Se trata de miles de hectáreas ubicadas en el paraje La Remonta, Tunuyán. Difunden imágenes de especialistas realizando tareas de mensura.
En medio de la polémica que existe con los pobladores de la zona, el pasado jueves se difundieron imágenes que demuestran que siguen en marcha las tareas para sacar a remate alrededor de 7.000 hectáreas que pertenecen al Ejército Argentino y están emplazadas en el departamento de Tunuyán. En el lugar, ya se estarían realizando las tareas de mensura para sectorizar las parcelas que saldrían a la venta por un precio millonario.
El último viernes, un centenar de vecinos le hicieron saber a las autoridades del Ejecutivo provincial su preocupación por el avance de una iniciativa que, según afirman, deja más dudas que certezas. «Estuvieron presentes miembros del Gobierno provincial, legisladores, intendentes y concejales, los cuales escucharon el rechazo por parte de los vecinos autoconvocados», expresó el abogado Marcelo Romano.
Romano representa a Guillermo Gómez, un hombre de 63 años que desde que nació vive en el paraje de La Remonta. Según el letrado, tanto su patrocinado como el resto de los habitantes de los terrenos que saldrán a remate tienen incertidumbre sobre qué sucederá con ellos si avanza el proyecto diseñado por la Unidad para el Cambio Rural (UCAR). En concreto, temen que sus tierras queden en manos de empresarios que puedan hacer frente al costoso precio por el cual se rematarían las parcelas.
Sucede que las mismas serían de una extensión de 50 hectáreas, a un precio de 30.000 dólares por hectárea. Es decir, un total de 1,5 millones de dólares. Al sentirse excluidos, los productores de la zona pidieron que se ponga un freno al proyecto impulsado por el coordinador de la UCAR, Alejandro Gennari.
En diálogo con MDZ Radio, este último señaló que se trata de una iniciativa que apunta a aprovechar terrenos que hoy se encuentran improductivos y así poder generar empleo en el Valle de Uco. «A las personas que tienen terrenos alquilados se les respetarán los convenios y se los ayudará para que, quienes pueden hacerlo, compren las parcelas», destacó Gennari.
En este sentido, defendió el efecto que este remate generará en la zona y advirtió que tendrá un costo cero para el Estado, ya que el dinero que se invierta luego se le cobrará a los privados que inviertan. «Son hectáreas con derecho a riego y se realizarán obras de presurización. Se va a hacer obra de infraestructura para optimizar el recurso, por lo que va a haber más agua», agregó y manifestó que entre esas obras aparecen represas y tuberías a presión.
Justamente, este es uno de los puntos que más preocupa a los vecinos de la zona, quienes exigen garantías de que no se verán afectados por la utilización de agua en estas 4.000 hectáreas. «No se oponen al proyecto, sino que se oponen de que sólo beneficie a unos pocos», manifestó Romano y pidió que haya una discusión abierta antes de avanzar en el mismo. En cambio, asegura que este proyecto que cuenta con el visto bueno nacional ha sido desarrollado «de arriba hacia abajo», sin siquiera consultar con los municipios. «Hay preocupación de las 23 familias que viven en el predio y de los habitantes de la zona», concluyó Romano, quien denunció que pese a la protesta de estos mendocinos, el Gobierno ya avanza en la mensura de los terrenos.
«Avanza a una velocidad que no permite detenerse a pensar. Hay que hacer un aforo del río para ver cómo impactará en el resto de la cuenca», finalizó y cuestionó el hecho de que el impulsor del emprendimiento, sea el mismo que debería controlarlo. «El Departamento General de Irrigación debe controlar y Gennari es consejero del mismo», disparó Romano. Al respecto, Gennari ha aclarado que como miembro de tribunal de Irrigación puede abstenerse de intervenir en casos en los que puedan existir conflictos de interés.
Fuente: Mdz