Minería en San Carlos, el PPOT y un desafío socioambiental vigente

En el marco de la presentación del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT), publicamos en este medio una entrevista que se proponía clarificar el impacto de dicho plan sobre el territorio del Valle de Uco (entrevista Federico Soria), identificando fortalezas y debilidades del mismo. El entrevistado, participante directo en la gestión de las ordenanzas sobre Ordenamiento Territorial en el Valle de Uco, aclaraba que el principal potencial de sustentabilidad del territorio reside en el hecho de contar con “prácticamente todas las fuentes de agua conservadas bajo el régimen provincial de Áreas Naturales Protegidas”.

Sin embargo, la publicación de la nota trajo a la superficie una serie de comentarios de lectores informados que ponen en duda la aplicación real de las normas de conservación de las fuentes acuíferas locales. Llaman la atención, en particular, las observaciones que aseguran la existencia de explotaciones mineras en reservas de San Carlos.

Después de la larga e intensa movilización popular que logra cristalizarse en leyes de protección ambiental (como la 7422 que amplía la reserva natural Laguna del Diamante, la 7722 de protección del agua de las substancias tóxicas usadas en minería, o la ordenanza municipal 1123, que “declara  como reserva de la vida toda la cordillera y los ríos) es fundamental preguntarse sobre el funcionamiento concreto de esas leyes respecto a la preservación de nuestros recursos.

Para ello, entrevistamos a Daniel Funes, profesor de Educación Física, miembro de Vecinos Autoconvocados de San Carlos y militante comprometido con la causa de la sustentabilidad territorial y la conservación de la pureza del agua. Funes expone claramente los puntos débiles del Plan y demuestra la necesidad de aplicar realmente una legislación que existe, pero que no siempre se respeta: un fuerte llamado de atención a los funcionarios locales y provinciales encargados de aplicar las normativas públicas, así como también a todos los ciudadanos interesados en construir un futuro sustentable que asegure las condiciones mínimas para una vida sana.

¿Cree que el Plan de Ordenamiento Territorial es un paso adelante en la consolidación del desarrollo sustentable del Valle de Uco?

Por supuesto  que si. Ordenar el territorio nos permitirá  asegurar un desarrollo social armónico sin arriesgar la sustentabilidad del territorio, y cuando  hablo del territorio no quiero referirme sólo a la tierra sino también a la gente que la habita. Ordenar el territorio debería (si se hace bien)  permitir a todos (nosotros hoy, los jóvenes mañana y  los no nacidos pasado mañana) bienestar y satisfacción de necesidades  básicas. No ordenar  territorialmente  el Valle de Uco y la provincia va a generar justamente lo contrario: crecimientos desiguales, exclusión de los más débiles, acaparamiento de recursos y bienes comunes, agotamiento y destrucción de fuentes de crecimiento. Y seguramente muchos conflictos en el futuro en toda la provincia y aun entre provincias.

Y es bueno traer aquí un ejemplo:  en Colombia  hay  más de 4 millones de personas desplazadas  por el modelo extractivista (minería) de la zona rural a la zona periférica de Bogotá (datos se pueden comprobar en el  Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina). Eso generó en los últimos  años  un colapso social sin precedentes: droga, delincuencia, desocupación, mendicidad,  hacinamientos, etc., etc., que afectan las relaciones humanas individual y socialmente. Pero también desde el punto de vista de la organización y la economía la ciudad se ve afectada: no alcanza la infraestructura de hospitales y escuelas, se colapsan los accesos y los medios de transportes, se generan cordones de indigencia que no aportan a la economía de la ciudad, se necesitan miles de millones  de pesos  para intentar aplazar los caos en asistencia pero por otra parte no hay de dónde sacar ese dinero generando crisis económicas sin salidas.

Lo mismo estamos  condenados a sufrir  nosotros, en escalas menores, si permitimos que por no tener ordenado el territorio algunos grandes capitales se vayan apropiando del agua. Y nombro sólo el bien común agua porque es lo que en Mendoza define todo el resto. El agua da valor a todo lo demás, incluso a la vida. Sin agua la tierra no vale nada (ni siquiera para los mineros  que necesitan del agua para extraer los minerales), sin agua no valen las propiedades, imaginemos sino cuanto vale toda  una población si careciera de agua.

¿Le parece que hay puntos poco claros o negativos en el planteo y/o aplicación del Plan?

