“Símbolo de la dictadura militar” lo llamó La Nación. Para Clarín fue “ideólogo del terror de la peor dictadura”. Estos titulares reflejan el abandono de los asesinos por sus mandantes. Sin embargo, al morir el viernes, sólo tenía una condena, lo cual muestra las deudas de la Justicia. Tanto los autores de los crímenes de lesa humanidad como los familiares de sus víctimas están muriendo de viejos sin que haya pronunciamientos judiciales en firme. Atronador silencio de la jerarquía eclesiástica.
Por Horacio Verbitsky
En los últimos años de su vida, cuando se desengañó de la dictadura, Jorge Luis Borges no les ahorró pullas a sus ejecutores militares, que mueren en sus camas sin haber oído silbar una bala. Un general le informó furioso sobre los riesgos que había corrido. Me retracto, una vez un general argentino oyó silbar una bala, corrigió Borges. Esa idea de militares de escritorio, opuesta a la mitología del coraje que Borges glorificó en su poesía, le cuadra al ex dictador Jorge Rafael Videla, muerto mientras dormía en la mañana del viernes, a los 87 años.
Jefe del Ejército desde mediados de 1975 y presidente de facto escogido por la Junta Militar en 1976, Videla fue el jefe máximo de lo que el martes volvió a llamar “lucha antisubversiva”, al negarse a declarar en la causa por el plan Cóndor, por desconocer la competencia de la justicia civil para ocuparse de esos crímenes. La primera condena a reclusión perpetua que recibió, pronunciada el 10 de diciembre de 1985 por la Cámara Federal de la Capital, fue justamente como autor de escritorio, desde el vértice de un aparato organizado de poder.
Los titulares de los medios que lo apoyaron son el mejor testimonio de la soledad a la que fue abandonado por sus mandantes. “Murió Jorge Rafael Videla, símbolo de la dictadura militar”, anunció el portal de La Nación. “Murió Videla, ideólogo del terror de la peor dictadura de la Argentina”, fue la portada de Clarín. En los avisos fúnebres publicados por el diario de registro no hay una sola firma significativa de sector alguno de la sociedad. Sólo amigos personales y, pocos, camaradas.
Videla era el único sobreviviente de la primera Junta Militar, que integró con el marino Emilio Massera y el aviador Ramón Agosti. De la segunda Junta sólo queda con vida Omar Graffigna, el aviador que fue absuelto en 1985 y detenido este año por el juez federal Daniel Rafecas, quien secuestró de su domicilio actas secretas de la Junta Militar y material de Inteligencia. Hace dos meses y a la misma edad que Videla murió su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, condenado por el secuestro extorsivo de dos empresarios. “Llegamos a decirle de Bergoglio”, contó su hijo a La Nación. La diferencia es que Videla pasó sus últimos días en una habitación de la cárcel de Marcos Paz, mientras Martínez de Hoz gozó del arresto domiciliario frente a la arbolada Plaza San Martín.
Ni el papa Francisco ni la Conferencia Episcopal argentina hicieron conocer la posición de la jerarquía católica sobre la muerte del jefe de la Cruzada, al que le permitieron comulgar hasta el final de sus días. Sólo se conoció el repudio de miembros del Movimiento Carlos Mugica de Sacerdotes en Opción por los Pobres.
