Sin notificación previa, el viernes pasado irrumpieron en uno los puestos del Yaucha donde vive la familia Salinas. Vecinos se manifestaron en el Juzgado de Paz del departamento.
Pedro Daniel Salinas vive en tierras del Yaucha hace 52 años; lugar donde antes también habitaba su padre. Allí, junto a su familia, han levantado un puesto, crían animales y viven del campo.
A pesar de la larga historia de los Salinas en ese punto del sur sancarlino, y de contar con actas posesorias que corroborarían que son los dueños de esas propiedades, el pasado viernes intentaron desalojarlos sin aviso alguno.
«El viernes pasado ellos habían bajado a comparar pasto; hacen noche en Eugenio Bustos y antes de volver había un compañero allá que les avisó que les habían cortado el candado y que habían entrado unos tipos en una camioneta. Entonces ahí fueron a hacer la denuncia a la Policía Rural, donde les dijeron que era un desalojo. Antes de eso todos creíamos que era alguien que se quería meter a robar al campo», relató a El Cuco Digital Damián Moreno, amigo de la familia Salinas y miembro de la organización Crece Desde El Pie.
«Los tipos que entraron al puesto volvieron a bajar y no dejaron una notificación, entonces para nosotros sigue siendo un robo, por eso ha quedado una denuncia radicada en la Comisaría 20, porque hasta el día de hoy no se los ha notificado de ningún desalojo, nos enteramos todo por palabra», agregó el hombre.
Por otro lado, Damián comentó que tras realizar diferentes averiguaciones confirmaron que hay una orden de desalojo impartida por la Justicia Provincial, pero que sin embargo el procedimiento presenta una serie de irregularidades, principalmente porque el lugar ya está en juicio hace algunos años con la Justicia Federal, «entonces no puede haber superposición de causas».
«Hemos ido con las abogadas a ver el expediente a Mendoza y el otro abogado, que es el que representa a la persona que se quiere quedar con las tierras, lo había retirado y lo tenían que devolver ayer pero no lo había hecho, entonces con las abogadas hicimos un requerimiento de que lo entreguen. Por ese motivo no hemos podido ver el detalle de todo el artilugio que han armado como para que un juez, encima, les dé una orden de desalojo, que eso es una locura».
Para concluir y previó a la movilización que se llevó a cabo en la Villa Cabecera de San Carlos, donde está ubicado el Juzgado de Paz, Damián dijo: «Vamos a ir a intentar hablar con el juez de Paz de San Carlos porque es el espacio local que tenemos de acceso a la justicia. La idea es que pueda comunicarse con el otro juez y explicarle la situación. Esto pone mal a gran sector de la comunidad porque la relación con las familias puesteras es muy grande; es parte de nuestra cultura».