El inicio se fue demorando hasta que los distintos bloques acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta mañana.
El inicio de la sesión de Diputados, en la que se iba a presentar sobre tablas el proyecto del Ejecutivo provincial para generar un fondo anticíclico vitivinícola se fue demorando hasta que se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana jueves a las 11.
El proyecto propone destinar $ 1.000 millones por año, durante cuatro años, a acciones que permitan estabilizar el sector vitivinícola. El viernes pasado, el gobernador Alfredo Cornejo se reunió con representantes de diversas cámaras para instarlos a que lograran el acompañamiento de la oposición, lo que generó que el lunes estas fuerzas políticas presentaran sus propias propuestas para resolver la crisis de la vitivinicultura.
Desde las fuerzas opositoras han adelantado que no van a aprobar el proyecto tal cual lo presentó el oficialismo, aunque sí darían aval para que se trate sin pasar previamente por comisiones, para lo que se necesitan los dos tercios de los votos de los integrantes de la cámara.
Si bien manifiestan que comparten la necesidad de implementar medidas para resolver la crisis de la vitivinicultura, en especial la existencia de excedentes vínicos -que rondarían los 300 millones de litros-, el modo de afrontarlo es diferente. Particularmente se oponen al endeudamiento que se prevé para financiar este fondo anticíclico y solicitan, en cambio, que se destinen partidas que, aseguran, habría disponibles como saldos favorables.
También hay diputados que han manifestado su preocupación por el modo de instrumentar este fondo, de modo de que beneficie a los pequeños productores y no a quienes especulan con el precio de la uva.
La propuesta oficial
El proyecto del oficialismo tiene como objetivo “estabilizar el mercado de productos vitivinícolas, para darle mayor previsibilidad a toda la cadena de valor, a través de una política anticíclica que mantenga acotados los stocks vínicos”. Para ello, autoriza al Ejecutivo a tomar crédito por mil millones de pesos por cada año de duración ($ 4 mil millones de pesos en total).
La autoridad de aplicación del programa es el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, que será “el encargado de definir anualmente las acciones de intervención y los recursos que se asignarán para su ejecución”. Esto, a través de fideicomisos administrados por Mendoza Fiduciaria SA, de la capitalización del Fondo para la Transformación (FTyC), de destinar recursos a la Fundación ProMendoza y de otras herramientas financieras que sean convenientes según la situación del sector.
Asimismo, el proyecto establece un crédito fiscal para los exportadores de vino a granel genérico o varietal para el pago de Ingresos Brutos. El certificado podrá utilizarse dentro de los dos años a partir de la entrada en vigencia de la ley y será transferible.
Fuente: Los Andes