Bien informado
El 28 de setiembre de 1977 la revista La Semana, que editaba la editorial Perfil, ilustró la portada de su Nº 48 con una fotografía de Farrah Fawcett, la actriz del flequillo al revés, cuyas aventuras como uno de los “Angeles de Charlie” comenzaron a emitirse la misma semana del golpe militar argentino y se convirtieron en uno de los hits de aquella televisión basura. Una doble página interior informaba que el día de la primavera “Videla almuerza con 14 jóvenes sobresalientes”. Según el título de la revista, ese día “Videla le dio la mano al futuro”. Dos de los catorce eran periodistas: Eduardo Van der Kooy y Roberto Solanas, de La Nación. A todos, La Semana les hizo dos preguntas: “¿Por qué cree que fue invitado?” y “¿Cuál fue el resultado?”. Tanto Solanas como Van der
Kooy respondieron que fueron elegidos para reunirse con Videla por trabajar en los principales diarios, uno en la sección agropecuaria de La Nación y el otro en Política Nacional de Clarín. Solanas dijo que “todos hablamos con todos”. Van der Kooy fue más entusiasta. Según el actual columnista de “Código político”, el resultado de la reunión con Videla fue “totalmente positivo. El presidente no sólo escuchó sino que él mismo abordó los aspectos que más preocupan a la juventud”. Terminó con otra lisonja: Videla “está muy bien informado”.
No puede decirse lo mismo de los lectores de Clarín. La madrugada en que tomó el poder, Videla creó un mecanismo de control bautizado con el simpático eufemismo “Sistema gratuito de lectura previa” y entregó a los editores una hoja de ruta con los temas y las personas prohibidas. Pero al mes quedó claro que los censores eran superfluos, porque los grandes diarios adherían en forma voluntaria a la práctica y al discurso dictatorial. Mientras Van der Kooy hacía méritos por sobresalir, Rodolfo J. Walsh denunciaba en su Carta Abierta a la Junta Militar, del 25 de marzo de 1977, la “sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga” y ni siquiera se privó de la ironía para caracterizar el doble mensaje de la dictadura: “Extremistas que panfletean el campo, pintan las acequias o se amontonan de a diez en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla mientras en lo interno se subraya su carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras”. Los diarios repetían en sus páginas informativas esos comunicados oficiales sin detalles, análisis ni reflexión, mientras en sus editoriales encomiaban al gobierno que los emitía. Dos meses después del envío de esta carta y de la desaparición de Walsh, Clarín y La Nación anunciaron en sus tapas que habían adquirido las acciones de Papel Prensa “previa consulta y posterior conformidad de la Junta de Comandantes en Jefe”. En una resolución de julio de 2010, el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que “las maniobras destinadas a obtener la transmisión compulsiva de las acciones de la firma Papel Prensa en manos de la familia Graiver o sus testaferros, habrían tenido como contexto la amenaza sobre futuras privaciones ilegales de la libertad como represalia, que luego se concretaron y que durante su consumación continuada, permitieron perfeccionar la operatoria sin obstáculos, al tiempo que los detenidos fueron sometidos a interrogatorios referidos a su vinculación, participación o conocimiento de la actividad de la empresa y de los Graiver”. Por eso, consideró imposible escindir “la transferencia presuntamente compulsiva de acciones” de Papel Prensa de “los hechos de privación ilegal de la libertad” a una serie de sus directivos.
La Seguridad Nacional
Al año siguiente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) envió una misión investigativa a la Argentina, integrada por los directores propietarios de La Opinión de Los Angeles y Mercury de Kansas, Ignacio Lozano y Edward Seaton. Ellos constataron con sorpresa que La Nación, Clarín y sus editores priorizaban la seguridad nacional sobre la libertad de expresión; justificaban la censura alegando que compartían los objetivos de la dictadura militar; se negaban a informar sobre la desaparición de personas, incluyendo periodistas, y se beneficiaban de tal comportamiento al asociarse con el Estado para la producción de papel, mediante un “generoso crédito ofrecido por el gobierno militar. Semejante situación encierra muchos peligros. No es el menor de ellos que esto casi imponga no antagonizar con el gobierno”, escribieron. Los diarios aludidos ocultaron los alcances de esta investigación y convirtieron el párrafo sobre Papel Prensa en un elogio al apoyo económico de la dictadura. El informe fue presentado a la 34a Asamblea de la SIP, que sesionó en Miami entre