Opinión: “El mínimo no imposible”

Por Rayén Castro

El vértigo con el que se desarrollan los acontecimientos vinculados al conflicto entre el Gobierno Nacional, el líder de la CGT, Hugo Moyano, y el gremio de camioneros a cargo de su hijo Pablo, hacen que cualquier pretendido análisis político devenga caduco en cuestión de horas.

Las sucesivas intervenciones televisivas de los protagonistas, sobreactuaciones, los cambios de timón y la emergencia de ese nuevo género literario llamado “declaración cruzada”, tornan poco probable para el hombre de a pie tomar posición por unos u otros sin apelar a la emocionalidad del que se siente guiado, por ejemplo, por axiomas del tipo “los enemigos de mis enemigos son mis amigos”. Por lo general prima el desconcierto y, como la gran parte de los comunicadores suelen ser partes interesadas (y más aún en este caso), poco se hace por explicar en qué consisten reivindicaciones de unos y resistencias de otros.

Al tratarse de una contienda que promete pervivencia en otros enfrentamientos, y por ser un conflicto con numerosas aristas que exceden por mucho las que suelen caracterizar las relaciones entre un gobierno y una central de trabajadores (por nombrar algunas: la próxima elección de autoridades en una CGT que se encamina a una segura división, las disputas hacia el interior del partido de gobierno, el tendido de puentes para futuras alianzas con miras hacia el 2015, etcétera), nos quedaremos con el que suele ser, en boca de los Moyano, el principal caballito de batalla para esquilmar al gobierno de Cristina Fernández: la eliminación del impuesto a las ganancias de los salarios de los trabajadores.

El impuesto a las ganancias es el impuesto directo progresivo por excelencia, y por ello  forma parte de los más justos. Esto significa que recae en forma directa sobre cada contribuyente (a diferencia de los indirectos, como el IVA, que no distinguen al pobre del rico), permitiendo así que se establezca escalonadamente según la capacidad contributiva del afectado. Es decir, permite con facilidad determinar que quien más tenga, más pague. Un sistema tributario más justo (más progresivo) debe pugnar para que en las arcas del Estado el peso de los impuestos directos resulte mayor al de los indirectos, caso contrario se encaminará a su regresividad, ejerciendo una presión fiscal excesiva sobre aquellos cuyos ingresos son menores.

Por lo general, las fuerzas políticas llamadas progresistas de cada sistema político (demócratas en EEUU, socialdemócratas y socialistas en Europa) habrán de tender hacia sistemas progresivos, mientras que las derechas (republicanos en EEUU, conservadores en Europa) procurarán aumentar los impuestos al consumo, librando de impuestos a los capitalistas para evitar -siempre según sus palabras- la “fuga de inversiones” hacia destinos más tentadores con menor presión tributaria.

Por otro lado, quienes desde ciertos sectores del sindicalismo atacan al impuesto a las ganancias por considerar injusto que recaiga también sobre los salarios -bajo la argucia del efectivo slogan “el salario no es una ganancia”-, pierden de vista que, en primer lugar, sólo el 10% de los trabajadores con cónyuge y dos hijos lo tributan y, en segundo lugar, más injusto resultaría que gerentes de empresas y funcionarios de alto rango, con salarios muy por encima del trabajador arquetípico, no lo tributasen.

Argumentos de este y otro tenor son expuestos con agudeza por Víctor Zavalía en un artículo (confeccionado “con ayuda de tributaristas amigos“, según confiesa en el mail que lo acompaña) que circula desde mayo, hoy accesible para todos tras su publicación en Página/12 el pasado domingo 17 de junio.

Ahora pasemos a la vereda de enfrente. Para evaluar la posición de Camioneros y el moyanismo hay que eludir las declaraciones radiales de sus referentes, generalmente mal guiadas por periodistas que, lejos de complejizar, se conforman con conseguir un par de titulares (que los Moyano, hay que decirlo, brindan con naturalidad maradoniana). Es por esto que propongo seguir el exhaustivo y ponderable informe sobre la cuestión que publicó en su número de diciembre pasado la revista La Corpo Sindical (mojada de oreja al televidente seissieteochero incluida), pequeño medio gráfico de la Juventud Sindical, organización liderada por otro de los hijos del cegetista, el diputado nacional Facundo Moyano.

En el mentado artículo se aboga por la conveniencia de la elevación del mínimo no imponible y, eventualmente (y esto es algo que infiere este cronista), la eliminación de la llamada “cuarta categoría” del tributo en cuestión (las tres restantes categorías de rentas corresponden a suelo, rendimiento de capital y demás actividades). El mínimo no imponible es la base por debajo de la cual no se cobra el impuesto. Se expresa en una suma nominal en pesos y actualmente se encuentra, para los asalariados solteros, en $5782 y, para casados con dos hijos, en $7998.

