933), Misiones (1958), Santa Fe (1962) y Mendoza (1916), la más antigua de todas.
Aunque la Carta Magna provincial es la más antigua del país, en su momento fue una de las más progresistas; sin embargo, es evidente que la sociedad actual nada tiene que ver con la de principios del siglo pasado. La vida, las necesidades, las problemáticas, las relaciones, son distintas. En ese contexto los impulsores de la reforma plantean la adecuación de la Ley fundamental de la provincia, con el reconocimiento de nuevos derechos como premisa. Igual, en este punto, aún cuando hoy por hoy la oposición al gobierno dice que no debe haber Reforma, lo concreto es que, como se detalló, todos los sectores la han pedido en algún momento.
La discusión se ha transformado, como muchos de los temas actuales, en una contienda con ribetes de cultura futbolera, donde la sociedad toma partido a favor o en contra según las preferencias políticas y no por el convencimiento de si es o no necesaria la reforma constitucional. La simplificación de los argumentos, se ha reducido a la reelección del gobernador, un mensaje bastante demagogo y miope, que no solo tal vez deje pasar otra oportunidad de adaptación a los tiempos que corren, sino que además desplaza al ciudadano de las discusiones profundas, donde cada sector pueda plantear sus necesidades y propuestas.
Minorías, nuevos actores sociales, la representación de los departamentos chicos y el medioambiente son temas no tratados por la Constitución del 1916 y que son incorporados por la propuesta actual. Una de las temáticas que sin duda debe tener un tratamiento especial (y por el cual algunos sectores se muestran esquivos a modificar la Carta Magna) es el agua y su distribución: la inherencia del recurso a la tierra debe ser garantizado, aunque habrá que repensar el panorama por lo menos para los próximos 50 años.
La máxima Ley de Mendoza pronto tendrá un siglo. No es una pavada pretender cambiarla por una nueva o por lo menos hacerle unos retoques: es un paso trascendental en la vida de toda una comunidad. Más allá de las divergencias, se presenta una oportunidad para que la sociedad demuestre la madurez de 30 años de democracia, y para la que la clase política gaste menos energía en disputas partidarias y se concentre en el presente y en el futuro de todos los mendocinos.
Un comentario
La reforma de la Constitución que encarna Pérez conjuntamente a su ejército de lobbistas aliados en tal sentido, no es otra cosa que un maquillaje denso de cambios inútiles que en realidad ocultan el verdadero sentido, que no es otra cosa que su re-, o quizás..re re elección. Los derechos ambientales, de discapacitados, etc, la gente debe saber que ya están plasmados en la Constitución Nacional,(de jerarquía superior a la Constitución de Mendoza, y por ende, obligatoria para todas las provincias). Tal vez podría rescatarse de ese borrador apurado e intelegible reformista, la posibilidad de representación departamental en la Legislatura provincial. En ese caso solamente se debería reformar un solo artículo por la vía de la enmienda.
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