La entidad apeló la decisión de un juez que se declaró incompetente para dirimir sobre un amparo que busca declarar la inconstitucional del decreto que habilita la venta de las tierras ubicadas en Campo Los Andes.
Se suma un nuevo pedido, al que ya formularon los pobladores, para que sea la Justicia Federal en Mendoza la que resuelva los amparos presentados contra el decreto que permite la venta de tierras en La Remonta, Tunuyán. Ahora es la fundación Pedemonte la que apeló la decisión de un juez, que también se declaró incompetente para dirimir sobre la cuestión.
“Somos una organización que cuenta con escaso financiamiento y esta medida nos está negando el acceso a la Justicia”, se quejó Brenda Junín, titular de la Fundación, quien señaló que toda la información y las tierras en conflicto se encuentran en la Provincia, por lo que debe llevarse acabo aquí el juicio.
Sucede que el pasado miércoles 7 de junio, el titular del Juzgado Federal N2 Marcelo Garnica se declaró incompente para resolver el amparo, presentado por la organización -el 26 de abril- para declarar “anticonstitucional” el decreto presidencial 225/2017 que habilita a la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) a sacar a venta unas 7 mil hectáreas del Ejército Argentino que pertenecen al establecimiento Campo Los Andes. El mismo magistrado tomó igual postura, frente al amparo que presentaron los propios habitantes de Campo Los Andes, patrocinados por Fernando Armagnague.
En igual sentido, Pedemonte también apeló la decisión del juez, con una presentación que realizó el viernes pasado. “¿Cuál sería el sentido, entonces, de tener tribunales federales en las provincias? Para qué descentralizar el sistema Judicial Federal, sino es para resolver cómo afectan las medidas de orden nacional en lo local»?”, preguntó Junín. En representación de la Fundación, la letrada Marisa Uceda, apeló la medida de Garnica y solicitó que el proceso siga en territorio provincial. Creen que la resolución de la apelación podría estar en estos días.
La acción de amparo de la Fundación Pedemonte sostiene la “anticonstitucionalidad” del decreto 225/17, porque argumenta la venta de estas tierras debería haber sido resuelta por el Congreso Nacional, pues “las mismas constituyen un bien del Estado de dominio público, no privado como señala el gobierno nacional”.
Fuente: Los Andes