Un tribunal guatemalteco de alto riesgo dictó prisión preventiva contra cuatro ex patrulleros civiles por la matanza, en 1982, de 268 campesinos, la mayoría mujeres y niños.
Los hechos juzgados ocurrieron el 18 de julio de 1982 en la comunidad Plan de Sánchez, en el municipio de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, a unos 180 kilómetrosal norte de la capital guatemalteca.
Los implicados son un ex comisionado militar y tres ex miembros de las desaparecidas fuerzas paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), según despacho de las agencias DPA y Prensa Latina.
En esos días había cumplido cuatro meses al frente de gobierno de facto el general Efraín Ríos Montt, quien niega su participación en el genocidio del pueblo maya.
Los cuatro acusados, Lucas Tecú, Mario Acoj, Eusebio Grave y Santos Rosales alegaron ser inocentes en su primera declaración ante el tribunal tras su captura hace una semana.
La decisión de una jueza del juzgado primero de alto riesgo de llevarlos a juicio renueva la esperanza de familiares de las víctimas en encontrar justicia a pesar del largo tiempo transcurrido.
En una denominada audiencia de primera declaración todos se declararon inocentes, pero aún así la jueza los envió a detención preventiva con cargos de asesinato y delitos contra deberes de la humanidad.
Los implicados fueron capturados a poco de haberse dictado una histórica sentencia para cuatro ex militares por la masacre de unos 250 campesinos el mismo año en la aldea Dos Erres, en Petén, a cargo de tropas de elite del Ejército, los llamados «Kaibiles».
En esta ocasión las autoridades informaron que restan más detenciones por la acción castrense de hace 29 años, en la cual tuvieron relevante participación las PAC.
Sobrevivientes y parientes de las víctimas presentaron en 1996 una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual condenó en 2004 al Estado de Guatemala
Fuente: Télam