Si, el AGUA. En el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial  (PPOT) se hace un diagnóstico  que  deja  bastante clara la importancia del agua para el ordenamiento territorial de la provincia. En los discursos de los funcionarios y en las acciones mediáticas  del gobierno  también. Pero en las acciones finales, en el ordenamiento concreto (que no es claro en ningún sentido) proponen  justamente medidas que apuntan a lo contrario.

Se avanza en desproteger  al  recurso, se  sobrevalora la cantidad de agua disponible y se orienta  a la provincia a colocar al agua en un futuro que ya llegó, como “mercancía  a ofrecer al mejor postor”,  con escenarios seguros de exclusión de los más débiles.  En estos tres puntos menciono  algunas cosas concretas:

1. En relación a la protección del agua: se recomienda el cuidado del agua pero se desconocen o  se consideran  problemáticas leyes que la protegen: la 7422 del área natural Laguna del Diamante como reserva hídrica, la 7722 (después se sacó la palabra “derogación” por la presión social),  la ley de glaciares,  las proyecciones necesarias de aéreas de protección solicitadas por el mismo gobierno,  y las ordenanzas municipales del Valle de Uco que justamente, por pedido del gobierno de Mendoza,  se hicieron  para ordenar territorialmente estos departamentos.

2. En relación a  la cantidad de agua disponible: desacertadamente el PPOT toma como  significativo  de caudales de agua datos de 2006 que fue un año de importantísimos escurrimientos (algunos dicen el más importante de los últimos 40 años) pero no se tiene en cuenta que vamos para cinco años de crisis hídrica (hace unos días Irrigación pidió la extensión de la crisis hasta diciembre por lo menos); no se valora convenientemente el agua subterránea (o se oculta deliberadamente muchos datos) ni las leyes que la gobiernan, y hay que considerar que este será el “ultimo recurso”  para todos si avanza el calentamiento global. Y en este sentido, tampoco se tiene en cuenta, y esto es vital para el futuro y la paz social, el trabajo de científicos referidos al calentamiento global y las crisis hídricas ni los compromisos asumidos por Argentina  en  este marco, donde entre otras cosas, como las “medidas de adaptación” y para preservar la paz social (recordemos que a este grupo de científicos se les dio el premio Nobel de la Paz por este trabajo) para el oeste argentino se recomendó  no ampliar  los usos  actuales del agua sino solamente hacerlos más eficientes. Por el contrario, el PPOT propone ampliar superficies irrigadas, dar más agua a la industria y dar agua a otras actividades como la minería: conflicto asegurado.

3. Y en cuanto a la necesidad del acceso al agua para todos (incluidos los más desprotegidos), el PPOT pretende clara y explícitamente vender al agua al mejor postor, como una  salida económica del gobierno.  Para eso se avanza en dos cosas: primero modificar la “prioridad de uso del agua”. Hoy el agua por ley es primero para consumo humano, luego para la agricultura y después para otros usos. Eso se quiere cambiar: ya Irrigación está ilegalmente aplicando resoluciones en este sentido  para la apertura de pozos nuevos (que no deberían ser)  y la intención  clara de este plan es “legalizar” y “generalizar” esta tendencia. La pregunta que nos cabe aquí es ¿qué productor  pequeño o mediano podrá competir contra ofertas de grandes empresarios, sobre todo extranjeros, si  el agua se subasta? ¿Quién de nosotros, aun agrupados en cooperativas de productores, podría  negociar contra gigantescas inversiones como las mineras? ¿En qué situación quedan las pequeñas parcelas familiares repartidas por todo el territorio? ¡Ni huertas  vamos a poder hacer! Y hay muchísima gente  que  sobrevive bien, a gusto, con un modelo de desarrollo deseado así, con un pequeño  trabajo y su sustento basado en la huerta y la granja. Eso puede estar en riesgo. Y te vuelvo a decir: esto ya está pasando y posiblemente esté afectando a muchos, el agua subterránea  cada vez más profunda o los pozos secos de Capiz. ¿Quién puede  descartar que  no sea  producto de los grandes posos autorizados al sur de Pareditas o en el pedemonte de San Carlos y Tunuyán? Porque tampoco se tienen en cuenta  las zonas de recarga de los acuíferos.