En rigor de verdad, se puede constatar con facilidad que quienes cobran apenas por encima de los montos antedichos lejos están de formar parte de los sectores acaudalados de nuestra sociedad, pero el que sean alcanzados por este tributo es producto de un fenómeno reciente, situación que se ha agravado en el último año.

Esto se debe a que, a la par de la existencia ininterrumpida de negociaciones paritarias, el gobierno nacional realizó, año a año, modificaciones paulatinas del mínimo no imponible, elevando el piso del impuesto a los fines de que los aumentos firmados frente a la patronal no resultaran “licuados”, ya no por la inflación, sino por el tributo en cuestión, manteniendo de esa manera el poder adquisitivo de la clase trabajadora y, en consecuencia, el nivel de consumo.

El último reajuste que registra el mínimo no imponible data de abril del 2011, por lo que -finalizando junio- podemos concluir que el mismo se encuentra desactualizado. Urge que sea elevado. Se especula que el ejecutivo nacional demora el decreto que lo ordene para no dar con ello una oblicua victoria al camionero, no descartándose también la necesidad de mayor recaudación en un año de frío económico. Elucubraciones al margen, lo cierto es que representa una caja segura para el Estado, dado que a diferencia de los empresarios, quienes auto declaran ganancias a partir de sus engañosas proyecciones y balances dando por resultado un alto grado de evasión, el asalariado sufre la retención directa de su sueldo, sólo pudiendo realizar deducciones una vez realizado el descuento.

Además, no debe soslayarse el hecho de que, aún con las sucesivas actualizaciones del mínimo no imponible, la nómina de asalariados que paga ganancias se ha ensanchado notablemente en estos últimos años, dado que aquellas en ocasiones han estado algunos puntos porcentuales por debajo del número alcanzado en la paritaria.

El informe de La Corpo Sindical no se priva de condenar a quienes desde la izquierda o el progresismo apoyan el pago de ganancias aún cuando recaiga sobre trabajadores. Sin embargo, por lo que desde esos sectores se brega es por sostener el carácter progresivo del impuesto al que antes se refería, y no -tal como se intenta hacer decir en el artículo que analizamos- que se apoye su circunstancial rasgo regresivo (la inactualidad del mínimo no imponible), lejos de la esencia que históricamente lo caracterizó.

Cuesta entender que un sindicalista se resista a que asalariados que cobran abultados sueldos tributen más. Una mirada que tenga en cuenta el carácter eminentemente sectorial del reclamo camionero tal vez lo explique. Si tenemos en cuenta que el salario promedio del sector es de $12000, podríamos aventurar que aún con una actualización de la base no imponible, seguiría alcanzando a los ingresos de los liderados por Pablo Moyano. Es a partir de ello que puede sostenerse que lo que en el fondo se busca es la eliminación de la cuarta categoría y que el impuesto no recaiga sobre ningún trabajador, cobre lo que cobre. Y no, como entienden algunos despistados, un reclamo que contempla el interés de todos los trabajadores. Si así fuera, la centralidad del mismo se orientaría, por ejemplo, a combatir el trabajo en negro (en torno al 35%), las tercerizaciones o, hablando de temas tributarios, pugnar por una reducción del IVA, cuyo 21% abona hasta el más desclasado. Temas como estos han sido, si no laterales, directamente ausentes en la verba de la dirigencia gremial. Y no digamos que no han tenido oportunidad de manifestarlos.

Por otro lado, el reclamo contra ganancias genera efectos equívocos, cuando no contradictorios. Cualquiera que quiera oficiar de cirujano no matriculado del tejido social, podrá sintonizar una AM y percibir que lejos de encontrar una solidaridad de clase, la demanda moyanista encuentra como primeros adherentes a los siempre presentes sentimientos antifiscales de las capas medias y altas metropolitanas, algo lejos de los mentados descamisados de sus discursos.

Se hace evidente por lo antedicho la responsabilidad que debería asumir esa dirigencia sectorial al demarcar la agenda de sus demandas. De otro modo, un reclamo justo como el que aquí se intentó desmenuzar recibe aliados dudosos. Una correcta definición, programática, amplia, insertaría el reclamo por la elevación del piso de ganancias en una propuesta de reforma tributaria abierta, sin condicionamientos corporativos. Ese “mínimo no imposible” de esfuerzos es el que debería alentar la arenga moyanista.

En cuanto al gobierno nacional, es fundamental insistir en la reivindicación del impuesto a las ganancias. Esto será posible respetando su tradición de impuesto progresivo. Debe por ello, intentando sustraerse del clima beligerante lo más posible, actualizarse su piso, como lo ha sido en toda la era kirchnerista. Ello además desnudará lo que hoy sólo podemos insinuar: que tras las ropas de una demanda justa se esconde quien hoy se piensa como el principal opositor del gobierno, moviendo sus fichas, habiéndolo hecho sólo con la primera de ellas.