El gobierno provincial, ayer promulgó la ley sancionada los primeros días de julio en la Legislatura.
El Poder Ejecutivo provincial promulgó ayer la ley Nº8.886, cuya autoría es del senador local Gustavo Arenas (FPV-PJ) y adhiere a la norma nacional Nº27.218, la cual “instituye un régimen tarifario específico para entidades de bien público y tiene por objeto definir un tratamiento particular a aplicar” para uniones vecinales, centros de jubilados, asociaciones comunitarias y demás organizaciones sin fines de lucro, en vista de brindarles tarifas preferenciales en los servicios públicos de agua potable, desagües cloacales, electricidad, gas natural y telefonía.
No obstante a esto, y según informó en un comunicado de prensa el Senador Gustavo Arenas, “la ley nacional a la cual adhirió Mendoza aún no ha sido reglamentada por el Gobierno de la Nación y esto impide que sea aplicada inmediatamente para evitar que los tarifazos pongan en riesgo de cierre a esas instituciones de barrio y de pueblo. Las cuales no pueden afrontar los pagos correspondientes porque sus economías de pequeña escala se sostienen con las contribuciones voluntarias de los vecinos y los socios a los que benefician con sus actividades de acceso libre”.
Paralelamente, el legislador justicialista remarcó que, “si bien significa un avance jurídico muy importante para que las entidades intermedias que brindan contención social tengan una tarifa especial en todos los servicios, en la práctica no se puede acceder al beneficio porque el Poder Ejecutivo Nacional aún no reglamenta las leyes a las cuales ya adherimos”.
Por esta situación, el senador provincial le solicitará al gobierno que reglamente la Ley.
La adhesión de Mendoza a la norma nacional Nº27.218 –publicada en el Boletín Oficial de ayer– fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras legislativas locales. El pasado 5 de julio recibió la media sanción del Senado y al otro día fue sancionada finalmente por Diputados. La iniciativa fija una recategorización que abarca todos los servicios y simultáneamente va en sintonía con la ley provincial N°8.803, cuyo autor también es el legislador justicialista.
Esta última norma –sancionada en julio del 2015 por la Legislatura y promulgada en agosto del mismo año por el Poder Ejecutivo– adhiere a la ley nacional Nº27.098, que instituye el Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo para que las instituciones comunitarias sin fines de lucro que brindan actividades deportivas y culturales con acceso libre se inscriban y puedan recibir ayuda económica de la Nación.