Y acá te traigo como ejemplo también algo de nuestra Latinoamérica: Chile, el Chile minero que nos venden los medios de comunicación y los gobernantes, está con profundos problemas sociales derivados de una legislación que “vende el agua”. Allá  comprás acciones que equivalen a metros cúbicos, si no pagás anualmente se te quitan y se colocan a la venta,  y el que ofrece más  se apropia del derecho. Así se ha ido despojando a los pequeños productores, que en un año de heladas,  granizo o bajo precio no pueden mantener el derecho y se  las vende a mineras u otras grandes  empresas que  acueducto mediante la llevan donde la necesitan (tengo entendido que hay algunos de mas de 100 kilómetros).

¿Entonces, cree que la normativa ambiental que protege las fuentes acuíferas del Valle de Uco no se está aplicando actualmente?

Quisiera  que se estuvieran aplicando… ¡Pero! Nosotros  en estos largos años  de lucha  fuimos logrando  varias normas que “protegen” el recurso hídrico y  aparte  ya hay legislación  previa y nueva a nivel nacional o provincial que  “debería garantizar”  agua para todos y agua limpia.  Ley de Glaciares, Ley de Aguas (que aunque sea viejita sigue siendo “ejemplo” de administración y cuidado), Ley General de Ambiente y Ley de Presupuestos Mínimos,  leyes de aéreas protegidas, Ley de Bosques, o la misma Constitución Nacional. Todas se pueden aplicar  para preservar el agua. Más aun las de la ampliación de la reserva, la 7722 y las ordenanzas departamentales, que “consideramos nuestras”. ¡Pero!…. Y siempre aparece un pero:  nos encontramos de tanto en tanto  con que  quien debe garantizar su  cumplimiento, no lo hace.

Aparecen edictos de trabajos mineros autorizados por la dirección de minería que desconocen estas figuras legales, recordemos  los proyectos NINU 1 , NINU 2 y María Inés, los otros en la Laguna de Tec Cominco, el mismo proyecto San Jorge de Uspallata, el de Portillo y muchos otros, a los que nos fuimos oponiendo cada vez que salieron, con denuncias incluidas a los funcionarios.  Ahora encontramos este emprendimiento de piedra pómez dentro de la reserva ampliada (ley 7422). Es verdad que  la piedra pómez no es minería metálica  ni se usan  contaminantes, ni es tan grave sus consecuencias. Pero lo grave está en el antecedente que se crea, porque la ley es clara y este tipo de emprendimientos en el área está prohibida y debería cesar. Si permitimos  que continúe otros  podrán pedir la misma exención de la ley (que es ilegal).

Haciendo algunas averiguaciones, nos dicen que Recursos Naturales autorizó la cantera, por otro lado nos dicen que no sabían. Los de la dirección de ambiente de la municipalidad (que ahora se enteran porque nosotros publicamos) hacen averiguaciones y se les dice que desde el 2004 están trabajando sólo retirando material acopiado, y sabemos que es mentira porque es evidente el trabajo de extracción y porque en 2003 no había trabajo, pero además, con lo que significa  para San Carlos este tipo de  actividad, no hay comunicados oficiales, todo se hace a escondidas.

¿Para finalizar, cuáles le parece que son los puntos principales que es necesario reforzar para dar sustancia a un verdadero desarrollo territorial en San Carlos y el Valle de Uco?

Yo diría de toda la provincia. Porque entre otras cosas, aprendimos en esta larga etapa que el agua no tiene fronteras y que lo que hagamos aguas arriba afecta a los de abajo, y que si una región  afecta su agua, la gente emigra y ocupa otros lugares donde se la protegió o donde hay (Bogotá por ejemplo o las periferias de un Santiago colapsado). De hecho en el año 2009 Naciones Unidas tuvo como lema  el agua transfronteriza como  elemento  relacionado a la paz y el desarrollo humano.

¿Qué es lo necesario de fortalecer? Dos cosas. Una, la coherencia entre lo diagnosticado y lo  propuesto, eso de  garantizar en medidas concretas  el cuidado del recurso, la valoración real en las propuestas de acción de la realidad de la crisis hídrica y garantizar la distribución y acceso al agua  en la provincia de lo que ya hablé. Y por otro la participación debidamente informada de la gente y principalmente de los jóvenes en la elaboración de la provincia que queremos para los próximos 30 años.

