Lo hizo a través de un comunicado en donde también llama a las demás instituciones de la provincia a protegerla.
Hace días atrás se abrió nuevamente el debate sobre la modificación o no de la Ley 7722 que regula la actividad minera en la Provincia.
Los principales desencadenantes de la polémica fueron el insistente pedido de los empresarios envalentonadas por la aprobación de Hierro Indio y las declaraciones del gobernador electo Rodolfo Suarez, quien afirmó que esta ley “ha impedido las inversiones de empresas mineras”, y que es necesario cambiar la normativa.
En la Legislatura, tanto entre los radicales como entre los peronistas, hay legisladores que quieren dar luz verde a la modificación de la ley, aunque hay otros que oponen. Sin embargo, se podría lograr fácilmente el aval de para modificarla.
Frente a ello, grupos ambientalistas, vecinos en general y hasta el intendente de San Carlos y diputado electo, Jorge Difonso, han manifestado su preocupación ante la posibilidad del avance minero a partir de la modificación de la ley y ya piensan en algunas acciones para llevar a cabo; en el caso de Difonso, plantear la inconstitucionalidad de cualquier modificatoria.
En esta oportunidad, quien reafirmó su defensa a la 7722, llamó a las demás instituciones de la provincia a protegerla y se declaró en estado de alerta y movilización, fue la Sociedad Rural del Valle de Uco.
Comunicado completo
Nada impide que una vez modificada esta Ley las empresas mineras vengan al Valle de Uco a querer explotar el oro y la plata que hay en nuestra cordillera. Los métodos que plantean utilizar siempre contaminan, los casos de las provincias vecinas así lo indican. Y son escasos los recursos que dejan para el desarrollo de las regiones: es una actividad saqueante.
Frente a los transcendidos de la prensa acerca de un avance del lobby minero -con la complicidad del kirchnerismo, el partido justicialista y el radicalismo- de que se avanzaría en modificar (previa a su anulación definitiva) la ley 7722, la Sociedad Rural del Valle de Uco expresa su repudio y la necesidad de estar alertas todas las organizaciones que representan al pueblo del Valle de Uco.
Está de más aclarar que hay algunas excepciones honorables dentro de los legisladores, pero que no podrían torcer una votación, de tratarse un proyecto que todavía no sabemos cuál es. Nos parece una falta de respeto y un desprecio total al ciudadano que participó en la última elección. Tanto Anabel F. Sagasti (candidata del PJ) como Rodolfo Suarez (gobernador electo) dijeron que iban a respetar el consenso social de cuidar y proteger nuestros recursos y nuestro medioambiente. A nuestros representantes les recordamos que la Ley 7722, es un ejemplo en el mundo, que fue ratificada por la Corte Suprema provincial el año pasado.
La megaminería metalífera tiene dos problemas: el uso del agua y la contaminación que no puede evitar. Por ello tenemos dos razones taxativas para oponernos a estos emprendimientos: por un lado, toda la información emanada del Departamento General de Irrigación y de otros organismos vinculados al agua hablan de crisis hídrica, es decir no hay agua para la minería. Y por otro lado, el método industrial a cielo abierto (lixiviación) genera contaminación derivado en arsénico en las fuentes de agua.
Generar una industria de estas características sobre las cabeceras de nuestras cuencas hídricas es declarar la diáspora de la producción primaria. No sabemos cuál es la parte que no entiende la corporación política que a toda costa necesita el fondeo de la minería contaminante.
Estamos siendo traicionados por nuestros representantes que saben bien que la megamineria metalífera no deja recursos económicos. Al parecer, a la matriz política pro-contaminante no se le ocurre rescatar el modelo productivo que ya tiene instalado el territorio; el mundo sigue comprando vino, hortalizas, frutas, especies, aceite de oliva, etc., todo producido en Mendoza. La actividad productiva está en crisis porque no hubo una correcta regulación y fue siendo perjudicada por malas políticas para las economías regionales, por permitir la concentración económica destruyendo al productor genuino. Entonces como el gasto público crece, hace falta más recaudación; no importa si se recauda perjudicando a un diseño productivo que construyó esta provincia.
La reconversión de la actividad primaria se obtendrá a partir de la incorporación de mayor tecnología y una estrategia en los mercados sosteniendo al productor en el territorio. Pero para esto se necesitan políticos inteligentes, honestos y que cumplan sus palabras expresadas antes de las elecciones.
La Sociedad Rural de Valle de Uco llama a la Cámara de Comercio de Tunuyán, a la Cámara de Comercio de Tupungato, a la Federación de Cámaras Vitícola de la Provincia de Mendoza, a la Cámara de Comercio de San Rafael, a la Cámara de Comercio de Alvear, a la Sociedad Rural de San Rafael, a los productores Oasis Sur de Real del Padre, y demás entidades agropecuaria ligadas a la producción adherir a la consigna de no modificación de la LEY 7722.
Solicitamos que todos los candidatos electos se expidan sobre este tema, si están a favor o en contra de la ley 7722.
Ante los productores y a la población en general, nos declaramos en este momento en ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN hasta que las nuevas autoridades se expidan públicamente sobre este tema.