El senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ) presentó un pedido de informe para que la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, le detalle a la Cámara Alta “las medidas que la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti) tiene previstas implementar durante el año 2016 a los fines de prevenir y combatir el trabajo infantil”, debido a que este organismo no se reúne desde hace más de cuatro meses.
También, en vista de las actividades de control y las sanciones que deben adoptarse en el marco de la ley Nº8.374, de la cual es autor, solicitó que la misma subsecretaría dé a conocer los datos de los empleadores que hayan sido incluidos en el Registro de Infractores Laborales por violar esa norma al comprobárseles que practicaban trabajo esclavo e infantil, desde el 1 de enero del 2012 hasta la actualidad.
Su preocupación abarca además la desaparición de la Dirección de Empleo de la Provincia, que implementaba los programas de estadísticas laborales, de capacitación y de sostenimiento del empleo, así como el denominado Buena Cosecha, para cuidar a los niños mientras sus padres trabajan en el ámbito rural.
“El Estado debe estar presente”
Al respecto, el legislador justicialista remarcó: “Este cuadro de situación que se advierte hoy en día resulta alarmante, porque desnuda un panorama desalentador y de retroceso institucional en donde el Estado debe estar presente para garantizar los derechos laborales y el bienestar de los trabajadores y sus familias, sobre todo si hay menores implicados en prácticas ilegales que vulneran tanto su integridad física y psicológica como su acceso a la educación obligatoria”.
“De esta manera –recalcó Gustavo Arenas–, al haber cada vez menos puestos laborales que además están mal remunerados, algunos trabajadores se ven obligados a hacer trabajar a toda su familia, incluidos a los menores de edad, que dejan de estudiar y pasan a ser mano de obra precarizada; esto es en negro y sin contar con la protección social o de previsión de la salud que les corresponde por ley”.
“Se da así una situación de indefensión frente a la cual el Estado debe actuar defendiendo los derechos de esos trabajadores, sus familias y los menores implicados en una irregularidad que lamentablemente parece convertirse en algo aceptado por los mismos funcionarios que deben velar por la protección de los ciudadanos”, afirmó el representante del FPV-PJ en la Cámara Alta local.
Previamente, en febrero del 2011, el legislador justicialista había presentado en la Cámara de Diputados un proyecto que fue aprobado por unanimidad para convertirse en la actual ley Nº8.374, la cual dispone que ningún empleador que registre antecedentes de trabajo infantil o de mantener a sus trabajadores bajo condiciones laborales similares al trabajo esclavo, en los últimos dos años, podrá acceder a beneficios fiscales, impositivos, económicos, financieros o de cualquier otra índole otorgados, a otorgar o dispuestos por la Provincia de Mendoza.
La norma, sancionada el 15 de noviembre, promulgada con el decreto Nº3.247, del 2 de diciembre, y publicada en el Boletín Oficial el 14 de diciembre del mismo año, también establece que para acceder a esos beneficios deberá acreditarse mediante certificación emanada de autoridad competente que no se registran antecedentes de haber incurrido en esas prácticas. Una modificación posterior –a instancias del mismo Gustavo Arenas– estableció que los nombres de las empresas infractoras sean difundidos por los medios masivos de comunicación, algo que aún no se ha concretado a pesar de estar vigente la norma.
Contra las políticas de ajuste
La solicitud se basa en el contexto actual que se vive tanto en la provincia como en el país, donde se avizora el retorno a la alta desocupación y la precarización del empleo como consecuencia de las políticas de ajuste adoptadas oficialmente y que repercuten en los más humildes, “como la devaluación y aceleración de la inflación, el ajuste tarifario en servicios públicos, la licuación de los ingresos de las familias argentinas, los despidos masivos y el techo a las paritarias”, entre otras de las que son señaladas en los fundamentos de la iniciativa.
En este sentido, la argumentación de la propuesta aclara que “la baja del empleo en actividades básicas como la construcción (en los últimos meses se han perdido 5.300 puestos de trabajo, con posibilidades de que se puedan sumar 4.000 más en pocas semanas si no se reactiva el sector), el comercio minorista y el turismo (frente a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la disminución del consumo), el riesgo de más pérdidas de puestos de trabajo en la producción petrolera y frutícola, y especialmente la vitivinicultura, y los despidos masivos e indiscriminados en la Administración Pública son los primeros síntomas de la política económica, social y laboral que se está implementando”.
Simultáneamente refleja que, hace unos días, “ la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme) de Mendoza hizo público un crudo comunicado en el que repasa la realidad del sector y declaró la ‘emergencia industrial’, lo que lleva a pensar que “las políticas implementadas no hacen si no reeditar las políticas neoliberales que tanto daño han hecho a nuestro país”.
Luego advirtió el senador que, “como consecuencia de este proceso de retracción, la precarización de la actividad laboral permite que algunos empleadores inescrupulosos sometan a sus trabajadores a condiciones que no sólo violan la normativa vigente, sino que resultan incompatibles con la dignidad humana, incluyendo situaciones de trabajo infantil”.
Según la normativa actual, el trabajo infantil es toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia –remunerada o no– realizada por niñas y niños por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata de trabajo peligroso.
Con relación a esto, la Ley N º26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, del 24 de junio del 2008, en su artículo segundo les prohíbe expresamente el trabajo a las personas menores de 16 años, en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual y sea éste remunerado o no.
Por su parte, el Convenio Nº138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la República Argentina mediante la norma Nº24.650, establece que “todo miembro para el cual esté en vigor este convenio se compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños”.
En este marco, el senador Gustavo Arenas consideró que “observar el cumplimiento de las leyes laborales es un deber irrenunciable del Estado y si, a pesar de la existencia de una normativa laboral clara y terminante, todos los años se conocen situaciones de trabajo esclavo e infantil, se deben adoptar medidas adicionales que contribuyan a erradicar estas prácticas”.
Funciones de la Copreti
La Copreti surgió en su momento como un organismo destinado a coordinar las actividades que se implementen en las distintas jurisdicciones en el marco de un acuerdo celebrado entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti) y el Consejo Federal del Trabajo.
A su vez, la Conaeti había sido integrada como un ámbito especializado en el combate contra el trabajo infantil, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación , derivada de un “memorando de entendimiento” con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Es por eso que, en el actual contexto de precarización laboral en que se encuentra nuestra provincia, Gustavo Arenas advirtió que debe darse máxima relevancia a la tarea que desarrolle la Copreti de Mendoza en la lucha contra el trabajo infantil, para lo cual es necesario conocer públicamente qué medidas prevé implementar durante este año con respecto a ese flagelo.
Fuente: prensa Gustavo Arenas