El actual proyecto de PPOT es el resultado de mentes brillantes, grupos académicos, científicos y técnicos que fueron amalgamados o catalizados por necesidades políticas circunstanciales. Más concreto: se buscó gente formada intelectualmente, quizás la mejor de la provincia, pero se mezcló en su trabajo y en las conclusiones los intereses políticos de una coyuntura que ponía al gobernador de cara al 1° de mayo sin la tarea completa de las promesas hechas. Y se apuró el proceso que venía  bastante bien. En este apuro de olvidó de algo importante: la gente. Este PPOT debe ser  conocido y aprobado por la gente pero este gobierno – y que lástima que un gobierno peronista lo haga –  le tuvo miedo a la opinión de la gente. Se conformaron y se regocijan de que la audiencia publica  tuviera 500 personas, cuando cualquier asamblea mendocina del agua junta  el doble o el triple si se lo propone y sin ningún recurso económico. En Uspallata juntamos 2000.

Y hay que aclarar algo, de los 500 inscriptos, los ciudadanos comunes que participamos, en un altísimo porcentaje (porque no me animo a decir que todos) opinamos estar a favor de la necesidad del ordenamiento territorial pero criticamos este documento como un “engendro mutante” porque no era claro, tenía errores y  no tenía coherencia. Sólo los “funcionarios ligados laboralmente al gobierno” o miembros del Consejo Provincial de Ordenamiento apoyaron el documento tal como está hecho, vinieron justo a la hora indicada, hablaron y se fueron. Y esto  es vergonzoso: necesitar “mandar a decir” tal o cual cosa para que la oposición no sea escandalosa. Y a la gente común encima nos dieron dos miserables minutos. ¿Qué podes decir  en este tiempo? Llevamos diez años  trabajando  y peleando por esto y  apenas si te daban tiempo para  presentarte y ya te decían: “vaya terminando”. A la audiencia pública llamaron sólo para completar un tramite obligatorio, no para escuchar a la gente, y llamaron  con un documento  que de antemano se sabia que no era el definitivo y llamaron sin respetar la ley  que dicta el protocolo para hacerlo.

Creo que al PPOT le falta algo importante que es la gente. La idea de la gente. La voluntad de la gente. Y te hago comparación: si vos  estás enfermo y necesitas un tratamiento, enfermo mal, con posibilidad de muerte ¿Qué haces? Primero buscas tener un buen diagnóstico, porque si te dicen que tenés solo una indigestión y resulta que es apendicitis, no vas a arreglar nada y podés terminar en algo peor;  y después buscas una buena terapia o tratamiento, y si estas son muy jodidas, como en  los cánceres,  buscas  varias opciones para decidir cual agarrar. Pero la decisión final la tenés que tomar vos y tu grupo, no la dejás en manos de otros, aunque sepan mucho. Ellos te pueden proponer y aconsejar.

Este plan propuesto arranca  con un diagnostico viciado de varias cosas que lo hacen dudoso (como por ejemplo lo del agua o asegurar que la agricultura está agotada sin decir por qué), y para colmo  propone soluciones que nada tienen que ver con lo que nos pasa o sin proponer alternativas   diferentes (sí o sí cambiar la matriz productiva agrícola por el extractivismo). Y lo peor de todo, afecta y toma decisiones  sobre la vida  de la gente que no opinó sobre lo que quiere.

Creo y afirmo que la tarea de los científicos, como la de los médicos, es diagnosticar correctamente y ofrecer  las diferentes opciones de cambio, pero la decisión final debe estar en la gente. Imagino  (después de arreglar concienzudamente el diagnóstico) a los técnicos  elaborando herramientas de información para que todos puedan entender en dónde estamos parados, cuáles son las opciones  a futuro y opinar, hasta los más humildes. Esa es la etapa que falta. Si la gente no da “licencia social” y se “empodera” de la decisión tomada no tiene sentido seguir  con esto porque nos traerá más problemas que los que se quieren solucionar.

Mirá, hay muchas leyes  para proteger el ambiente, por ejemplo con esto de no tirar basura, y ¿quién las cumple? Casi nadie. Porque  la cosa no está metida adentro de la cultura de la gente. Con esto pasa o puede pasar lo mismo: vamos camino a hacer un plan de ordenamiento territorial que no está asumido por la gente  porque la gente no ha sido  protagonista y porque no responde a las necesidades y problemas reales de la comunidad. ¿Quién le va a dar bola? Nadie. Pero  legalmente  nos traerá problemas porque habrá quienes pretendan  ampararse en él para sus intereses. Y lo otro: ¿Para que queremos leyes si  quien tiene la obligación de garantizar su cumplimiento no  la respeta ni la hace respetar? Ahora tenemos un ejemplo: la 7422 de ampliación de la reserva el gobierno no la cumple: hay minería  en la reserva ¿Va a respetar el gobierno  el PPOT? .

