Por Rayén Castro
Entre las cuestiones que atravesaron la agenda del Congreso Nacional este 2012 hubo una que, amén de concitar gran consenso en buena parte del arco político parlamentario y el Poder Judicial, no ocupó el lugar que merecía. Se trata de la reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial, una tarea titánica y postergada, con un historial de idas y vuelta, tensiones coyunturales y especulaciones de todo tipo que impidieron su eventual tratamiento en otros momentos de nuestra historia legislativa.El Código Civil, texto valioso que data de mediados del siglo XIX, ha sido en rigor reformado en numerosas ocasiones. La reforma más importante data de 1968 -en pleno gobierno de facto del cursillista Onganía-, que sólo logró atemperar la inactualidad de numerosas disposiciones, dejando con ello al cuerpo normativo sujeto a la arbitrariedad de funcionarios del Poder Judicial que, con pretexto de atenerse al texto legal, han suscrito fallos cargados de un conservadurismo pasmoso, fundándolos en lo que el bueno de Dalmacio Vélez Sarsfield escribió hace unos 150 años. Ello sólo ya justifica de por sí la necesidad de un nuevo código.
Glosar la cantidad de novedades que trae la unificación de ambos cuerpos legales sería excesivo, pero conviene aclarar que lejos está de ser a lo que lo han reducido algunos comunicadores, que sólo refirieron al particular en lo atinente al -mal- llamado divorcio express, a una eventual (y falsa) posibilidad de pesificar la economía y al ¡alquiler de vientres! Habiendo tanto para comentar en ese anteproyecto de unos 2500 artículos que podría sin lugar a dudas tocar mucho más de cerca al hombre y mujer de a pie, no hay que ser demasiado perspicaz para percatarse de la mezquindad que implica reducir tamaña cuestión a esos puntos.
Vamos por partes. El anteproyecto que presentó la comisión encargada por la Presidenta, integrada por el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, la también integrante del máximo tribunal Elena Highton de Nolasco y la ex jueza de la Corte mendocina -orgullo local- Aída Kemelmajer de Carlucci es, en palabras del primero, “la labor de toda una generación”, declaración que se constata por la diversidad de criterios que en él convergen, fruto de la gran nómina de colaboradores en su confección. El mundo jurídico y universitario, en tanto, da cuenta de ello en la numerosa cantidad de charlas y debates que desde el año pasado viene estimulando en sus respectivos foros en torno al desarrollo del texto hoy en tratamiento legislativo.
Varias de las modificaciones apuntar a transformar casi íntegramente el Derecho de Familia. Lo que se busca es despojar a las normas referidas a las cuestiones familiares de rémoras moralistas y avanzar en una definitiva separación del derecho respecto al origen religioso de muchas de sus instituciones. Esto pone de relieve lo que es a todas luces el eje global de la reforma: la igualdad. Igualdad entre parejas, independiente del género de sus integrantes e igualdad entre aquellas que decidieron unirse en matrimonio y las que conviven sin vínculo formal. Un nuevo régimen de adopciones, regulación de la fertilización asistida y mayor decisión para los menores de edad en toma de decisiones que comprometan sus derechos también forman parte de las innovaciones en esta área.
Otro de los avances relevantes se da en lo que es la concreción de una manda constitucional introducida en la reforma de 1994, esto es la retrasada regulación de la propiedad comunitaria de las tierras de pueblos originarios. La disposición constitucional redactada entonces con excesivo optimismo “olvidaba” que en nuestra legislación civil no existe reglamentación para ese tipo de propiedad, lo que no hizo sino convertir a dicho texto en virtual letra muerta. El nuevo proyecto viene a echar luz sobre este viejo anhelo de las comunidades originarias de nuestro país.
Mayor flexibilidad para sociedades comerciales, permitiendo la sociedad unipersonal y normas especiales para pymes, derechos de los consumidores y derecho a la imagen (determinando ciertas exigencias para la circulación de imágenes y audios), también se suma al extensísimo elenco de cuestiones que fueron abordadas por la comisión redactora.
Ahora bien -y ya fuera del texto en cuestión-, el aspecto relegado a la mínima mención en esta cobertura fue el político. El efecto político. La ausencia de graves controversias entre diputados y senadores seguramente colaboró a esa invisibilización. Tal vez por ello, el actor “opositor” fue la Iglesia, que no resigna demorar sus derrotas ante cada expansión de derechos civiles.
Sin embargo, no deja de llamar la atención que aquellos que vierten a menudo declamaciones de tono republicanista reclamando al gobierno institucionalidad, ahora estén rendidos ante tamaño complejo de normas. Lo mismo para un kirchnerismo que suele denostar el camino institucional arguyendo una urgencia para tomar medidas que rara vez se condice con un análisis menos interesado de la situación. Sin dudas un gesto de madurez política.
Pero también hay razones ideológicas que justifican la conformidad de, por ejemplo, dirigentes pertenecientes al radicalismo, un partido que reconoce -en su mejor versión- una amplia tradición en el respeto a garantías y derechos individuales, amén de sus vaivenes. Lo mismo cabe para los representantes del Frente Amplio Progresista.
El proyecto está imbuido de un fuerte influjo liberal y ello no es un secreto para nadie. Probablemente a través de ello pueda inferirse una nueva evidencia de la experiencia kirchnerista por desplazar al arca de los recuerdos elementos del imaginario peronista clásico.
Otro episodio más de la consabida tensión hacia el interior del oficialismo en la que los “peronistas de Perón”, de talante más conservador, rumian reproches hacia lo que llaman el “progresismo cultural” de Cristina. Una agenda que contiene políticas de género, minorías y Derechos Humanos que, atravesando transversalmente a todo el arco político con representación parlamentaria, hace lo propio con las huestes del oficialismo. Las dificultades y reparos que ponen las administraciones provinciales del justicialismo más conservador -aún el kirchnerista- a la aplicación concreta de varias de estas políticas, no hace sino confirmar esto.