Por primera vez, una causa por crímenes de lesa humanidad es considerada por el Banco Central antes de resolver un pedido de autorización para la transferencia de una entidad financiera cuyo accionista mayoritario es el ex vicepresidente del propio BCRA durante la dictadura, Alejandro Reynal.
Se trata del juicio por el secuestro y las torturas a las que fue sometido el banquero Eduardo Saiegh durante la dictadura, y el desapoderamiento de su Banco Latinoamericano (BLA).
En la causa, reabierta por orden de la Cámara Federal, se investiga la responsabilidad que tuvo Reynal en los hechos denunciados, y por ese motivo el BCRA realizó la consulta al fiscal Eduardo Taiano antes de permitir la posible venta de MBA Lazard (Merchant Bankers Asociados) a una entidad financiera santafesina.
Se trata del juicio por el secuestro y las torturas a las que fue sometido el banquero Eduardo Saiegh durante la dictadura, y el desapoderamiento de su Banco Latinoamericano (BLA) El fiscal confirma en su respuesta al BCRA que el caso está siendo investigado como delito de lesa humanidad, aunque deja a las autoridades monetarias la responsabilidad de la decisión final sobre si la transferencia de MBA Lazard debe ser autorizada mientras la causa se sigue cursando.
Saiegh fue desapoderado del BLA tras haber sido detenido por la División Bancos de la Policía Federal, que investigaba, por indicación del BCRA en base a una denuncia anónima, supuestos crímenes financieros y fue torturado durante una semana para que confesara delitos inexistentes, tanto en las oficinas de esa repartición policial dentro del propio Banco Nación, como en el Departamento Central de Policía, el 31 de octubre de 1980.
La operación que ahora se pretende formalizar para la transferencia de MBA Lazard había sido preacordada el año pasado, pero fue presentada recién este año a la autoridad financiera.
El Estado nacional es coquerellante en la causa 1875/90 por Terrorismo de Estado y acompaña en tal sentido el pedido de Eduardo Saiegh con una fundamentación redactada en 2004, suscripta por el entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
En el escrito presentado a la Justicia, el ex secretario ya fallecido afirma que “los hechos denunciados (por Saiegh) se corresponden por entero con la metodología y el accionar de los grupos de tareas de la última dictadura militar, tanto en lo que se refiere a la apropiación indebida de bienes y la búsqueda de lucro en el curso de la represión ilegal, como al componente discriminatorio que caracterizó al Terrorismo de Estado con respecto a la comunidad judía”.
Saiegh acusa a Reynal desde 1982, año en que le inició la primera querella penal por extorsión, de haber impulsado, como funcionario de estrecha confianza del ex ministro de Economía José
Alfredo Martínez de Hoz, y como máxima autoridad operativa financiera, la autoliquidación forzada de su banco.
Saiegh sostiene que esto fue motivado por las acciones controlantes de Austral que estaban caucionadas en el tesoro del banco, como garantía por un crédito de 7 millones de dólares, lo que lo convertía en el único acreedor privado de la compañía aérea que se estatizó mediante un decreto reservado que se tramitó en sólo 48 horas.
La estatización beneficiaba, entre otros socios de Austral, a su presidente William Reynal, primo hermano del entonces vicepresidente del BCRA, a Roberto Servente, a la familia Braun Menéndez y a otros accionistas como La Anónima S.A.
La liquidación forzada del Banco Latinoamericano se concretó a pesar de que había “tres grupos que eran firmes compradores tras haber evaluado su situación”, y que fueron presentados en su momento ante el Banco Central, dice el ex banquero, como prueba de que las cuentas no presentaban quebrantos.
Saiegh sostiene que a raíz de esto se debe investigar también esa liquidación en el marco de una operación de lavado de dinero obtenido mediante acciones de Terrorismo de Estado económico, ya que mientras él estaba secuestrado, Reynal se reunió con directores de su banco “para exigirles primero que lo apartaran del directorio y concretaran luego la autoliquidación, bajo amenaza de que si no lo hacían le pasaría a todo el directorio lo mismo” que a Saiegh.
La liquidación del BLA, denuncia Saiegh, le permitió al BCRA “incluirlo en el circuito delictivo de la devolución de redescuentos por adelanto para el reintegro de depósitos.
El ex banquero describió a Télam esta operatoria ilegal como “una maniobra que se ejecutaba enviando, desde el BCRA, a los “interventores amigos” de Reynal en las entidades financieras liquidadas más recursos de los que se suponían necesarios para concretar la devolución de depósitos.
Estos fondos “excedentes”, indica, eran luego “retirados en efectivo mediante el uso de miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Federal”.
En esta misma dirección avanzó también el jueves último el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, al anticipar que esta semana podría acusar a los principales accionistas de Papel Prensa de «lavado de dinero» proveniente de la apropiación de bienes de desaparecidos y aludió a la posible «recuperación» de esa y otras empresas, ya que en la misma situación, dijo se encuentran los casos de Eduardo Saiegh y de los hermanos Iaccarino, a los que consideró «imprescriptibles, por ser delitos de lesa humanidad».
Desde MBA Lazard, Reynal intermedió en distintos negocios financieros, como cuando ofició de socio local del ex secretario del Tesoro norteamericano, Nicholas Brady, quien implementó el plan de reestructuración de deuda acordado con Carlos Menem y Domingo Cavallo.
También participó de las transferencias de entidades nacionales a capitales extranjeros, como los bancos Río y Francés.
Fuente: Télam