El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a la vicepresidenta Gabriela Michetti para determinar el origen de los 245 mil pesos y 50 mil dólares que le robaron de su casa el día del balotaje y que el Gobierno había intentado ocultar.
«De acuerdo a los términos de la denuncia que origina la presente, resultaría imputada prima facie la licenciada Gabriela Michetti, vicepresidente de la Nación», consideró Marijuan en el dictamen.
El informe -que ya lo tiene el juez del caso, Ariel Lijo- aclara, además, que ello es «sin perjuicio de que nuevos elementos probatorios permitan individualizar a otros presuntos responsables de los hechos aquí develados».
Marijuan dictaminó a favor de abrir una investigación a partir de dos denuncias: la del abogado Leonardo Martínez Herrero y la de los diputados nacionales por el FpV, Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade.
En las denuncias se pidió investigar si la titular del Senado incurrió en algún delito en torno al dinero robado de su casa el 22 de noviembre de 2015, hecho por el cual fue procesado un custodio de la entonces vicepresidenta electa y senadora nacional.
Además, solicitaron establecer si el dinero estaba declarado y corroborar si 200 mil pesos provinieron de una donación recibida por la fundación SUMA, presidida por la funcionaria, como ella explicó.
El macrismo intentó ocultar el robo de dinero, pero una vez publicada una nota del diario Tiempo Argentino, Michetti explicó que los 50 mil dólares fueron un préstamo que su pareja, el escritor Juan Tonelli, le dio a su hijo Lautaro para que curse un posgrado, mientras que el dinero en pesos eran donaciones para la cena anual de la fundación Suma, que ella misma preside.
Cabe recordar que el robo ocurrió en pleno cepo cambiario, cuando la compra de dólares para particulares estaba limitado. El préstamo de su pareja figuraba en la última declaración jurada, que cerró al 31 de diciembre de 2015.
Otros casos
Gabriela Michetti cuando estuvo en enero de este año en Chile y Ecuador, su comitiva perdió una valija con alhajas, que apareció poco después en la Aduana. En ese momento, se informó que eran regalos recibidos en el viaje. Pasado el primer disgusto, llegó el segundo.
El diputado Juan Carlos Díaz Roig presentó un pedido de informes al Ejecutivo. Allí se afirma que las joyas no fueron transportadas ni registradas adecuadamente como para cumplir con el “Régimen de obsequios a funcionarios públicos” de la Ley 25.188.
Fuente: En Orsai