También quedó imputado Oscar Aguad. Es por el convenio con el Correo Argentino, por el cual el Estado pretende perdonar una deuda de más de $70 mil millones a una empresa de Franco Macri.
El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó hoy al presidente Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por delitos que habrían ocurrido en el marco del acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado durante el concurso preventivo de la firma, propiedad de la familia del titular del Ejecutivo.
Oscar Aguad, en junio pasado, en representación del Estado, alcanzó un acuerdo con la firma del grupo Macri, que entre 1997 y 2003 tuvo a su cargo la administración del servicio de correo oficial.
Zoni impulsó así, ante el juez federal Ariel Lijo, la acción penal a raíz de dos de las denuncias que llegaron a Comodoro Py 2002: una impulsada de un abogado particular y otra promovida por la agrupación Nuevo Encuentro, del kirchnerista Martín Sabatella.
Hay otras tres denuncias: dos de otro abogado y del kirchnerismo que recayeron en el juez Rodolfo Canicoba Corral y otra que hizo la Procuración de Investigaciones Adminsitrativas (PIA), ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Tras el anuncio, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) informó que dispuso la apertura de un sumario administrativo «destinado a esclarecer los hechos denunciados en relación a los autos Correo Argentino SA» y a «establecer las responsabilidades administrativas que pudieren corresponder y recomendar, en su caso, las medidas y sanciones que resulten pertinentes».
El pasado 9 de febrero, Macri le perdonó a su propia familia más de 70.000 millones de pesos correspondientes a la deuda de Correo Argentino con el Estado, que llevaba más de 15 años varada en los tribunales a la espera de una resolución.
Anteriormente el Estado había rechazado las propuestas de pago del Grupo Macri por considerarlas abusivas, pero ahora fue el propio Macri quien condonó las deudas de su propia familia, aceptando como mandatario una quita del 98,82% de la deuda, es decir, casi todo, al tiempo que les adjudicó un tiempo de pago para el porcentaje restante excesivo, hasta 2033.
Fuente: El sol online; el Economista