Por Por Diego Rodríguez, Carlos Luciani, Patricia Centurión, Gerardo Gristein
Mucho se habla hoy en día sobre la transformación de la Justicia, y desde el Partido Humanista le damos la bienvenida al debate, porque la institución judicial es uno de los poderes que menos se han revisado y actualizado desde su creación, hasta el punto de tener todavía hoy ceremoniales arcaicos (inclusive el tratamiento de “Su Señoría” proviene de otras épocas de privilegios).
Antes de meternos de lleno con el tema, haremos una pequeña digresión para hablar de los pilares fundamentales de la democracia, que son la independencia entre poderes, la representatividad, y el respeto de las minorías. Estos pilares hoy están totalmente viciados y vacíos, y por eso a la situación actual la llamamos “democracia formal”, es decir que es una democracia sólo en las formas.
La representatividad, bien expresada en la Constitución en la frase “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”, se ha perdido enteramente, al vaciarse de propuestas las campañas políticas en favor del slogan, y sobre todo al no haber manera de controlar al representante.
Se suele aducir que si un representante no cumple con sus representados, en el próximo ciclo de elecciones se lo castigará con el voto, pero ¿mientras tanto? Mientras tanto el representante hace lo que le parece y no hay herramientas para impedirlo. Si bien consideramos que la democracia formal ya no se corresponde con las necesidades del ser humano en esta época histórica, tenemos como propuesta la ley de responsabilidad política para recuperar la representatividad. La ley de responsabilidad política propone que cada aspirante a un cargo electivo presente un completo programa de lo que hará y si luego no cumple con lo prometido puede ser removido por esa causa a través de un referéndum revocatorio. También debería existir la posibilidad de referéndum revocatorio para todos los cargos electivos. Si bien esto existe en las constituciones de algunas provincias, no está contemplado en la Constitución Nacional.
La segunda pata de la democracia formal, que es la “independencia de poderes”, también es sólo declamativa. Si se revisa de qué manera se eligen los funcionarios del Poder Judicial, se verá que están extensamente interconectados e interdependientes con los otros poderes.
En principio, los jueces eran electos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Luego, con la reforma constitucional del ’94, en aras de otorgar un poco más de transparencia, se creó el Consejo de la Magistratura, que sería el encargado de confeccionar las ternas de jueces para proponerlas al Ejecutivo y al Senado, que siguen teniendo la última palabra sobre quién se transforma en juez o no.
Por todo lo dicho, los humanistas afirmamos que el Consejo de la Magistratura es sólo un parche para intentar maquillar un poco la dependencia del Poder Judicial de los otros dos poderes, y decimos claramente que los jueces deberían ser electos por voto popular.
Habrá muchas objeciones, seguramente muchas serán atendibles, pero no existe impedimento alguno para no elegir a los jueces como a los demás funcionarios. La idoneidad técnica estará asegurada por pruebas orales y escritas (tales como existen hoy en el Consejo de la Magistratura) previas a la presentación de la candidatura y también a través de la creación de la carrera judicial, en la cual hay una serie de hitos para ir ganando experiencia, desde recibirse como abogado hasta llegar a juez.
Con respecto a las leyes que se han presentado para la democratización de la Justicia, algunas son interesantes, como la creación de nuevas cámaras de casación, la informatización de los juzgados, el requisito ético de no haber participado institucionalmente en la dictadura militar y el ingreso por concurso del personal de juzgado; y las apoyamos plenamente. Otras, como la limitación de las cautelares, se entienden en la coyuntura actual de cautelares eternas, pero son preocupantes porque el ciudadano queda semidesprotegido ante el Estado.
La ley de reforma del Consejo de la Magistratura, sin embargo, tiende a concentrar el poder en quien resulte ganador de las elecciones, y eso supondrá un retroceso aun para la democracia formal. Además, eso nos parece una tendencia contraria a la descentralización del poder que proponemos los humanistas.
En una democracia real debe darse a las minorías las garantías que merece su representatividad pero, además, debe extremarse toda medida que favorezca en la práctica su inserción y desarrollo. Sin embargo, con esta ley se estaría eliminando la posibilidad de las minorías a expresarse, porque no pueden cumplir los exigentes requisitos para presentarse a elección. Tampoco se puede postular cualquier persona libremente, sino que tiene que hacerlo desde una agrupación política.
Se necesita desconcentrar, descomprimir poder, bajarlo a la base social y no acumularlo en una sola persona o partido, por más que ésta parezca la única forma de enfrentar a los poderes económicos concentrados. Se ha demostrado que sólo el pueblo organizado puede hacerles frente y no una minoría con la suma del poder público.
Nosotros proponemos: la elección directa de jueces y comisarios; ley de responsabilidad política, que implica revocatoria de mandato para todas las autoridades electas que no cumplan con lo prometido en la campaña electoral; mecanismos de consulta popular e iniciativa popular. Estas propuestas son complementarias y no pueden ir separadas. También serían una revolución en sí mismas, pues su implementación indicaría un cambio de conciencia de las personas y por ende del Estado.
Desde el Partido Humanista queremos transmitir la certeza de que esta manera actual de organización será superada en su momento por la democracia real, en la cual las decisiones se tomarán desde la base social, informada y comprometida. Los elementos para implementarlo ya existen, sólo falta superar la última barrera, que es cultural, y así dejará de parecer una utopía para volverse una aspiración y luego una realidad. Y no será la primera vez.
FUENTE: Página 12