Se trata de aquellos permisos precarios de riego que tienen una vigencia de 10 años. La falta de agua genera que el organismo administrador del recurso deba tomar esta decisión. No sucederá con los permisos definitivos los cuales seguirán vigentes y recibirán el recurso hídrico correspondiente.
La falta de agua a causa de la actual emergencia hídrica genera que el organismo deba tomar esta determinación: “el agua que hay es la que tenemos y en base a eso debemos dar prioridad a otros permisos; los permisos precarios son de 10 años y dependen de la “oferta” de agua que exista, hoy esa oferta es poca”, sostuvieron desde el área de Gestión Hídrica de la Subdelegación de Agua del Rio Tunuyán Superior de Irrigación.
Claramente el problema que se plantea es que el agua no alcanza, desde hace 4 años Mendoza padece mermas de agua de las más pobres de la historia. Los permisos precarios se implementaron en los años 80 y 90 para suplir aquellas hectáreas que se daban de baja por urbanización u otro motivo.
Desde el Departamento General de Irrigación informaron que dentro de un año se evaluará todo el ecosistema hídrico “para saber dónde estamos parados” aseguraron. Asimismo, cuando se evalúa el año hídrico que comienza y se haga una medición de todos los cauces, la situación de los permisos precarios podría ser definitoria en relación a la administración del agua existente.
De esta forma será la primera vez que se realiza un balance hídrico en la zona, una acción que debe hacerse cada dos años para saber cuál es la cantidad de agua que se puede ofertar. El balance hídrico es una herramienta que estipula la ley de aguas.