el 9 y el 13 de octubre de 1978. Ese último día La Nación tituló su crónica “Firme posición de la Argentina ante la asamblea de la SIP”, en la que informó que la asociación de dueños de diarios argentinos, ADEPA, había rechazado el premio SIP Mergenthaler, ofrecido en forma colectiva “a los periodistas argentinos que por defender la libertad de prensa han muerto, desaparecido o sufrido encarcelamiento y persecución”. La delegación argentina propuso que se cambiara aquel texto por éste: “A los periodistas argentinos en la figura de Alberto Gainza Paz, quien nunca claudicó en la lucha por los principios que sostiene la SIP”. Gainza Paz fue el propietario del diario La Prensa, expropiado por Juan D. Perón en 1951 y restituido por la dictadura militar que lo derrocó en 1955. La SIP no aceptó y nadie retiró la plaqueta, que quedó colocada en la sede central de la organización en Miami, de donde también desapareció en 2000, cuando la entidad se mudó. Según Clarín los asistentes argentinos dijeron que la aceptación del premio “sólo contribuiría a la campaña lanzada por ciertos elementos de la prensa internacional para denigrar el buen nombre del país”. La Nación también informó que “la representación de la prensa argentina” había rechazado el informe porque “parecería que en vez de ir a la Argentina a cerciorarse de si existe libertad de prensa se ocupó esencialmente del caso de Jacobo Timerman, quien se encuentra a disposición de la Justicia (sic) por hallarse supuestamente mezclado en el ‘affaire Graiver’”.
Sin excepciones
El repudio a Videla no tuvo excepciones en todo el arco político, incluyendo a baluartes de la derecha aborigen, como el jefe de gobierno porteño Maurizio Macrì y el gobernador de Córdoba José De la Sota. Esto hace más llamativo el silencio eclesiástico. En ocasión del Tedeum del Bicentenario, el 25 de mayo de 2010, el obispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani, entregó al Poder Ejecutivo una solicitud de amnistía firmada por Videla y otros condenados por crímenes de lesa humanidad. Como no estaba acompañada por ninguna nota de estilo, la presidente CFK ordenó devolverla sin respuesta. El año pasado, en varias entrevistas periodísticas, Videla habló del apoyo y la cooperación de la Nunciatura Apostólica y del Episcopado argentino con la represión y dijo que había llegado a ser amigo del presidente de la Iglesia Católica de entonces, cardenal Raúl Primatesta. Durante la entrevista, uno de los periodistas, Adolfo Ruiz, vio llegar a “un hombre canoso que venía, cáliz y alba en mano, a darle la Eucaristía”. A raíz de ello un grupo de laicos católicos que se denominaron Cristianos para el Tercer Milenio, solicitaron a la Conferencia Episcopal que hiciera “cesar el escándalo” que implica el “libre y periódico acceso a la eucaristía” del ex dictador Jorge Videla, a pesar de haber reconocido “sus acciones criminales, el no arrepentimiento de las mismas, sus manifestaciones relacionadas con que el ‘sinuoso camino que le tocó recorrer’ era parte del plan de Dios para la salvación de su alma y la inexistencia de voluntad reparadora alguna”. Forman parte del grupo, que tiene varios centenares de miembros, el ex embajador en la OEA y el Uruguay, Hernán Patiño Mayer, el diputado Felipe Solá, la defensora del pueblo porteño Alicia Pierini y la socióloga Ana Cafiero. El texto exigía que los obispos “repudien las afirmaciones del dictador” y reparen y pongan fin “al daño causado por las inconductas de sus antecesores”. El 9 de noviembre el Episcopado les respondió sin nombrarlos en una “Carta al Pueblo de Dios”, en la que negó que “nuestros hermanos mayores que nos precedieron” hayan tenido “alguna complicidad con hechos delictivos”. En una nueva configuración de la doctrina de los dos demonios repudió “el terrorismo de Estado” y “la violencia guerrillera”. Los Cristianos para el Tercer Milenio se reunieron luego con Radrizzani, porque Videla asistía a misa en el penal de Marcos Paz, que está en su jurisdicción. Durante la reunión, Radrizzani se mostró vacilante y dubitativo: “Entiendo lo del escándalo presente… Podría decirle al capellán que no dé más misa y que se limite a rezar con los presos… pero tengo que consultarlo con él, no estoy seguro de tener facultades para hacerlo”. Sus visitantes dijeron que no les parecía aceptable “que un arzobispo tenga que consultar con un capellán penitenciario” y le recordaron que el obispo Jaime de Nevares, de quien Radrizzani fue auxiliar en Neuquén, había prohibido dar la comunión a un represor de la dictadura. Radrizzani los sorprendió:
–Yo sé que ellos están arrepentidos, pero no quieren decirlo para no darle la razón al gobierno.