¿Por qué dice que  el plan de ordenamiento territorial fue hecho en la Dirección de Minería?

Yo no puedo opinar sobre otros aspectos del PPOT, como lo es el transporte, la educación, la ocupación de espacios o tierras aptas para cultivo con otras cosa , el ordenamiento urbano. No al menos  en este momento.  Pero si  de lo que veo  en las conclusiones que tienen que ver directamente  con la minería  a gran escala.

Para desarrollar la mega minería en forma segura y legal, para asegurar a las empresas mineras  una inversión  que no genere conflictos se necesita cuatro cosas: acceso a la tierra, a la montaña con minerales, acceso al agua para sus procesos mineros, acceso al uso de los métodos  que usan cianuro, ácidos, xantatos y otros cocteles y energía suficiente y barata.

El PPOT les facilita todo eso. Acceso a la tierra: propone derogación o desconocimiento de leyes  de  reservas y “modificación o derogación  de la ley de arraigo y colonización” (esta  ley con  una resolución de Naciones Unidas puede generar  derechos a los habitantes originarios a permitir o no el paso de mineras por el territorio). Acceso al agua: derogación o modificación de la ley de aguas y venta volumétrica. Acceso a los métodos hidro-químicos: derogación o adecuación de la ley 7722 (que luego se sacó por la presión social pero que tiene otras vías de  anulación) y acceso a energía  barata y abundante: el plan propone  la energía nuclear aunque el diagnóstico  la consideraba  desaconsejable.  Ahí tenés cuatro cosas esenciales para la minería que son incoherentes con el diagnóstico hecho y evidentemente fueron introducidas en el último momento, porque cuando las planteamos, ni los funcionarios del gobierno podían creer que estaban escritas.  Señal más que clara que no habían leído lo que defendían.

¿Y cómo seguimos? ¿Qué viene ahora? ¿Qué harán las asambleas del agua y los vecinos autoconvocados?

Yo insisto en algo  que venimos pregonando desde hace muchos años: es necesario  que la gente  se involucre, que cuestione, que exija. Hay muchos intereses  puestos  en esta provincia y esos interese no dejan de presionar  a los gobernantes. Hay que olvidarse de  los partidos políticos y ponerse la camiseta de Mendoza y la del futuro porque  solo se podrá oponer, el gobierno, a esos intereses si les damos fuerza desde la gente. Seas o no partidario de este gobierno.  Acá en Mendoza no ha entrado aun la gran minería con todas sus nefastas consecuencias  por la gente, por nosotros  que hemos logrado  poner el freno en la calle, en la justicia, en la  administración. Pero siguen  insistiendo. Sin ir más lejos, hace un par de semanas en la sección económica de un diario de  los de gran tirada en Mendoza (diario UNO) la  gente de  CASEMI insistía  con el proyecto Papagallos  en Pareditas, el primero que salimos a rechazar en el 2005 con 4500 personas en la terminal. En el que  creemos que también se ha seguido trabajando dentro de la reserva.

Con respecto a  los trabajos mineros  en la reserva vamos a hacer las denuncias correspondientes y exigir el cierre de la mina, la remediación y que el o los funcionarios que autorizaron  o permitieron la violación de la ley sean juzgados por ello si corresponde;  y con respecto a la ley de ordenamiento territorial, ahora viene la etapa de  trasformar o no en ley este  mamarracho de PPOT. Lo debe hacer la legislatura. Esperemos que  nuestros legisladores estén a la altura de las circunstancias y hagan las correcciones necesarias o  lo manden de vuelta a la Agencia de Ordenamiento Territorial para que hagan algo  coherente y viable. Eso también dependerá de la gente  que lo reclame, que lo exija. Nosotros vamos a estar pero solos no hacemos nada. Necesitamos, como siempre, la movilización que incomoda  a los legisladores.

Martín Cecchi – Sociólogo

martinemiliocecchi@gmail.com