Los pobladores del lugar denunciaron que el sitio fue utilizado por los militares para enterrar víctimas del último golpe de estado.
La Fiscalía General de la Justicia Federal de Mendoza busca a desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983) cuyos restos habrían sido sepultados de forma clandestina en las tierras del Ejército Argentino ubicadas en La Remonta, en el Valle de Uco.
La novedad, que no dejó de sorprender, fue confirmada por el abogado Marcelo Romano, representante legal de uno de los demandantes del amparo judicial que busca frenar la venta de esas tierras.
Romano contó a radio Nihuil que «hace un par de meses con el doctor Leonardo Salvini –también abogado e hijo del recientemente fallecido ex juez de la Suprema Corte local Herman Salvini– nos apersonamos y subimos hasta los puestos del señor Guillermo Gómez porque había requerido nuestro asesoramiento legal».
«Fue allí –continuó– que nos contó junto con otros puesteros que ellos, en la época de la dictadura militar, fueron testigos de cómo se procedió a enterrar cuerpos en esa zona por parte del Ejército».
Señaló que «expusimos esto en la Secretaría de Derechos Humanos de la Justicia federal que depende del fiscal general Dante Vega, y ellos empezaron a reunir estos datos con otros que tenían de épocas pasadas para dar con un presunto enterratorio clandestino de esos tiempos».
Romano puntualizó que «ya se hizo una primera búsqueda por parte de la Justicia federal que no arrojó resultados».
Sin embargo, adelantó que «ahora volverán a subir otra vez a La Remonta, pero irán más arriba. Se está hablando de distintos sitios, de zonas que han sido dinamitadas porque el Ejército así práctica con explosivos».
El abogado explicó que apenas los puesteros le relataron estos testimonios «nosotros nos vimos obligados a hacer la denuncia a la Justicia federal, que ya está haciendo su trabajo».
De hallarse restos de desaparecidos en La Remonta serían los primeros prácticamente en ser ubicados en la provincia y sobre todo en un predio militar.
De resultar así, a juzgar por el propio Romano, «quedarían impedidas de ser subastadas las 78 parcelas que el Gobierno nacional ya dividió y que piensa ofrecer a un valor de piso de U$S30.000 por pacerla».
Semejante hallazgo pondría todo el predio bajo el paraguas de las leyes que protegen y preservan espacios donde se cometieron delitos de lesa humanidad.
Fuente: Diario Uno por Alejandro Gamero