De las 18 muertes confirmadas, el INDH tiene información sobre el fallecimiento de cinco personas a causa de la acción de las autoridades.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos están en alerta por el aumento de denuncias sobre torturas, disparos contra civiles indefensos, detenciones ilegales, abusos y todo tipo de maltratos en las represiones de Chile.
En un contexto de militarización de grandes ciudades, algo que no se veía desde la dictadura de Augusto Pinochet, una gran cantidad de imágenes que muestran a los agentes de las fuerzas armadas y carabineros disparando contra manifestantes se dispersaron rápidamente en las redes sociales.
Pero en las últimas horas se multiplicaron denuncias sobre supuestos actos ilegales que no fueron captados por cámaras de televisión o teléfonos celulares, al tiempo que en las redes se sucedían las polémicas acerca de la veracidad de imágenes sobre brutalidad policíaca.
El ministro chileno de Justicia, Hernán Larraín, ofreció una conferencia de prensa en la que se refirió a esta situación y advirtió que «todos los que tengan responsabilidades deberán sufrir las consecuencias si se constatan acciones delictivas».
“Nos duele profundamente constatar la existencia de personas que han fallecido o han recibido lesiones graves. Nuestro compromiso con la democracia es irrenunciable y es inseparable del respeto y protección de los derechos humanos y el funcionamiento del Estados de Derecho”, añadió.
La situación llevó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un organismo autónomo pero financiado con fondos públicos, a presentar una queja por la falta de transparencia en la difusión de cifras oficiales sobre personas muertas, heridas o detenidas en el curso del estallido social.
Sergio Micco, director del Instituto, advirtió que «la acción policial y militar ha ido in crescendo» en los últimos días, «lo cual se refleja en los números de detenidos, heridos y muertos».
Hasta hoy, el INDH tenía información confirmada sobre el fallecimiento de cinco personas a causa de la acción de agentes del Estado, entre los 18 muertos desde que comenzó el conflicto.
Además, computaba 376 heridos (173 de ellos de bala) y 2.138 detenidos, casi 250 de ellos niños o adolescentes.
También registró «relatos de desnudamientos, torturas, disparos contra civiles, maltrato físico y verbal, golpes, y demora de la Policía en conducir a las personas detenidas a la comisaría, manteniéndolas en los furgones, con mala ventilación y hacinadas, durante horas», según una declaración pública.
Asimismo, interpuso 44 acciones judiciales en defensa de las víctimas de la represión. El INDH cuenta con consejeros designados por la Presidencia de la Nación, las cámaras legislativas, las universidades y las agrupaciones de derechos humanos.
A su vez, el Partido Comunista de Chile denunció que personal de Carabineros concretó esta madrugada detenciones ilegales en un local de las Juventudes Comunistas (JJCC), en medio del toque de queda que regía en Santiago.
La agrupación denunció que tres de sus representantes fueron detenidos y retenidos varias horas en la comisaría tercera de Santiago, hasta que fueron liberados esta madrugada.
«Esta detención se realizó dentro de un edificio, sin mediar ninguna provocación, sin violar el toque de queda; fueron atacados con gas pimienta y llevados a la 3 comisaría de carabineros de Santiago», señalaron las JJCC en un comunicado.
Fuente: Télam