En 2015, se comenzó a realizar un estudio para determinar las tallas promedio de los argentinos, pero el año pasado el Gobierno decidió suspender la medición. Un reclamo en las redes sociales viralizó el problema otra vez.
Pese a ser pionera en la aprobación de una ley destinada a garantizar que todos los mendocinos puedan contar con un amplio stock de talles al momento de comprar su ropa, nuestra provincia tiene una deuda pendiente. Es que si bien la normativa (N° 8579) contó con el visto bueno de la Legislatura en julio de 2013, nunca fue reglamentada.
Ocurrió que uno de los puntos fuertes de la medida antes de comenzar a ser aplicada en la realidad consistía en realizar un estudio antropométrico de la población a nivel nacional, con el objetivo de determinar las tallas promedio de los argentinos.
Así, el proyecto -que se inició en 2015 en Mendoza- implicó la recolección de estadísticas sobre las dimensiones del cuerpo de hombres, mujeres y niños de todo el país. De este modo, las personas que se sumaron a la iniciativa de ser “medidos” con un escáner tendrían la posibilidad de obtener un detalle pormenorizado de su altura, peso, largo de brazos y piernas y contorno de caderas, brazos y glúteos, entre otros detalles físicos.
Lo cierto es que este estudio ergonómico, que estuvo a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Ministerio de Agroindustria y Tecnología y la Dirección de Industria y Comercio, nunca se concluyó. El motivo: el año pasado, el gobierno nacional decidió suspender la medición y por lo tanto, esta “base” que iba a ser utilizada como referencia para que las fábricas de ropa adaptaran los talles a la fisonomía nacional quedó trunca.
Una problemática a nivel nacional
En ese contexto, las quejas por parte de la población que cuenta con tallas más grandes es recurrente en locales de ropa. Sin embargo, ayer el tema volvió a quedar al descubierto cuando Brenda Mato (26), una joven modelo “plus size”, decidió publicar su reclamo a través de un video en las redes sociales que se volvió viral en cuestión de horas.
“No tengo qué ponerme”, escribió Brenda en un papel que ubicó sobre su cuerpo desnudo. La imagen estuvo acompañada de un contundente mensaje que apunta a concientizar a las autoridades, a los fabricantes de ropa y a la población en general acerca de las situaciones injustas a las que se ven sometidas las personas de talla más grande.
“Hoy tuve la malísima idea de acercarme al shopping Alto Avellaneda para intentar aprovechar las rebajas. Digo malísima porque no solo perdí mi tiempo, sino también mi ánimo. Estoy harta, enojada, llena de impotencia y súper triste”, escribió la joven en la reflexión con la que acompañó su foto en la red Instagram y en la cual pide “una ley de talles nacional ya”.
En realidad, la necesidad de implusar medidas para que todas las personas cuenten con variedad de talles y modelos sin tener que “hacer milagros” para conseguirlos o bien, mandar a coser sus prendas de manera exclusiva, se ha manifestado en Mendoza desde hace mucho tiempo.
Mario Vadillo, de la Asociación Protectora -dedicada a defender los derechos del consumidor- contó que en 2009 iniciaron la primera acción judicial en contra de una casa de ropa para niñas y adolescentes, cuyos talles eran en extremo pequeños en relación con los estimados.
En ese momento el llamado de atención fue una carta documento, pero el hecho sentó un precedente sobre todo porque el público apuntado eran personas en edad de crecimiento. “Allí entendimos cómo las empresas trabajan con rangos de talles pequeños y a edades tempranas van excluyendo a los chicos y chicas que no caben en su estandar”, analizó Vadillo.
Desde su punto de vista, el hecho de que los talles de ropa estén limitados para un público con determinados parámetros físicos está íntimamente ligado a la discriminación.
“Venden ropa a modelos ajustados a esa figura; por lo tanto dejan fuera a la población que sí quisiera comprar la marca y no la puede usar”, dijo el abogado y puntualizó que esta modalidad de venta pasa por alto leyes como la de Defensa al Consumidor -que establece un trato digno hacia el cliente-, la Ley de Obesidad y la de Lealtad Comercial.
Que haya un control eficiente, que los consumidores se manifiesten ante situaciones injustas, que se labren multas y que exista un gobierno más activo a la hora de hacer cumplir lo establecido, también se plantean como necesidades urgentes. En ese sentido, Daniel Di Giuseppe, delegado en Mendoza del Inadi, destacó que para el organismo este será un tema de agenda a nivel nacional durante el año en curso. “Recibimos mails y llamadas a diario por este tema”, afirmó.
También explicó que las políticas para que haya talles para todas las contexturas físicas tienen que ser implementadas a nivel nacional porque de hecho, la mayoría de las fábricas textiles están en Buenos Aires.
Fuente: Los Andes