Ya son cinco las provincias que anunciaron su rechazo al reglamento para controlar protestas
Los gobiernos de Misiones y de Neuquén ratificaron hoy que no adherirán al protocolo antipiquete del gobierno nacional con el que se busca evitar cortes del tránsito en calles y rutas durante manifestaciones públicas.
De este modo, ya son cinco las provincias que anunciaron su rechazo al reglamento.
Con críticas al proyecto, el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, afirmó que ese estado no adoptará el protocolo porque no creen que «lo primero sea ir a golpear cuando hay una protesta».
La subsecretaria de Derechos Humanos de Neuquén, Alicia Comelli, también avisó que no aplicarán el manual antipiquete, al advertir que «no es serio» porque «está pensado para la Capital y Gran Buenos Aires y avanza sobre facultades que son de las provincias».
Misiones y Neuquén se sumaron así a Chaco, Santa Cruz y La Rioja que ya le habían manifestado al Ministerio de Seguridad que no adherirían al protocolo presentado por el gobierno nacional esta semana.
Para argumentar su decisión de no adoptar la medida en su territorio, el gobierno neuquino argumentó que el proyecto «tiene grandes contradicciones» y «otorga demasiadas facultades a la Policía».
«Muchos lo firmaron pero aclararon que no lo van a aplicar. Está pensado para la Capital y Gran Buenos Aires y avanza sobre facultades que son de las provincias», señaló la funcionaria neuquina, quien repasó que la decisión también está respaldada en la historia de la provincia, donde en 2007 fue asesinado el maestro Carlos Fuentealba en la represión de una protesta, algo que les «requiere ser más cautos».
Comelli reconoció que era «necesario» trabajar en un sistema de regulación de la protesta, pero afirmó que la medida que impulsó el Gobierno «está muy por fuera de todos los protocolos universales a los que adhirió nuestro país».
En este sentido, manifestó que la medida «habla más por lo que no dice que por lo que dice» y añadió que «el metamensaje a las fuerzas de seguridad no es claro y por esos motivos el ministro (Jorge) Lara decidió no avanzar en una firma».
Para el gobierno de Misiones, el protocolo contempla «cómo va actuar el Ministerio de Seguridad de la Nación en su competencia y territorio», mientras que en la provincia «si hay un delito obviamente se dará intervención a la Justicia y ella es la que debe actuar».
«Seguiremos trabajando como lo venimos haciendo. Es decir, el diálogo en primera instancia y la intervención de la Justicia cuando sea necesaria», apuntó Pérez, al manifestar una serie de reservas con relación la decisión del Consejo de Seguridad de la Nación.
Un argumento similar al del funcionario misionero había adoptado el jueves el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de La Rioja, Claudio Saúl, quien señaló que esa provincia tampoco adherirá al protocolo porque «apelarán al diálogo».
«Respetamos los derechos de todos, respetamos todos los derechos y también los de quienes quieren manifestarse. No es intención del gobernador (Sergio Casas) tomar como agenda este tema», explicó el funcionario riojano.
Fuente: El Intransigente