–Monseñor, son pecadores públicos responsables de crímenes gravísimos, si se arrepienten deben decirlo en lugar de reivindicar sus crímenes públicamente.
–Tienen razón pero, ¿no habrán sido tergiversadas las declaraciones de Videla?
–Podría ser, pero él nunca las ha desmentido, y además fue grabado y pasado por la TV –le respondieron.
Radrizzani también les contó que la decisión de mencionar a Videla en el documento había provocado una dura discusión entre los obispos. Sus interlocutores objetaron la inexplicable benevolencia de la mención como “el ex presidente de facto” cuando “es un tirano, un criminal, un genocida” y que “a consecuencia de estas posiciones ambiguas de la jerarquía, comienza a hablarse del golpe cívico, militar y eclesiástico”. Los Cristianos para el Tercer Milenio tenían planeado viajar a Roma para insistir ante la Santa Sede, propósito que quedó pendiente cuando Benedicto XVI renunció al cargo y en su reemplazo la burocracia romana designó a Bergoglio.
Juzgado y condenado
Otra coincidencia generalizada entre quienes se pronunciaron fue que Videla había muerto en la vejez, juzgado y condenado en democracia, posibilidad que no tuvieron sus jóvenes víctimas. Esto es cierto y distingue al extraordinario proceso de Justicia que singulariza a la Argentina en el mundo, a partir de la reapertura de las causas en 2001. Sin embargo, a sus 87 años, la única condena firme contra Videla es la que pronunció la Cámara Federal de la Capital en 1985, lo cual también marca los desafíos pendientes. El presidente Carlos Menem lo indultó en 1990, pero dos décadas después la Corte Suprema de Justicia declaró nula esa decisión. En mayo de 2010, Videla fue condenado a reclusión perpetua por los delitos de homicidio y tormentos contra personas detenidas en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba, y a cincuenta años de prisión por la sustracción, retención y ocultamiento de menores. Pero ninguna de estas condenas estaba firme. La de la UP1 de Córdoba había sido ratificada en junio de 2012 por la Cámara de Casación pero estaba pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia. Por el plan sistemático de sustracción de hijos de detenidos-desaparecidos lo condenó un Tribunal de Juicio, pero ese fallo no fue tratado por las instancias superiores. Además estaba procesado en otras nueve causas, por delitos cometidos en distintos campos de concentración del Cuerpo de Ejército I, y en la Capital Federal, Santiago del Estero, Bahía Blanca, Campo de Mayo, Santa Fe, La Rioja, Chubut y Córdoba. La más adelantada era la del Plan Cóndor, en la cual el martes último se negó a declarar. Del resto, estaba procesado en tres pero la causa aún no había sido elevada a juicio. En otras tres luego de la elevación a juicio faltaba la apertura del debate oral. Hasta el viernes, esta no ha sido la excepción, sino la regla. Del total de causas abiertas más de la mitad no han pasado de la etapa de instrucción y sólo una cuarta parte ha llegado a una sentencia. Pero el 59 por ciento de esas sentencias son de primera instancia, 24 por ciento han sido confirmadas en segunda instancia, 2 por ciento quedaron firmes porque no fueron apeladas ante la Corte Suprema y sólo el 15 por ciento recibieron confirmación del máximo tribunal, tan absorbido por la defensa de la libertad.
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