Un instructivo de actuación judicial que une las herramientas de investigación criminal con las características de los femicidios, fue analizado por especialistas para validar el Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres elaborado por Naciones Unidas (ONU).
En un encuentro realizado este mes en Panamá, expertos de 15 países iberoamericanos, entre ellos Argentina, realizaron aportes para validar una herramienta considerada «revolucionaria» por el médico forense español Miguel Lorente, uno de los expertos convocados.
El profesional es profesor de medicina legal en la Universidad de Granada y fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género en el Ministerio de Igualdad durante la presidencia de José Luis Rodriguez Zapatero.
«Es el primer instrumento que aporta a la investigación criminal, las características específicas de los femicidios», explicó a Télam el especialista.
Esto significa que, además de preservar una escena de crimen, tomar muestras, fotos y recoger materiales sin contaminar, cuando hay sospechas de femicidio «hay que tener en cuenta cómo se la mató y los hechos de contexto anteriores», explicó el médico.
En estos casos «hay que considerar lo que dice el cuerpo, la escena del crimen y el relato de cómo era la vida de esa mujer, que posibilitan el diagnóstico de femicidio», agregó.
Por su parte, la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Moni Pizani, lo definió como «un instrumento técnico y práctico destinado a ofrecer a los funcionarios judiciales, fiscales y policía directrices para la investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género».
La funcionaría resaltó en diálogo con Télam que el protocolo «es flexible y adaptable a cada país y región, Estados que así avanzarán en las obligaciones internacionales suscriptas».
Además, consideró que a este instrumento «debe sumarse el cambio cultural que nos permita superar los esquemas patriarcales y discriminatorios que todavía prevalecen en el sistema de justicia y están en la base de los altos índices de impunidad que presenciamos hoy en día”.
Pisani recordó que «sólo se castiga el 10% de los femicidios» en la región, índice que «tiene que ver con la demora en el inicio de las investigaciones, la inactividad de los expedientes, las negligencias e irregularidades en la recolección y práctica de las pruebas y en la identificación de las víctimas y responsables».
El protocolo también contempla estrategias para colaborar con las sobrevivientes de ataques violentos por razones de género y con los familiares de las víctimas durante el proceso judicial.
El instructivo para actuaciones judiciales ante femicidios «intenta ser ágil, accesible, sencillo, con una estructura amigable, que permita ponerlo en práctica, considerando las experiencias de las mujeres», reseñó a Télam Raquel Asencio a cargo del área de Género de la Defensoria General de la Nación, representante argentina en la reunión de validación.
Quienes validaron el protocolo, concluyeron que es necesario «adaptarlo» a los contextos jurídicos y sociales de cada país, «capacitar de manera constante» a las operadoras y operadores de justicia y «brindar» un seguimiento permanente a su uso.
Subrayaron también la importancia de que el «aparato judicial trabaje de la mano de otras instancias del Estado, la sociedad civil y los medios de comunicación para favorecer una cultura de respeto por los derechos humanos y la igualdad de género».
El documento fue elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y ONU Mujeres, en el marco de la Campaña del secretario general de las Naciones Unidas, UNETE, para poner fin a la violencia contra las mujeres.