La posibilidad de que el gobierno de Francisco Pérez utilice una ley aprobada en el 2001 –a través de la cual se estableció la necesidad de reformar la Constitución provincial– para conseguir, finalmente, que se apruebe la modificación de la Carta Magna de Mendoza, azuzó el enfrentamiento entre aquellos referentes políticos que ven con buenos ojos la «nueva» opción oficial y quienes se oponen tajantemente. Para entender la renovada estrategia a la que ahora apuntaría el Ejecutivo hay que remontarse hasta la gestión del entonces mandatario radical Roberto Iglesias.
Corría el año 2001, el presidente Fernando de la Rúa tambaleaba en su puesto y Argentina se encontraba inmersa en la peor crisis de su historia. En ese contexto, el Ejecutivo local decidió votar una ley que determinara la necesidad de reformar la Constitución, la cual fue aprobada por la Legislatura provincial, con amplio apoyo de todos los partidos.
Sin embargo, la posibilidad de modificar la Carta Magna fue frenada por el referéndum de ese año, que si bien expresó la voluntad popular en torno a la necesidad de avanzar sobre un proyecto reformista, no pudo obtener la mitad más uno de los votos positivos de los empadronados. No obstante, a pesar del fracaso del 2001, Pérez aprovecharía la vigencia de aquella norma –la promulgaría para que entre en vigencia– para impulsar la tan anhelada reforma. En este sentido, la estrategia oficialista radica en plantear la posibilidad de que la actual Corte revise el artículo 221 y, entonces, se determine qué es lo que realmente expresa la Constitución.
Por lo tanto, en el caso de que el Gobierno provincial insista en avanzar con esta opción, el máximo tribunal podría realizar una nueva interpretación para determinar si la Carta Magna habla de la mitad más uno de los votos del padrón o de quienes efectivamente votan, para que se habilite el proceso de reforma. Lo cierto es que, a partir de la posibilidad de que el Ejecutivo busque su per saltum hacia la Corte por la reforma, varias voces –a favor y en contra– se alzaron para dar su opinión.
Uno de los primeros que avaló jurídicamente la nueva estrategia fue el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Colegio de Abogados, Mariano Domínguez, quien afirmó que el planteo del Gobierno «es constitucionalmente posible». Además, el letrado indicó que esta especie de per saltum ya ocurrió dos veces en la provincia, en 1948 y en 1965, al expresar: «Esta situación en Mendoza se ha dado, lo que pasa es que el proceso de reforma ha sido siempre confuso, inconcluso y abierto». En la misma línea, Víctor Ibáñez, otro especialista en el tema, también manifestó la viabilidad de la opción que está analizando el Ejecutivo local.
Sin embargo, lo curioso del caso es que los argumentos de quienes apoyan la reforma a partir del reflotamiento de la ley aprobada en el 2001 y quienes se oponen a la modificación de la Carta Magna tienen un mismo punto de contacto: los antecedentes históricos. Es que, mientras desde el Ejecutivo avalaron esta posibilidad basándose en que se trata de una situación que ya se produjo en otros tiempos –1948 y 1965–, algunos referentes de la oposición, como el senador radical Armando Camerucci, afirmaron que el contexto en el que se produjeron esos cambios es la mejor excusa para oponerse al planteo oficial.
«Jurídicamente puede ser aplicable pero políticamente se trata de dos hechos traumáticos para la provincia», explicó el legislador por la UCR en relación con lo sucedido en 1943 –cuando el golpe de ese año frenó un nuevo proyecto reformista– y en 1965, año en el que, luego de un pacto entre los radicales y el Partido Demócrata, se restituyó la elección indirecta del gobernador, el vice y los intendentes para bloquear el acceso al poder del peronismo.
Sumamente crítico, Camerucci cuestionó la posibilidad que maneja el gobierno de Pérez; afirmó que la posición oficialista «refleja, una vez más, lo que es el kirchnerismo» y volvió a expresar la falta de clima propicio para discutir la reforma. También agregó: «Es un atropello al sentido común creer que una votación realizada hace 11 años puede ser un atajo para llegar a la reforma constitucional».
En el otro extremo, el intendente de Capital, Víctor Fayad, volvió a mostrarse cercano al kirchnerismo al avalar la nueva estrategia oficial. «Debo ser consecuente con mi forma de actuar. En su oportunidad, yo voté a favor de esa ley, por lo tanto, considero que es totalmente viable y legal», opinó, tras ser consultado sobre la opción que comenzó a barajarse en la Casa de Gobierno. Además, nuevamente cuestionó a la dirigencia de la UCR, al sostener que «está cambiando la identidad del radicalismo en la provincia», y al intendente de Godoy Cruz y presidente de su partido, Alfredo Cornejo, a quien calificó como un político que «le tiene miedo al peronismo».
No obstante, el jefe comunal de Ciudad no sólo manifestó la necesidad de reformar la constitución nacional, sino que elogió a Francisco Pérez al expresar: «Tiene identidad propia; después del 8N quedó demostrado cuando dijo que hay que escuchar los reclamos de la gente». Y arremetió otra vez contra la cúpula de su partido, al decir: «Hablan de que no hay clima social ni político para reformar la Constitución; Iglesias quiso hacerlo en el 2001, cuando la provincia estaba en llamas». Por su parte, si bien el ex gobernador Roberto Iglesias se mostró más cauto que Fayad en sus declaraciones al expresar que la «reforma constitucional no debe salir por esa vía», indicó que la posibilidad de que el Ejecutivo utilice el antecedente del 2001 es «factible y absolutamente legal».
No obstante, el ex mandatario sí se alineó con el intendente capitalino en cuanto a la visión de la gestión desarrollada por la conducción de la UCR. «Me preocupa que está sucediendo lo mismo que vengo anunciando desde hace tiempo; estamos metidos en un callejón sin salida en el que el oficialismo y el radicalismo se pegan palos cada semana; todos están equivocados y creo que una gran parte del enfrentamiento que existe es responsabilidad de mi partido». Finalmente, Iglesias dejó entrever que la última palabra la tendrá la Justicia mendocina al opinar que «si el oficialismo decide avanzar por esta vía, será la Suprema Corte la que deba fijar su posición».
Fuente El Sol