La intención es incorporar nuevas sanciones en el Registro de Infractores Laborales. El proyecto fue presentado en Legislatura por los bloques Néstor Kirchner e Integración Peronista.
Según señalan en los fundamentos, “si bien la mencionada norma (Ley 8374) tiene como objeto impedir el acceso a beneficios fiscales, impositivos, económicos o financieros dispuestos por la provincia a los empleadores que tengan antecedentes en el Registro de Infractores Laborales de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de Mendoza, pretendemos incorporar nuevas sanciones para estos infractores, tales como la imposibilidad de seguir participando en las licitaciones públicas o ser proveedores del Estado”.
El senador Ricardo Pettignano explicó que el objetivo es “transmitir la preocupación de este grupo de legisladores por los acontecimientos que rodean lo sucedido con Vale”, teniendo en cuenta que “en el sur de la provincia se ha empezado a sentir con profundidad la suspensión del proyecto” Potasio Río Colorado.
“Hay más de 80 notificaciones de despidos. Creímos conveniente establecer algunas herramientas de protección a las fuentes laborales”, subrayó y consideró que de este modo, quienes no acaten la conciliación obligatoria dispuesta por la Nación en la modificación propuesta al Registro de Infractores como en el caso de Vale, “no podrán licitar con el Estado”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, sostuvo que la idea es que “las empresas subcontratistas, que son muchas, cumplan con la conciliación obligatoria”. Además, señaló que “la inversión es muy grande” y que “si el Estado se hiciera cargo de estas empresas privadas (involucradas en el proyecto de Vale), cualquier otra empresa privada podría pedir el mismo tratamiento”.
Respecto a las empresas, el senador Germán Gómez expresó que se hace un esfuerzo político y social muy grande para poner en marcha los proyectos y que sin embargo ante la primera situación muchos empresarios responden enviando telegramas de despido.
Pr su parte, Pettignano aseguró que el gobernador Francisco Pérez tuvo la iniciativa de saber “cuántos de los empleados contratados o subcontratados por Vale viven realmente en Mendoza, porque son a los que hay que sostener, y cuáles son las empresas de la provincia a quienes se les ha cortado la cadena de pago”. En este sentido, la presidenta provisional del Senado, Miriam Gallardo, aclaró el proyecto presentado por el sector “va más allá de Vale”. “Lo de Vale fue un alerta para todos los proveedores del Estado”, concluyó.